Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer su decisión frente a la condena de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado responsable de fraude procesal y soborno a testigos. El fallo podría marcar un punto de inflexión, al tratarse del primer expresidente colombiano en ser juzgado por la justicia ordinaria. El anuncio de la decisión se produce en medio de un clima político cada vez más agitado, cuando el país atraviesa una intensa precampaña electoral de cara a los comicios de 2026.
La condena al expresidente no ha sido un tema menor de discusión. A Uribe no lo condenaron por ninguno de los crímenes que su contradictores le endilgan, sino que se reclamó su culpabilidad por una controversia de testigos condenados, dichos, retractaciones, espionaje y testimonios, en muchos casos, cuestionables. Para citar dos ejemplos claves, Juan Guillermo Monsalve, el testigo más importante contra Uribe, fue condenado a más de cuarenta años de prisión por secuestro y extorsión. Carlos Enrique Vélez, un exparamilitar al que Diego Cadena, abogado de Uribe, le pagó al menos seis millones de pesos en efectivo, fue condenado por el asesinato a un gobernador indígena en Caldas.
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El juicio fue transmitido en vivo y seguido minuto a minuto por cientos de ciudadanos, convirtiéndose en uno de los procesos más mediáticos y analizados del último tiempo, tanto en escenarios jurídicos como políticos. La decisión que se conocerá mañana a las 8 de la mañana, responde al recurso de apelación presentado por su defensa, que busca tumbar la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria.
Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana han cuestionado la imparcialidad del fallo, al considerar que la jueza actuó con sesgo político y valoró las pruebas de manera desigual. Según Granados, la sentencia “realizó un ejercicio parcializado de la prueba testimonial”, favoreciendo a los testigos que declaraban contra Uribe y desestimando los que lo respaldaban.
Uno de los puntos más controvertidos en la apelación es la legalidad de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su entonces abogado Diego Cadena. La defensa argumenta que esas grabaciones fueron obtenidas sin orden judicial válida
Según los abogados, esto vulneró el secreto profesional entre abogado y cliente, por lo que las pruebas deberían ser anuladas.
En medio de la expectativa, una de las mayores controversias jurídicas gira en torno a la presunción de inocencia del exmandatario.
En los últimos días ha circulado la idea de que, si el Tribunal confirma la condena, Uribe deberá ser detenido de inmediato; sin embargo, esa interpretación no se ajusta a los principios del derecho penal colombiano.
Según expertos, la legislación vigente establece que la presunción de inocencia solo se pierde cuando existe una sentencia ejecutoriada, es decir, una decisión definitiva contra la cual no proceda ningún recurso.
Por tanto, incluso si el Tribunal ratifica la condena, la defensa del expresidente y el Ministerio Público podrán acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario de casación. Mientras este trámite se resuelve, la sentencia no quedará en firme y, en consecuencia, Uribe mantendrá su libertad y su condición de inocente ante la ley. Este, sin embargo, es apenas uno de los escenarios.
El Tribunal Superior podría tomar tres caminos. El primero sería confirmar la condena en su totalidad, lo que implicaría mantener la pena de 12 años. El segundo, modificarla, eliminando uno de los delitos, lo que reduciría la pena a la mitad. Y el tercero, revocar el fallo y declarar la absolución total si considera que no hay pruebas suficientes.
En cualquiera de los escenarios, la decisión podrá ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de casación, ya sea por la defensa, la Fiscalía o las víctimas, dependiendo del sentido del fallo.
Aunque la condena de primera instancia impuso prisión domiciliaria, una tutela interpuesta por la defensa revocó esa medida, lo que impide que el Tribunal ordene su encarcelamiento inmediato. Según el presidente del Colegio de Abogados de Colombia, Francisco Bernate, “esa tutela actúa como un escudo jurídico”, de modo que el expresidente no podría ser privado de la libertad hasta que la Corte Suprema resuelva el recurso de casación y el proceso quede en firme.
En ese sentido, una eventual reclusión solo sería posible cuando la Corte confirme la condena, si es que el Tribunal decide mantenerla. “Eso solo ocurriría si la Sala de Casación Penal decide mantener la condena en todo o en parte, una vez concluida la actuación”, explicó Bernate.
El proceso contra Uribe
El caso tuvo su origen en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de ofrecer beneficios a exjefes paramilitares para que lo vincularan con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con hechos como la masacre de El Aro.
Sin embargo, en febrero de 2018, la Corte no encontró mérito para procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra el expresidente al hallar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor, con la mediación de su abogado Diego Cadena.
Desde entonces, el expediente ha pasado por múltiples etapas: dos solicitudes de preclusión negadas, varios recursos y una sentencia histórica de primera instancia proferida por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien determinó que Uribe conocía y ordenó las maniobras para alterar declaraciones judiciales. “El acusado sí conocía el plan que se maquinaba, no fue accidental su intervención”, señaló el fallo.
La decisión se sustentó en la supuesta manipulación de tres testigos: Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez (alias Víctor) y Euridice Cortés (alias Diana).
Según el fallo, Uribe, a través de Cadena, buscó que varios exparamilitares emitieran declaraciones falsas para favorecerlo.
En el caso de Monsalve, considerado testigo clave, la investigación documentó la visita de Cadena a la cárcel La Picota con ofrecimientos jurídicos, hechos que quedaron grabados en un reloj espía. También se incluyeron actuaciones del entonces representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada y de Carlos Eduardo López, alias ‘Caliche’, quienes habrían intentado convencer a Monsalve de retractarse.
De acuerdo con el fallo, Uribe también habría tenido conocimiento de la elaboración de cartas firmadas por reclusos de Cómbita (Boyacá), gestionadas por Cadena, con el propósito de reabrir un proceso archivado contra Cepeda. Por estos hechos, la jueza Heredia lo declaró culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Sea cual sea el desenlace, el fallo del Tribunal Superior de Bogotá tendrá repercusiones inmediatas tanto en el destino judicial de Álvaro Uribe Vélez como en el panorama político nacional, donde su figura continúa siendo un factor determinante que mueve votos.
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