El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, ordenó a la Nueva EPS ejecutar un plan intensivo de reuniones con los prestadores de servicios de salud para legalizar con actas a qué facturas se deben aplicar los pagos que han recibido y que hasta ahora figuran en los registros como anticipos sin serlo.
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Al respecto, la Supersalud explicó que los hallazgos presentados por la Contraloría General de la Nación sobre esa EPS habían sido identificados previamente por la entidad de vigilancia. Según Rubiano, el problema no es la falta de pago, sino un fallo en el procedimiento administrativo por parte de esa compañía.
El informe de la Contraloría califica como “anticipos” a dineros que, según la superintendecia, son en realidad “pagos a servicios ya prestados” a los que no se les ha asignado una factura específica. “Lo que sí no hizo oportunamente fue aclarar, ante cada pago realizado, a cuáles facturas el prestador debía imputar el valor pagado”, dijo Rubiano García.
En ese sentido, la entidad señaló que la Nueva EPS al no especificar a qué factura correspondía cada desembolso, estos quedaron en un estado contable irregular que la Contraloría denominó anticipo. La solución, asegura, es que la Nueva EPS y cada prestador firmen actas donde acuerden a qué facturas se imputarán dichos pagos y eliminar la figura del “falso anticipo”.
La gerente interventora de esa aseguradora, Gloria Polanía, tiene la orden de finalizar estas rondas con los prestadores en todo el país en “el término de pocas semanas” para definir la aplicación de los pagos.
El superintendente mencionó que la Contraloría omitió en su informe las deficiencias que mantenía la EPS en la integridad de sus sistemas de información. Según él, esta situación dificultaba el seguimiento de los procesos y generaba retrasos, especialmente en el procesamiento y contabilización de las cuentas médicas.
Durante la intervención de la Supersalud que se sugirió a la Nueva EPS implementar sistemas de información más robustos, como el actualmente implementado Factramed, para permitir el correcto reconocimiento contable de las facturas, evitar represamientos y reflejar la verdadera situación financiera de la entidad. En el marco de esta intervención, también se solicitó la contratación de un servicio de auditorías médicas más sólido y en constante interacción con los prestadores.
Finalmente, Rubiano recordó que la intervención “no es un mecanismo caprichoso, todo lo contrario, busca garantizar el buen destino y el uso eficiente de los recursos existentes”.
El pasado 9 de septiembre, la Contraloría alertó sobre una grave situación administrativa y financiera en dicha entidad, tras un operativo de policía judicial que recaudó información de la entidad entre 2022 y el primer semestre de 2025, que puso al descubierto presuntas irregularidades que comprometen su liquidez y sostenibilidad.
El ente de control adelantó la actuación en julio de 2025 para obtener información técnica, administrativa, jurídica y financiera que no estaba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud, y ante la falta de estados financieros certificados de la EPS.
El análisis preliminar de 4.524 archivos recaudados evidenció falencias en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.
La investigación detectó un crecimiento significativo en los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, lo que representa un aumento del 155%.
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