El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con una premisa: gobernar para los “nadie”. En sus discursos, el eje central ha sido uno que no ha dejado de lado durante el cuatrienio; busca “ayudar al pueblo” y sacar adelante reformas sociales orientadas, según dice, a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los menos favorecidos.
Es por eso que se arriesgó, a pesar de que expertos señalaron que hacer todas las propuestas de “una sola sentada” sería contraproducente. El refrán dice que el que “mucho abarca, poco aprieta”.
Ahora, tan solo a cinco semanas de entregarle el poder a Abelardo de la Espriella, empieza a hacerse un recuento, punto por punto, de lo logrado por esta gestión; de cinco “iniciativas estrella” que propuso, apenas una está andando hoy.
En una Plaza de Bolívar desbordada, ese 7 de agosto de 2022, cuando se posesionó, el jefe de Estado aseguró que llegaba a la Presidencia “contra todo pronóstico (...) contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder”.
Pero, con el paso del tiempo, sus apuestas se vieron frustradas, bien sea porque no pasaron el “examen” de las cortes, no lograron mayorías en el Legislativo o tuvieron errores en sus trámites. En EL COLOMBIANO hicimos una selección de las cinco propuestas bandera de esta gestión.
De todas, la única que ya está en marcha es la reforma laboral; aunque para lograr su aprobación, el Presidente incluso amenazó con convocar una consulta popular, el famoso “decretazo”, para presionar al Congreso.
La reforma pensional −que al parecer estuvo rodeada de “mermelada”− sigue a la espera de la revisión de la Corte Constitucional. La reforma a la salud se hundió una y otra vez en el Congreso. El Ministerio de la Igualdad terminó cayéndose porque no quedó “bien montado” desde un inicio. Y la reforma agraria quedó incompleta: le faltó definir, nada más y nada menos, los detalles de cómo iba a funcionar la jurisdicción.
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Mientras esos proyectos seguían su curso (o naufragaban) en el Congreso, el Gobierno optó por sacar adelante, vía decreto, pedacitos de sus propuestas. El balance deja matices, aciertos y desaciertos.
La reforma de salud que no fue
Cecilia Quintero, la adulta mayor que murió de forma súbita mientras hacía fila para reclamar medicamentos en un dispensario de Nueva EPS, es un rostro que muestra el deterioro del sistema de salud. Y es que, aunque la reforma se hundió varias veces en el Congreso, el Gobierno terminó poniendo en marcha parte de sus ideas por decreto, una estrategia que, según gremios, aceleró la crisis que ya venía arrastrando el sistema.
El primer proyecto, presentado en 2023, fue archivado en 2024 porque el Congreso consideró que no ofrecía garantías sobre su viabilidad financiera. Dos años después, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo volvió a radicar una nueva versión, pero terminó hundida por las mismas razones.
Aunque el senador Fabián Díaz apeló esa decisión y el proyecto alcanzó a revivir en el último periodo legislativo, el calendario electoral y el poco ambiente político terminaron por dejarlo sin opciones.
Como ocurrió con otras reformas sociales, el Gobierno decidió avanzar por otro camino. A mediados de 2025 expidió el decreto que puso en marcha el Modelo de Salud Preventivo.
La apuesta por fortalecer la prevención, de hecho, es uno de los puntos en los que hay consenso entre expertos. El problema, dicen, ha sido intentar hacer cambios estructurales sin resolver primero la financiación del sistema.
En marzo de 2025, en una carta enviada al Congreso, un grupo de exministros de Salud aseguró que la reforma no resolvía los problemas estructurales, cuestionó la capacidad de la Adres para administrar los recursos y alertó sobre los riesgos de concentrar el aseguramiento en un solo actor.
Mientras tanto, el Gobierno empezó a desplegar los Equipos Básicos de Salud. Según el Ministerio, ya funcionan más de 10.000 integrados por médicos, enfermeros y otros profesionales que visitan las comunidades.
Aunque el Gobierno ha destinado más de $ 6,87 billones al programa, aún no existen datos públicos suficientes para evaluar si esa inversión realmente está mejorando la atención. La Contraloría, incluso, investiga posibles desvíos millonarios de ese rubro.
La justicia también frenó varias decisiones del Ejecutivo. La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud transparentar la metodología con la que calcula la Unidad de Pago por Capitación (UPC); suspendió el intento de financiar parte de los Equipos Básicos con recursos de la UPC y, meses después, el Consejo de Estado tumbó el decreto con el que el Gobierno buscaba trasladar afiliados entre EPS.
En resumen, la reforma nunca logró construir consensos ni dentro ni fuera del Congreso. Entre tanto, las filas para reclamar medicamentos, las deudas del sistema y las quejas de los usuarios no dejan de crecer.
El fallido Ministerio de la Igualdad
Una de las apuestas más simbólicas del Gobierno fue la creación del Ministerio de la Igualdad. La idea era que las políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos dejaran de estar dispersas entre varias entidades y quedaran concentradas en una sola cartera. Sin embargo, el proyecto terminó convirtiéndose en una de las mayores frustraciones del cuatrienio.
