La Contraloría completa casi un año acéfala y sin un titular en propiedad que lleve sus riendas. En mayo de 2023, por cuenta de irregularidades en las que incurrió la mesa directiva del Congreso, el Consejo de Estado declaró nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez. Desde entonces, la entidad –nada menos que la encargada de poner lupa al manejo de los recursos públicos–, permanece sin doliente, con todo y que hoy funge como contralor en condición de encargo Carlos Mario Zuluaga.
Sin embargo, el Parlamento al fin estaría presto a elegir al nuevo contralor, un trámite que –como todo lo que ocurre en el Capitolio–, está entrelazado por poderosos intereses y numerosas pujas políticas. No es para menos: en juego está una entidad con más de 4.000 puestos y que solo en 2024 manejará un presupuesto de $1,4 billones.
Lo anterior, luego del jalón de orejas de la Corte Constitucional que, en un fallo emitido esta semana, no solo ratificó la decisión del Consejo de Estado, sino que obligó a las mesas directivas del Congreso a dejar de lado las dilaciones y proceder a la brevedad con la elección del nuevo titular. El presidente del Senado, Iván Name, se comprometió a surtir el proceso en poco más de tres meses.
“Nos corresponde aplicar el mandato de la Corte Constitucional que, además, ha dicho que sea en un lapso de tiempo racional: pronto. Así ejecutaremos esas instrucciones para poder seleccionar y elegir al contralor. Eso lo hace el Congreso en pleno: Senado y Cámara de manera conjunta después de un proceso que tenemos que adelantar, que está reglamentado y que vamos a aplicar antes del 20 de julio”, explicó.
Dicho proceso implica la creación de una subcomisión interpartidista que, siguiendo las instrucciones de la Corte, deberá escoger a los 10 aspirantes finales de entre los 20 candidatos que obtuvieron el mejor puntaje en la prueba de conocimiento que realizó en marzo de 2022 la Universidad Industrial de Santander (UIS).
Justo en esta etapa la mesa directiva del Congreso incurrió en las irregularidades, pues resolvió elaborar una tercera lista de elegibles y variar sin justificación alguna los parámetros de calificación fijados inicialmente.
Para escoger a los 10 aspirantes finales la subcomisión deberá realizar entrevistas, teniendo en cuenta factores como el mérito y la paridad de género. Posteriormente, en un voto secreto, la plenaria del Parlamento –es decir, Senado y Cámara–, elegirá voto a voto al nuevo contralor. Y desde ya arrancó el tire y afloje político.
Aun cuando ocupó el puesto quinto en las pruebas, el excontralor Rodríguez estaría moviéndose buscando el guiño de los congresistas bajo la premisa de que se deben respetar los acuerdos que permitieron que él llegara a la entidad.
En su momento, en la que fue la primera puja política del ‘Gobierno del cambio’ y cuando el presidente Gustavo Petro apenas sumaba días de posesionado, el exfuncionario consiguió la bendición del Ejecutivo y se hizo a las mayorías parlamentarias de las que gozaba el mandatario. Al final, logró el 88 % de los votos: el respaldo de casi nueve de cada 10 congresistas.
Sin embargo, otro es el escenario pasado año y medio, cuando el pulso entre el Gobierno y el Congreso se encuentra en un punto álgido por cuenta de la idea de Petro de una asamblea constituyente y los reveses que ha sufrido con sus reformas sociales. En Casa de Nariño aún no es claro si la balanza una vez más estará inclinada por Rodríguez, con todo y que reconocen que hay afinidad con el contralor Zuluaga –el encargado–, quien es de la misma cuerda del exfuncionario.
En medio de los movimientos aparece el hoy personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, que no solo consiguió el puntaje más alto en las pruebas, sino que contaría con el guiño del excontralor Andrés Felipe Córdoba, según contaron fuentes al periódico capitalino El Espectador.
Además, figura la abogada María Fernanda Rangel (que tuvo el cuarto mejor puntaje), que en su momento consiguió el respaldo de partidos como el Liberal, Conservador y La U. Sin embargo, a última hora esas colectividades le dieron la espalda y apostaron por Rodríguez. Ahora, ante el nuevo proceso, suena como favorita para tener los votos de esas colectividades, que han marcado distancia del gobierno Petro.
Las pujas prometen intensificarse de acá al 20 de julio. Cada partido hace desde ya sus cálculos y movimientos para tener injerencia en una entidad que no solo hace vigilancia fiscal, sino que cuenta con 4.057 cargos para burocracia y un presupuesto que supera los $1,4 billones.
