La salida de Julia Miranda de la dirección de Parques Nacionales y la llegada al cargo de Orlando Molano, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) entre 2016 y 2019, se da en un momento complejo para el futuro ambiental del país en la próxima década, pues está por ver la luz la nueva Política Nacional del Sistema de Áreas Protegidas, así como un Conpes que apalanca la política que lo hace posible.
Esto es clave, según explica Carlos Mauricio Herrera, especialista en áreas protegidas de la WWF, porque “el 50% del total de áreas protegidas no cuenta con un plan de manejo, una hoja de ruta para proteger la biodiversidad y trazar lineamientos naturales, sociales y culturales”.
Por eso, con el cambio de dirección, voces expertas y organizaciones que participaron e hicieron seguimiento al proceso temen que surjan cambios en el mismo.
Precisamente entre los logros de la gestión de Miranda este año, según indicadores de Parques Cómo Vamos, es que la entidad avanzó en los planes de manejo y actualización de los mismos en varios parques. “A pesar de la complejidad que impuso este año con el tema de la pandemia, se avanzó en acuerdos de conservación con habitantes de Parques y otros pobladores en zonas de influencia de los mismos, esto es muy importante”, manifiesta Sandra Vilardy, directora de Parques Cómo Vamos.
No obstante, tras la salida de la directora quedan tareas críticas pendientes, aunque expertos como Vilardy y Rodrigo Botero (director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible), señalan que no se debe netamente a falencias en la gestión de Parques Nacionales sino que, en general, el Estado carece de gobernabilidad en varias de estas zonas, lo que les permite a actores externos, que deforestan y siembran cultivos ilícitos, operar con impunidad.
Según la fundación Ideas para la Paz (FIP) en 2019 se identificaron 6.785 hectáreas de cultivos en los Parques Nacionales Naturales (PNN) y se evidenció que esta problemática afecta a 14 áreas protegidas, principalmente en La Macarena, Paramillo, Nukak y Catatumbo Barí. Con el agravante, según concluye el informe de la FIP que le erradicación ha sido más irregular y rezagada que el incremento de dichos cultivos.
Además, hay 10 parques en compleja situación por falta de presencia institucional durante todo este año, pues disidencias de las Farc y otros grupos al margen de la ley prohibieron la entrada de funcionarios de Parques Nacionales, lo que pone no solo en riesgo la protección y monitoreo de la biodiversidad de más de 9 millones de hectáreas. “Esto le resta herramientas y conocimiento al Estado de su propio territorio, pues son muchas veces los guardaparques los únicos que logran conocer situaciones críticas en lugares muy alejados y poner en alerta a los organismos respectivos y, en general, los movilizadores de la poca oferta institucional que alcanza a llegar”, dice Botero.
Jorge Villegas, coordinador del programa Cuidadores Indígenas de la Amazonia, dice que es prioritario “cuidar la confianza construida entre comunidades y Parques Nacionales y que ha permitido acuerdos de conservación fructíferos. Confianza que puede quebrantarse si el gobierno toma medidas en cuanto a problemáticas como minería y proyectos productivos que no vayan en la dirección de la salvaguarda ambiental”.
Precisamente estos acuerdos es una de las estrategias contra la deforestación, flagelo que si bien según en el informe del Ideam, se redujo en 2019 en Parques Nacionales en 8.672 hectáreas, la tala ahora acecha con mayor presión a parques como la Macarena, Tinigua, Nukak (RNN) y Chiribiquete, según FCDS, impulsada por la ganadería extensiva y colonización.
Según el último Boletín Detección Temprana de Deforestación del Ideam las mayoría de alertas en parques nacionales se dieron en el de la Sierra Nevada de Santa Marta, Amacayacu, Chiribiquete, Tinigua, Yaigoje Apaporis, Sierra de la Macarena, de los Katíos, Catatumbo Bari, Paramillo y Río Pure.
En diálogo con W Radio, la directora saliente, Julia Miranda, le deseó éxitos a la entidad y manifestó que espera que la gestión encuentre pronto las adecuadas estrategias para hacerle frente a estas problemáticas.
Sin embargo, el sector ambiental es menos optimista respecto al futuro de la entidad bajo la dirección de Molano, quien no tiene experiencia certificada en ninguna de estas áreas. De hecho, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez renunció al Grupo de Expertos en Biodiversidad y Áreas Protegidas, tal como lo hizo Germán Andrade, uno de los científicos más prominentes del país.
