La escena de los magistrados del Consejo de Estado vestidos con su toga gris y negra, de pie y mirando a la cámara no es usual. Casi que en la historia de las altas cortes ese tipo de videos se asocian a momentos turbulentos del país en rechazo a la violencia del narcotráfico, la guerrilla o, incluso, a escándalos vergonzosos como el “cartel de la toga”. De hecho, suele decirse en los pasillos del poder que la justicia habla a través de sus fallos y sentencias, ocasionalmente en entrevistas a medios o comunicados. Pero con el presidente Gustavo Petro eso ha cambiado.
El reciente reclamo de esta semana por parte del Consejo de Estado al mandatario en el que le exigen respeto por sus decisiones y señalan que los ataques que reciben son “graves y sistemáticos”, es el colofón de más de dos años de tensiones entre las ramas del poder público –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– que van en aumento y prometen reeditarse en 2025.
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“Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión”, dice el comunicado del Consejo de Estado que fue leído por el magistrado y presidente de esa corporación, Milton Chaves García. El jefe de Estado había criticado los fallos de ese tribunal que tumbaron al alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, avalado por el Pacto Histórico, y a Juan Pablo Castro como consejero de la Embajada en Francia. “Toda decisión será respetada menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”, dijo el mandatario en la red social X reaccionando al video del Consejo de Estado.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) se pronunció también sobre las palabras del mandatario para afirmar que “una vez más intenta deslegitimar las decisiones judiciales, en particular las tomadas por el Consejo de Estado, a pesar de que esta institución cumple, como históricamente es sabido, con independencia y autonomía las funciones delegadas por la Constitución y la ley”.
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¿Golpe parlamentario?
Eso que el presidente Petro llama “golpe de Estado”, según expertos, es una de las estrategias de mandatarios de izquierda en América Latina y en otros países del mundo.
Petro decidió librar una batalla contra las otras dos ramas del poder público por aquellas decisiones que no son de su agrado o le son adversas a su proyecto político. Ese comportamiento puede calificarse como antidemocrático según estándares internacionales. “La división funcional del poder público busca controlar estos desmanes con independencia del grado de aceptación que una figura como la del presidente pueda tener o no de decisiones de otras ramas (...) el uso de ciertos calificativos desde la dignidad de la presidencia desdicen del respeto a estas mismas reglas fundamentales para el funcionamiento del Estado”, señala el abogado, politólogo y profesor de la Universidad Javeriana, Humberto Librado, en conversación con este diario.
Precisamente, este martes, el presidente reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de negarle una tutela en la que buscaba dejar sin efectos el pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de topes electorales en su campaña. El alto tribunal ya había dicho en el pasado que el CNE puede investigar la campaña, pero no al presidente Petro, pues su juez natural como aforado es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
“El año entrante tendremos el golpe parlamentario. Buscaré impedirlo para tranquilidad de la sociedad. Si sobreviene el pueblo debe estar listo a defender el voto popular”, dijo el mandatario como reacción.
Llama la atención, según analistas, que el mandatario diga que hay en curso ya no solo un “golpe de Estado” sino un “golpe parlamentario” liderado por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pues en el Congreso el Gobierno ha podido impulsar algunos de sus proyectos como la reforma pensional, entre otros, e hizo que eligieran a su candidato a la Procuraduría, Gregorio Eljach. El Ejecutivo ha perdido, de todos modos, otros pulsos como la ley de financiamiento y la reforma a la salud. Por esa misma razón es que nace una de las puntas del escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pues algunos de sus funcionarios intentaron presuntamente comprar los votos de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a través de contratos de esa entidad y del Ministerio de Hacienda para sus regiones.
Lo cierto es que en un año preelectoral como el 2025, el presidente Petro endurecerá sus posiciones y acudirá sin pruebas, como lo ha venido haciendo, a acusar a las cortes, al Congreso y a la oposición de que le quieren hacer un “golpe de Estado” o “golpe parlamentario” o “golpe blando”. Un golpe, en cualquier caso, al que “el pueblo debe prepararse y enfrentar”. Y si no sucede, será porque él mismo logró impedirlo, cual “emancipador”, como se ha autodenominado.
