Cuando restan apenas ocho días para cumplirse el plazo de las víctimas del conflicto para registrarse con fines de reparación, hay preocupación en sus líderes por la población afectada que no alcance a registrarse en la Ley de Víctimas.
Hasta el próximo 10 de junio podrán presentar su declaración ante el Ministerio Público (sedes de la Defensoría del Pueblo, personerías, Procuraduría) las personas que hayan sufrido un hecho victimizante, entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio de 2011. Y desde 1991 por despojo de tierras.
Hasta el primero de mayo de este año, un total de 7 millones 392 mil 679 personas han sido registradas como víctimas. De esta gran cifra que revela la magnitud de la afectación para la población civil, 5 millones 859 mil 429 son sujetos de reparación y atención.
Según la directora general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria, la declaración “es la puerta a la reparación integral, que incluye elementos como las medidas de satisfacción (atención sicosocial), la restitución, la indemnización económica, la rehabilitación y las garantías de no repetición”.
A pesar de que la Ley de Víctimas está vigente desde 2011 y se han adelantado campañas informativas y jornadas de registro en el país, las organizaciones de víctimas advierten que mucha población corre el riesgo de quedarse sin reparación integral si no se amplia el plazo.
“Hay muchas personas que no se han registrado porque les faltaban documentos o algún requisito como especificar el victimario o la reseña de prensa que piden. Otras víctimas viven en zonas rurales alejadas y no han podido desplazarse a los pueblos o apenas dejan el miedo de declarar”, señala Luz Amparo Mejía, presidenta de la Asociación Madres de la Candelaria.
En el caso de las víctimas que residen en otros países se amplió dos años más el plazo de declaración. En el Congreso se tramita un proyecto para extender por más tiempo el registro también en Colombia.
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