El gobierno, por su parte, defiende la designación. Diego Molano, director del Dapre, fue el primer funcionario en manifestarse sobre la misma. “Lo que buscamos como Gobierno es que los colombianos y el mundo entero quiera y proteja nuestros Parques Nacionales, para ello los tienen que conocer, recorrer y respetar. Orlando Molano tiene la experiencia para lograr ese propósito en beneficio de nuestros tesoros naturales”, dijo.
La polémica
La exdirectora planteó este martes, tal como lo hizo durante años, que sería altamente perjudicial que se permitan construir proyectos hoteleros en el parque nacional Tayrona.
Miranda celebró que justamente hace cuatro días el Consejo de Estado declarara como propiedad de la Nación al Predio Los Ciruelos, donde la cadena turística Six Senses, de las hermanas Claudia y Beatriz Dávila Zúñiga, pensaban construir un hotel.
El tema de los proyectos turísticos no solo en el Tayrona sino en los Parques Nacionales de la Costa Caribe, es un asunto que involucra a muchos actores y que enfrenta a empresarios, políticos, comunidades y defensores de los territorios, tal como reconoce la directora de Parques como vamos Sandra Vilardy. “Conozco la tensión, la he tenido que vivir, y sé la molestia que genera en altas esferas”.
Desde la Confederación Indígena Tayrona le manifestaron a este medio que “ven con preocupación este (salida de Miranda y llegada de Molano) y otros movimientos que desde el gobierno se gestan y que podrían ser perjudiciales para el futuro de la Sierra Nevada y sus cuatro pueblos indígenas. Aunque hubo diferencias con la gestión de Parques Nacionales ha sido quizás la entidad más dispuesta para el diálogo, ojalá no sea una decisión que vaya en contravía de esto”.
Los pueblos de la Sierra convocaron dentro de un mes al ministro de Ambiente Carlos Correa; la ministra del Interior, Alicia Arango; y a la entonces directora Julia Miranda para dialogar respecto al futuro del territorio y el modelo de negocio que, señalan, quiere implantar el Gobierno.
Uno de los puntos que reclaman es que el gobierno “promueva el estímulo perverso de basar las ganancias del operador (turístico) en el aumento significativo de visitantes en el Tayrona”. Parques Nacionales, señalan las comunidades indígenas, habían recibido la autorización del Gobierno para pasar de 456 mil visitantes al año a un millón doscientos mil e incluso aumentarlo de acuerdo a estudios de capacidad de carga.
Lo que al Gobierno le compete ahora es aclarar cuál será la hoja de ruta que busca darle a los 59 parques nacionales del país, tanto para su salvaguarda como para cumplir el objetivo, tal como dice Diego Molano, de que los parques se puedan “conocer, recorrer y respetar”, porque lo cierto es que la gestión de Miranda avalaba el ecoturismo. Incluso el pasado 2 de diciembre el ministro Correa estuvo acompañado por Miranda en el lanzamiento del Portafolio de Turismo de Naturaleza con 354 negocios verdes turísticos que ofrece el país.
Allí, Miranda se mostró complacida por los 2 millones de visitantes que tuvieron las áreas protegidas del país, y anunció que para el próximo año se construiría un plan de trabajo de turismo en todas las áreas protegidas de Colombia con el objetivo de promocionar a colombianos y extranjeros estos destinos.
De hecho, en respuesta a un cuestionario enviado por este medio, el Ministerio de Ambiente explicó este martes cómo su Oficina de Negocios Verdes venía articulándose con Parques nacionales Naturales de Colombia, “para generar los Lineamientos de Turismo de Naturaleza en áreas del SINAP (sistema nacional de áreas protegidas) que incluye las áreas protegidas de orden regional a cargo de las autoridades ambientales, y las reservas de la sociedad civil. Bajo esta articulación, se permite garantizar el acompañamiento y aprestamiento de los criterios de sostenibilidad, para los actores regionales que generan acciones de conservación bajo la modalidad de área protegida, y que quieren armonizar esta conservación con su sustento económico bajo el turismo de naturaleza”.
De manera que entre las primeras tareas de Orlando Molano será precisarle al país qué tanto cambiará la estrategia con miras al ecoturismo y en relación con lo que venían trabajando con la gestión saliente de Parques Nacionales.
