La Corte Constitucional protegió los derechos a la salud y la vida de dos migrantes venezolanos irregulares que fueron diagnosticados con enfermedades de alto costo, las cuales no pudieron ser atendidas en su país ante la crisis económica y social, por lo que la responsabilidad ahora quedó en manos del Estado colombiano.
Para el alto tribunal estas decisiones se dan en el marco de la realización progresiva de la garantía del derecho a la salud de la población migrante del vecino país, cuestión que obliga al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes para avanzar lo más pronto posible en este objetivo.
El primero de los casos es el de Natty Yeraldín Sanguino, de 34 años de edad, quien salió de su país dejando a sus cinco hijos debido a la...