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La Corte Constitucional estableció una serie de lineamientos que deben ser tenidos en cuenta obligatoriamente cuando el Congreso busque modificar el sistema carcelario.
El Congreso deberá aplicar el “estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos”, cuando tramite proyectos de ley que incidan en la “formulación de la Política criminal para el sistema carcelario y penitenciario en el país”.
Lo mismo deben hacer el Gobierno, la Fiscalía, el Ministerio de Justica y la Presidencia cuando se adelanten dichas reformas y, el Congreso deberá contar con un concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal y ajustar posibles modificaciones a dicho sistema.
Por otro lado, la Corte dispuso que el Congreso,...