El Ministerio nació mediante la Ley 2281 de 2023 y quedó bajo el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez. Pero los problemas aparecieron casi desde el comienzo. En 2024, la Corte Constitucional concluyó que la ley tenía vicios de trámite por la falta de aval fiscal. Aunque permitió que la entidad siguiera funcionando temporalmente, le dio al Congreso plazo hasta mitad de este año para corregir el procedimiento. Ese trámite nunca se completó y el Ministerio terminó desapareciendo.
En el camino se acumularon críticas. Para analistas consultados por este medio, el Gobierno se concentró en crear una nueva institución sin definir con claridad cómo se articularía con el resto del Estado. También hubo cuestionamientos por el tamaño de la entidad, con cinco viceministerios y varias direcciones técnicas, y por su baja ejecución presupuestal. Por ejemplo, en 2024 tuvo asignados cerca de $1,8 billones, pero ejecutó menos del 3 % de esos recursos.
Incluso el fondo del Ministerio fue señalado por la senadora Paloma Valencia de tener programas con ejecuciones cercanas a cero.
La cartera tampoco escapó a las polémicas. Uno de los casos más sonados fue el de Juliana Guerrero, cuya hoja de vida para ocupar el Viceministerio de las Juventudes terminó bajo la lupa después de que se cuestionara no solo su idoneidad para el cargo sino que los títulos con los que se acreditó, pues habrían sido presuntamente comprados. Más adelante, el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro también terminó suspendido por la justicia al considerar que rompía la paridad de género exigida para el gabinete. Aunque el Gobierno intentó corregir esa situación, el Consejo de Estado terminó ratificando las irregularidades.
Con ese panorama, el proyecto nunca encontró ambiente en el Congreso. El Gobierno alcanzó a enviar un mensaje de urgencia el último semestre para salvar la iniciativa y subsanar los reparos de la Corte, pero las comisiones conjuntas ni siquiera lograron reunir el quórum para votarla antes de que venciera el plazo.
Ahora el problema es otro. La liquidación del Ministerio también avanza con dificultades. Cerca de 600 trabajadores permanecen en la incertidumbre sobre su futuro laboral y, aunque el Gobierno ya expidió el decreto para cerrar la entidad, todavía no ha sido designado el agente liquidador, una entidad que se encargue de administrar su desaparición.
Reforma agraria a medias
Colombia tiene una deuda histórica con las comunidades campesinas de todo el territorio desde hace años. Sobre todo, luego del paso de décadas de conflicto armado, desplazamiento forzado y concentración de la tierra, que han dejado a millones de personas trabajando suelos que no podían demostrar que son suyos.
El gobierno de Petro quiso venir y cambiar esto con su reforma agraria.
Sin embargo, esto no se trata de una idea nueva ni mucho menos de una genialidad de Gustavo Petro. La actual reforma tiene antecedentes que llegan hasta 1936; como respuesta a las tensiones en el campo, se expidió la Ley 200 de 1936 durante el primer gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo.
Esta buscó reducir la desigualdad que azotó al campesinado colombiano a principios del siglo XX, pero que nunca se resolvió. Casi un siglo después, la misma deuda sigue sin saldar.
Ahora, esto no se trata de una simple entrega de lotes, sino de algo más estructural. Se busca crear un sistema de justicia especializada que reconozca y proteja el derecho a la tierra que han labrado, habitado y cuidado por décadas campesinos.
Si bien vale la intención, también es importante la acción. Y más en la política, donde suelen quedarse las cosas en solo palabras. Es allí donde se evidencia que la realidad institucional de la reforma agraria dista de la retórica con la que Petro prometió transformar el campo en sus discursos, decretos y campaña.
Con corte al 19 de abril de 2026, la meta gubernamental de comprar un millón de hectáreas durante el cuatrienio apenas alcanza una cuarta parte de ejecución, con 254.103 hectáreas adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En marzo pasado también se aprobó un CONPES para la reforma agraria, que incluye orientaciones de política pública con 146 acciones para implementar hacia 2036, con un presupuesto indicativo de más de $18 billones.
En medio de este panorama, el único indicador donde el Gobierno estuvo cerca de cumplir sus metas —de acuerdo con el Ministerio de Agricultura— fue la formalización de la propiedad rural. Pero a medias, porque tuvo un freno importante.
Esto se debe a una combinación de demoras burocráticas, oposición política, el accionar de grupos armados que presionaron a los beneficiarios para abandonar los predios adjudicados y, lo más importante, el archivo en el Congreso de la pieza legislativa vital para definir detalles de la Jurisdicción Agraria, clave para poder tener jueces especializados en tierras.
La pensional continúa en veremos
Una de las principales banderas sociales de este gobierno fue la reforma pensional. La iniciativa quedó plasmada en la Ley 2381 de 2024, sancionada por el Presidente el 16 de julio de ese año en la Plaza de Bolívar.
