Ni las víctimas ni los magistrados de la JEP entienden por qué la Unidad para las Víctimas pidió la nulidad de todo el expediente de las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para la protección de 17 sitios donde podrían estar inhumados sus seres queridos desaparecidos.
La JEP se negó a la solicitud de la Unidad, pero quedó el ambiente enrarecido, porque una entidad que debería velar por la garantía de los derechos de los afectados en el conflicto, pidió una medida “lesiva” y “revictimizante” para ellos.
“La Unidad desconoció lo que esos trámites de medidas cautelares han significado para las víctimas”, dijo Sergio Arboleda, abogado del Movice.
Los informes que la JEP ha recabado de diferentes actores, con las audiencias públicas donde les ha dado un lugar de dignidad a las víctimas y con diferentes diligencias judiciales, el trámite de las medidas cautelares ha dado mucha claridad sobre lo que ocurrió durante el conflicto en los lugares más golpeados por la desaparición forzada como la Comuna 13 de Medellín, la zona de influencia de Hidroituango, Dabeiba (Antioquia) y San Onofre (Sucre).
El debate
La inconformidad de la Unidad nació de una orden dada por la JEP en la que debía incluir en el Plan de Reparación Colectiva del corregimiento La Libertad, en San Onofre, y unas medidas de reparación simbólica para dignificar a las víctimas en los cementerios San Onofre y Rincón del Mar, en el mismo municipio. En ambos camposantos se sospecha que fueron enterradas víctimas de desaparición forzada.
“Nuestra consideración es que es improcedente poder cumplir esa orden, ya que en el Plan de Reparación de La Libertad venimos trabajando de manera concertada y con la participación directa de las víctimas. Ese trabajo ha estado desde la verificación de los hechos, el diagnóstico del daño y la concertación de las medidas de reparación, que nada tienen que ver con los hechos que están bajo las medidas cautelares de la JEP”, explicó Vladimir Martín, director jurídico de la Unidad.
Sin embargo, la petición no se limitó a un numeral en el auto AI 011 de 2019 en que fue dictada esa orden, sino a la totalidad del expediente 2019340161400009E como conoció EL COLOMBIANO.
“La Unidad quería borrón y cuenta nueva, que nada de lo que se ha logrado en este año y medio tenga validez”, anotó Arboleda.
Los magistrados de la JEP Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli decidieron que la nulidad no procedía, ya que como la Unidad no es un sujeto procesal, no puede interponer este tipo de recursos, además ya habían pasado tres meses de la decisión cuando se radicó la petición.
“La solicitud de nulidad será negada, siendo menester acotar que también es causa de perplejidad la manifestación del representante de la Unidad en cuanto afirma la posible existencia de un ‘daño para la comunidad de Libertad’, pues como veremos, a contrario sensu (sic), la actuación se dirige al logro de mayores garantías para las víctimas”, se lee en el auto.
Aunque Martín dijo el martes en la tarde que la Unidad aún no había sido notificada por la JEP, este diario corroboró que el lunes fue acusado el recibido de la notificación a través de un correo electrónico.
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