Para Sandra Enciso, administradora agropecuaria que vive en Puerto Gaitán, Meta, no es claro por qué el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, pidió la expropiación del predio en el que está ubicada su finca.
Según una resolución que recibió recientemente, el terreno adquirido por su padre en 1974 es un baldío indebidamente ocupado.
“Somos llaneros ancestrales, para nosotros esta es nuestra propiedad privada, pagamos impuesto predial desde hace muchísimos años y la Caja Agraria nos ha prestado dinero para invertir en ese predio”, argumenta Enciso.
Como ella, hay cientos de casos en los Llanos Orientales, especialmente, y en el resto del país, donde el Incoder busca recuperar tres millones de hectáreas que habrían sido indebidamente apropiadas.
Proyecto de ley
La senadora del Centro Democrático, Nohora Tovar, radicó un proyecto de ley que busca “resolver la incertidumbre jurídica a legítimos ocupantes y/o poseedores a quienes no se les permite disponer de sus derechos adquiridos”.
De acuerdo con sus declaraciones, este proyecto de ley busca proteger a los “poseedores y ocupantes ancestrales de las tierras que, especialmente en los Llanos Orientales, se han visto afectados porque el Estado colombiano de manera arbitraria, ha impedido el perfeccionamiento del derecho de dominio, so pretexto de declararlas como recuperación de baldíos”, explicó la senadora Tovar.
Sin embargo, su iniciativa levantó ampollas en el interior del Gobierno, que definió el destino de esos baldíos para ejecutarlos en diferentes proyectos. Por ejemplo, en el Acuerdo con las Farc se comprometió a conformar un Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas en 10 años para “campesinos sin tierras o con tierras insuficientes y a las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono o el conflicto”, con el ánimo de promover la distribución equitativa de la tierra.
Ese Fondo se crearía, entre otros recursos, con tierras recuperadas a favor de la Nación.
Cuando la senadora Tovar radicó el proyecto, Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras, hizo público su descontento: “esta es la legalización del mayor despojo cometido contra las tierras de todos los colombianos”.
De acuerdo con Samper Strouss, el proyecto promovido por el Centro Democrático busca dejar sin efecto miles de procesos adelantados en su momento por el Incoder para recuperar los bienes de la Nación indebidamente ocupados o indebidamente adjudicados.
“Pero quizás lo más preocupante del proyecto es su expresa intención de reversar la recuperación de los baldíos, pues ello implica que los esfuerzos y los años invertidos por el Incoder para recuperar lo que les pertenece a todos los colombianos, se reversarían para borrar de un plumazo lo conseguido hasta el momento”, indicó el director de la Agencia
Ramiro Silva, director de la organización Dignillanos, quien fue llevado por la senadora Tovar a una rueda de prensa en Bogotá para justificar la importancia de su proyecto, remarcó que se organizaron porque el Incoder inició 3.000 procesos para recuperar baldíos, “pero con el argumento equivocado de que son baldíos del Estado las tierras que no tienen títulos”.
Inequidad histórica
Hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica presentará el informe “Tierras y conflictos rurales”, que através del estudio de series estadísticas de larga duración muestra el panorama del uso de la tierra en Colombia y evidencia cómo la tierra ha sido un factor clave en el conflicto armado. Tanto la distribución y tenencia como el despojo y el abandono han transformado la tierra y la ha convertido en campo de batalla (ver gráfico).
“Si bien el conflicto armado ha tenido un peso considerable en el campo colombiano, no se puede reducir la problemática agraria a los efectos del conflicto armado, pensamos que ha habido demasiado énfasis en el conflicto para explicar las causas del mismo, así como las consecuencias y aclarar la concentración de la tierra en los últimos años a partir del abandono y el despojo”, anotó Rocío Londoño, coordinadora de la investigación.
La académica agregó que “el país tiene un capital social apreciable para poner en práctica el acuerdo agrario del Gobierno con las Farc, lo que uno nota en el trabajo de campo y en los materiales consultados, es que a partir de la iniciación de los diálogos de paz hubo unas distensión política en el campo, que ha hecho que haya un renacimiento de las organizaciones sociales rurales”, lo que podría favorecer cerrar las brechas de inequidad.
El informe revela que el 40 % de la tierra registrada no tiene títulos, pero Alejandro Reyes, experto en el tema, aseguró que el 70 % de la tierra en Colombia no los posee o “son títulos que si se escarba bien, se va a encontrar una ilegalidad originaria a través de la cual se forman las cadenas de tradición de la tierra”.
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