Las noticias relacionadas con la Nueva EPS no han sido las mejores. El número de tutelas sin responder, el aumento de quejas, la falta de acceso a medicamentos y, recientemente, la muerte de Kevin Acosta tienen los ojos de la opinión pública encima de esa aseguradora.
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Así las cosas, la Superintendencia de Salud instaló el pasado 11 de febrero de 2026 el Seguimiento Permanente a esa EPS. Se trata de un mecanismo de control técnico semanal y obligatorio para supervisar continuamente su operación mediante un proceso de seguimiento a la medida cautelar.
Ese espacio está conformado por las delegadas de la superintendente ad hoc para Nueva EPS, la contralora designada para la intervención forzosa administrativa, su agente interventor y su equipo directivo y tiene como objetivo identificar, priorizar y corregir las alertas críticas detectadas en los territorios donde opera.
Este seguimiento se fundamenta en el análisis de información verificable, lo que permite clasificar los riesgos según su nivel de criticidad, definir planes de choque de ejecución inmediata y realizar verificación semanal de su cumplimiento.
Según informó la Supresalud, se han realizado dos sesiones formales de seguimiento —el 11 y 18 de febrero de 2026—, en donde habrían tenido resultados en evaluación al cumplimiento de la medida.
Vale recordar que estas acciones se dan en desarrollo de la medida cautelar de cesación provisional orientada a detener conductas que ponen en riesgo la vida, la integridad física de los pacientes y el adecuado uso de los recursos del sistema de salud.
El propósito de esto, dice la entidad, es proteger los derechos de más de once millones de afiliados, asegurar la estabilización de la red de prestadores mediante un control del flujo de recursos y fortalecer la articulación de todos los actores.
Durante la última semana, la Nueva EPS y el gobierno del presidente Gustavo Petro (que maneja esa aseguradora) fue objeto de duras críticas por la muerte del niño Kevin Acosta, de 7 años, que no recibió a tiempo el medicamento que requería para la hemofilia que padecía y murió luego de sufrir un accidente en su bicicleta.
En los casi dos años que lleva intervenida, esa EPS ha tenido cinco interventores y, según la Defensoría del Pueblo, tiene 120.000 tutelas represadas que no han sido revisadas. El pasado 20 de febrero un juez ordenó el arresto del agente interventor, Luis Óscar Galves Mateus, por el incumplimiento de una tutela que exigía la práctica inmediata de un procedimiento cardíaco a una paciente en Medellín.
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