La Fundación Juntos Se Puede ha presentado un derecho de petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando modificaciones en las restricciones laborales que enfrentan los refugiados en Colombia.
Ana Karina García, directora de la fundación, destacó la urgencia de que se permita a los refugiados trabajar legalmente mientras sus casos son evaluados, para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Esta petición llega en un momento crucial, marcado por el creciente flujo de migrantes venezolanos que huyen de la crisis humanitaria y política en su país.
La crisis en Venezuela resultó en más de siete y medio millones de migrantes venezolanos que han salido del país, entre ellos más de 1.700 perseguidos políticos, según cifras recientes. Ante esta alarmante situación, Colombia ha servido como refugio para miles de venezolanos que buscan escapar de la represión y las violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la burocracia del sistema colombiano de protección a refugiados les impide trabajar mientras esperan la resolución de sus solicitudes de refugio. Los salvoconductos emitidos por las autoridades colombianas, si bien permiten la permanencia legal temporal en el país, no otorgan el derecho a trabajar, lo que crea una barrera significativa para el bienestar de estas personas.
En agosto, la Fundación Juntos Se Puede recibió a más de 170 perseguidos políticos venezolanos, muchos de los cuales se encuentran en una situación de extrema precariedad económica debido a las restricciones laborales impuestas por el salvoconducto.
“Hoy tenemos 178 personas que están solicitando protección internacional y que no pueden trabajar (...) radicamos un derecho de petición para que se permita trabajar con el salvoconducto de forma temporal”, declaró García, quien también es defensora de derechos humanos.
La fundación pide que se autoricen contratos laborales a término definido y de prestación de servicios para los refugiados, permitiéndoles generar ingresos y contribuir a la sociedad colombiana mientras se resuelve su situación migratoria.
El llamado de la fundación se alinea con una reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que en julio de este año le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia que establezcan una ruta clara y accesible para que los migrantes venezolanos conozcan sus opciones para permanecer legalmente en el país.
La sentencia de la Corte fue el resultado del estudio de 39 tutelas presentadas por migrantes, quienes denunciaron que las instituciones colombianas vulneraron sus derechos al no resolver sus solicitudes de refugio de manera oportuna.
Según los relatos de los migrantes, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia les otorgó salvoconductos, pero sus derechos al debido proceso y al trabajo fueron vulnerados. La Corte señaló que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como Migración Colombia “desconocieron los derechos al trabajo, mínimo vital e igualdad de los accionantes”. Además, el alto tribunal criticó la demora en la resolución de las solicitudes de refugio, que en algunos casos tardó entre uno y cuatro años, a pesar de no ser procesos complejos y tratarse de personas en situación de vulnerabilidad.
Con este fallo, se espera que se garantice el acceso a derechos fundamentales como el trabajo y el debido proceso, permitiendo a los refugiados venezolanos en Colombia alcanzar una mayor estabilidad.
La Fundación Juntos Se Puede espera que esta decisión de la Corte Constitucional impulse un cambio en la política migratoria del país, y que el gobierno colombiano tome medidas efectivas para mejorar la calidad de vida de los solicitantes de refugio. El acceso al empleo es una de las principales herramientas para que estas personas puedan integrarse y contribuir activamente a la sociedad colombiana.
