Pocas veces un proceso judicial ha logrado lo que sí ha conseguido el caso del expresidente Álvaro Uribe: poner en sintonía a toda la maquinaria judicial para imprimirle máxima celeridad.
En una decisión sin precedentes recientes, la Rama Judicial ordenó suspender temporalmente el reparto de nuevas acciones de tutela a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para que sus tres magistrados se concentren exclusivamente en estudiar el recurso que busca tumbar la medida de aseguramiento impuesta al exmandatario tras ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria.
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La medida ordena suspender el reparto a los despachos 4, 11 y 13, integrados por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto. La suspensión estará vigente entre el 5 y el 20 de agosto.
“Para que los magistrados puedan asumir el conocimiento del proceso [...] sin que existan acciones de tutela en trámite, teniendo en cuenta la complejidad y la connotación nacional” del caso contra el exmandatario”, se lee en la decisión.
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Así, el Tribunal libera a estos magistrados de la carga habitual de tutelas para que puedan concentrarse únicamente en la revisión del recurso presentado por el equipo jurídico de Uribe, quien fue condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
En el recurso, el abogado Jaime Granados, sostiene que la sentencia de primera instancia vulneró derechos fundamentales del exmandatario, como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal.
La acción de tutela fue asignada para su estudio al despacho del magistrado Ramiro Riaño Riaño, sin embargo, en las últimas horas se declaró impedido al señalar que se configuran dos causales legales de conflicto de interés.
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El magistrado explicó que su compañera permanente fue nombrada fiscal en 2013 por Luis Eduardo Montealegre, hoy víctima reconocida en el proceso penal contra Uribe. Además, indicó que el mismo Montealegre lo denunció penalmente, lo que, en sus palabras, lo convierte en su “contraparte” dentro de un proceso judicial.
“Estimo la existencia de una tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales”, señaló el magistrado.
Riaño ya había sido apartado previamente de otras decisiones relacionadas con el caso Uribe por las mismas razones, incluso tras haber otorgado en febrero una medida provisional que suspendía el proceso penal, lo que generó una nueva denuncia en su contra por parte de Montealegre.
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