La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa de trabajo interinstitucional para este martes con el objetivo de hacer seguimiento al proyecto del Barco Hospital del Amazonas, que pretende llevar atención médica a comunidades remotas de esa región. Al encuentro asistirán representantes de las tres entidades responsables de ejecutar el proyecto —Ministerio de Salud, Hospital San Rafael de Leticia y Armada Nacional—, cuyo contrato asciende a $55.000 millones.
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El órgano de control explicó que el propósito de esta jornada es verificar los avances del proyecto, identificar posibles dificultades técnicas o administrativas y promover soluciones coordinadas entre las instituciones involucradas.
El Barco Hospital del Amazonas es una iniciativa de impacto social del sector salud del Gobierno que busca aumentar la cobertura en zonas de difícil acceso mediante una unidad flotante equipada para prestar servicios médicos a comunidades ribereñas.
El Ministerio Público señaló que la reunión busca asegurar que los recursos públicos se utilicen de forma adecuada y que se garantice el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Durante la mesa se espera conocer los cronogramas, el estado contractual y la capacidad operativa de las entidades responsables.
La investigación contra la superintendente delegada Beatriz Gómez
Esta reunión se realizará de forma paralela a la investigación disciplinaria que la Procuraduría adelanta contra Beatriz Gómez, la superintendente delegada para prestadores de salud y esposa del ministro Guillermo Jaramillo. Gómez es señalada por presuntamente ejercer presiones indebidas sobre funcionarios de esa entidad para que firmaran el contrato del Barco Hospital. En el proceso se evalúan audios y videos que, según fuentes del Ministerio Público, harían parte del material probatorio que sustenta la indagación por presunto abuso de poder.
Uno de los fragmentos del audio divulgado registra la siguiente frase: “Usted decide, que quede firmado hoy o me pasa la renuncia”, atribuida a Gómez durante una conversación telefónica con Lina Baracaldo, entonces agente interventora del hospital, y Mario Castro, asesor jurídico de la entidad.
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El contrato en cuestión, por más de $73.000 millones de pesos, busca la construcción y operación de un buque hospital para atender a comunidades del Amazonas. Inicialmente, el proyecto fue estimado en $55.000 millones, pero luego se ajustó el valor por el aumento en el precio del acero y otros costos logísticos.
Sobre estas denuncias, este lunes la representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló que Gómez incurrió, presuntamente, en una falta disciplinaria gravísima por su actuación sobre el señalado contrato. La congresista reveló un documento que muestra que la superintendente delegada presentó un impedimento, el 14 de marzo de 2024, que aplica para las E.S.E. (empresa social del Estado) Hospital San Rafael de Leticia para “actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social”.
En ese sentido, la Procuraduría indicó que los aspectos disciplinarios serán tramitados de manera independiente a la mesa técnica, la cual está centrada en el cumplimiento del proyecto y en garantizar que este responda a las necesidades de la población amazónica.
El contrato para la construcción del Barco Hospital ha estado en el centro de la controversia desde que se conocieron las denuncias contra la superintendente Gómez. Por este motivo, la entidad anunció que la revisión será rigurosa y técnica, con énfasis en la legalidad de la contratación y la idoneidad de los oferentes.
Se espera que, tras la mesa de trabajo, se consolide un informe preventivo que recoja las conclusiones y recomendaciones para evitar riesgos en la ejecución del proyecto.
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