Sin embargo, sigue sin entrar en vigor. En 2025, cuando debía empezar a funcionar, la Corte Constitucional la devolvió a la Cámara de Representantes al considerar que había sido aprobada sin el debate suficiente, es decir, a “pupitrazo”. La Cámara volvió a aprobar el proyecto, pero la decisión definitiva sigue en manos del alto tribunal.
Sin embargo, el Gobierno buscó avanzar en su implementación a través del Decreto 1342 de 2025; el Ejecutivo aumentó el subsidio de Colombia Mayor de $ 80.000 a $ 230.000 mensuales, además de ampliar la cobertura de adultos mayores beneficiados.
Para el economista y politólogo Alejandro Espitia, este es uno de los puntos fuertes de la reforma, pues “institucionaliza un subsidio que ya venía entregándose en gobiernos anteriores para que no dependa de la voluntad del gobierno de turno y garantiza un ingreso a adultos mayores que no alcanzaron una pensión”.
La ley también mantuvo las edades de pensión —62 años para los hombres y 57 para las mujeres— e introdujo beneficios para ellas, como la reducción gradual del número de semanas requeridas y descuentos adicionales por hijos.
Pero no faltaron las polémicas. Aunque el Gobierno y buena parte de los gremios coincidían en que era necesario acabar con la competencia entre el sistema público y el privado, hubo un fuerte desacuerdo sobre el umbral de cotización en el público. Gremios como la ANDI o Asofondos consideran que ese límite debía ser de uno o máximo 1,5 salarios mínimos para evitar un impacto sobre el ahorro: quedó en 2,3.
En resumen, es imposible determinar si la reforma será buena o mala porque no ha comenzado a operar. Sin embargo, para Espitia, si finalmente entra en vigor, podría terminar siendo apenas un “pañito de agua tibia”, ya que con el paso de los años obligaría al país a emprender una nueva reforma pensional por el aumento del gasto en esa materia. A todo esto se suma que la Fiscalía investiga si recursos desviados de la Ungrd habrían sido utilizados para comprar votos en el Congreso a favor de la pensional.
En todo caso, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que podría dar su veredicto sobre la validez de la reforma en el segundo semestre del año.
La laboral, una que sí vio la luz
La reforma laboral terminó siendo la única de las grandes apuestas sociales del Gobierno que logró convertirse en ley. El presidente la sancionó el 25 de junio de 2025, después de un trámite legislativo que estuvo a punto de fracasar y que terminó convertido en uno de los mayores pulsos entre el Ejecutivo y el Congreso.
Cuando la iniciativa se estancó en el Senado, el Gobierno intentó destrabarla por otra vía. Petro impulsó una consulta popular para que los ciudadanos aprobaran directamente varios de los cambios laborales, pero el Senado la hundió. El presidente denunció fraude en esa votación e incluso expidió un decreto para convocar la consulta directamente: el decretazo, lo que desató una fuerte controversia. La presión terminó acelerando el trámite del proyecto y, tras revivir la iniciativa mediante la apelación, el Congreso finalmente la aprobó.
Eso sí, la reforma apenas comenzó a implementarse y lo hará de manera gradual hasta 2027. El recargo por trabajo dominical y festivo aumentará progresivamente hasta llegar al 100 %, el recargo nocturno empezó a contarse desde las 7:00 p. m. en enero, la regla serían los contratos a término indefinido y la jornada semanal terminará de reducirse a 42 horas.
Por eso, todavía no existen datos que permitan medir con certeza sus efectos, según explica la analista María Lucía Jaimes.
La ley también mejoró las condiciones para algunos sectores: los estudiantes de medicina reciben al menos un salario mínimo durante sus prácticas, los aprendices del Sena pasaron a tener un contrato laboral con prestaciones (entre otros beneficios) y las empleadas domésticas pueden trabajar máximo 8 horas al día.
Para la directora del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, las cifras del mercado laboral muestran movimientos moderados, pero no permiten atribuirlos a la reforma. Entre abril de 2025 y abril de 2026 bajó el desempleo, y se redujo levemente la informalidad, cambios que responden a múltiples factores.
“La reforma no está diseñada para generar empleo, sino para proteger a quienes ya son formales”, agrega Morad. El riesgo, dice, será que el aumento en los costos de contratación no termine ampliando la brecha entre trabajadores formales e informales.
De estas cinco banderas algo es cierto: este gobierno movió y puso en discusión temas sociales. Para Carolina Galindo, profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, “el logro más importante de este Gobierno va más allá de las obras, las leyes o los cambios concretos (...) ha sido generar en amplios sectores de la población una conciencia de derechos”. Sin embargo, tal vez su mayor traspié es que fueron muy ambiciosos.
Y ahora, tras el cambio de gobierno con De la Espriella, que tiene una visión política contraria a la de esta gestión, “va a ser muy difícil la continuidad en ciertos programas”, dijo Galindo.
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