Los embargos por orden judicial tienen contra las cuerdas a la Nueva EPS. La aseguradora advirtió que, con sus decisiones, cuatro juzgados del país los incrementaron a una cifra que compromete su operación. Recientemente, la Superintendencia de Salud publicó un concepto que establece que los recursos del sistema son inembargables.
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La entidad aseguró que la cifra de embargos en su contra alcanzó los $887.000 millones en noviembre de 2025 y que los fallos de esas corporaciones judiciales la incrementaron a $2,12 billones, que están comprometiendo toda su operación.
Según expuso, esa compañía actualmente tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación. Esto les está generando que solo estén contando con el giro directo que llega cada semana para postulación hacia los hospitales y clínicas y que tengan limitación absoluta de uso de los recursos de tesorería.
“Si los embargos se mantienen, la operación de Nueva EPS se verá seriamente comprometida y no podrá operar administrativamente, a eso se suma el impacto en la sostenibilidad financiera no solo de la entidad, si no de una red aproximada 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos de ellos con una dependencia financiera de gran proporción”, expresó la aseguradora en un comunicado de prensa.
Los últimos embargos contra Nueva EPS
Las mencionadas retenciones se concentran en aproximadamente 95 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que presentaron las demandas en el proceso de intervención contra esa EPS. El 80 % de estas, dicen, son privadas.
Entre tanto, los cuatro juzgados que concentran el mayor número de medidas de embargo son el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
El Juzgado Civil de Florencia aplicó un embargo de $475.000 millones, producto de 28 demandas presentadas, de las cuales ocho están vigentes y uno de $492.000 millones producto de 32 demandas presentadas y que están vigentes. Así mismo, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico ordenó uno de $149.000 millones a raíz de ocho de nueve demandas vigentes.
Por su parte, el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá estableció uno de $209.000 millones, producto de 25 demandas vigentes de 37 que se han presentado.
“Si bien desde antes de la intervención (abril de 2024) Nueva EPS traía un déficit considerable, estas medidas de embargo han venido agudizando la situación financiera de la entidad hasta el punto actual, que compromete la operación”, expresaron al respecto.
Ante esto, la aseguradora ha generado acercamiento con los jueces que han establecido esas medidas, incluso en contra de “las cuentas maestras que normativamente son inembargables para garantizar la continuidad del servicio”.
¿Qué hará la EPS ante esta situación?
La EPS informó que esta situación la pusieron en conocimiento de la Supersalud, del Ministerio de Salud y de la Administradora de Recursos de Salud (Adres), a los que le solicitó medidas que permitan frenar estas decisiones judiciales.
Mientras tanto, Nueva EPS agotará las vías jurídicas disponibles y reitera el llamado a las autoridades y actores involucrados para considerar las consecuencias legales y sociales de estas acciones.
Vale recordar que esta semana la superintendencia presentó un concepto unificado que reafirma la inembargabilidad de los recursos del sistema de salud, en el que destacó su destinación exclusiva y la imposibilidad de que sean utilizados para fines distintos a la atención en salud o sometidos a medidas cautelares.
El documento se sustenta en el mandato constitucional y en la jurisprudencia vigente, que han definido estos recursos como de naturaleza pública y parafiscal. En términos prácticos, el concepto enfatiza que los dineros del sistema solo pueden emplearse para financiar la atención de los usuarios, el aseguramiento, las prestaciones económicas y los programas de promoción y prevención, pilares fundamentales del modelo de salud colombiano.
En ese sentido, el superintendente Bernardo Camacho explicó que la inembargabilidad no funciona como una regla absoluta, sino como un principio orientador. Según señaló, su correcta aplicación evita que el flujo financiero del sistema sea desviado hacia intereses particulares o litigios comerciales, garantizando que los recursos estén disponibles para la atención integral y oportuna de los usuarios.
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