En una decisión inédita, el Congreso de la República le dio la estocada final a las corridas de toros en Colombia. Tras más de 15 intentos a lo largo de las últimas décadas, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate un proyecto que prohíbe la ‘fiesta brava’ en el país.
Si bien durante las últimas semanas hubo dilaciones, largas y toda clase de recursos para retrasar la discusión –teniendo en cuenta que el proyecto debe estar aprobado antes del 20 de junio, cuando concluye el periodo legislativo–, este martes la plenaria de la Cámara discutió el articulado de la iniciativa y dio su visto bueno a la prohibición con amplias mayorías (al menos 93 votos y dos en contra).
“Felicitaciones a quienes por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte. Quienes se divierten con la muerte de animales terminarán divirtiéndose con la muerte de seres humanos; como los que queman libros terminarán quemando seres humanos”, celebró el presidente Gustavo Petro, cuyo Gobierno respaldaba la iniciativa.
Advirtiendo que son “una expresión que atenta contra la dignidad y la vida de los animales”, el proyecto prohíbe las corridas de toros en todo el territorio nacional y contempla un proceso de transición de tres años para su eliminación, es decir, no prohíbe inmediatamente las corridas.
Según el articulado que aprobó la Cámara, en esos tres años el Gobierno Nacional deberá definir e implementar programas de reconversión económica y laboral para aquellas personas que demuestren que derivan su sustento de las corridas. Para ellas se crearán rutas y programas de atención.
A ello se suma el plazo de un año para que el Ejecutivo ponga en marcha un proceso de transformación de las plazas que hoy son usadas para la lidia. El objetivo –tal como quedó aprobado–, es que esos espacios sean destinados para actividades culturales, lúdicas, deportivas o artísticas. Con base en esos nuevos espectáculos se prevé que quienes se dedican a actividades comerciales alrededor de las corridas puedan obtener nuevas fuentes de ingreso.
“El DANE tendrá la responsabilidad de hacer un diagnóstico para determinar la cantidad de familias que dependen exclusivamente de estas actividades en el país y, además, calculará el número de personas que, aunque no dependan directamente de estas actividades, se ven beneficiados con su realización”, explicó el representante Alejandro García (Alianza Verde), quien fue el ponente del proyecto.
“El 85 % de los colombianos está en contra de las corridas de toros. De los más de 1.000 municipios del país, en 20 se realizan corridas y en solo ocho países en el mundo son legales. ¿Por qué llamar cultura a algo que no representa y rechaza la ciudadanía?”, dijo por su parte la autora de la iniciativa, la senadora oficialista Esmeralda Hernández (Pacto Histórico).
El júbilo no fue unánime
Desde tempranas horas de este martes decenas de manifestantes se apostaron a las afueras del recinto de la plenaria. Insistían en que al fin se surtiera la discusión, pues el propio representante García denunció a lo largo del mes que a punta de recusaciones, proposiciones y hasta una tutela la oposición buscó dilatar el debate.
“Estamos pisando callos de personas muy poderosas. Que no se olvide quiénes son los que van a corridas de toros, no son simples campesinos los que están criando el toro de lidia. Acá hay ganaderías importantes, familias muy adineradas. Hay una población con poder no solo económico, sino político, que será afectada”, sostuvo el congresista en su momento a este diario.
Pese al júbilo que se tomó la Corporación a un grito unísono de “no más ole”, también hubo caras largas. En particular, la de los representantes Christian Garcés, del Centro Democrático, y Ana Rogelia Monsalve (curul afro), que a lo largo de las discusiones advirtieron que al contemplar una prohibición y no una regulación de las actividades taurinas la iniciativa afectaba a centenares de personas que sustentan su actividad económica de la ‘fiesta brava’.
“(Los taurinos) no abarcan las voces de los territorios que representamos en el salón elíptico del Congreso. No podemos legislar desde la fría capital sin pensar en las libertades, en la cultura, en la tradición, pero sobre todo en el trabajo que sustenta a miles de familias. Vamos a seguir luchando por quienes, desde los territorios de la Colombia profunda, piden regulación sin prohibición”, dijo Monsalve.
Por su parte, Garcés advirtió que la plenaria de la Cámara violó la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional “usando una ley para obligar cambiar la cultura de una población como Manizales. Además, no les importó dejar sin empleos a las familias humildes y a los informales que viven de las corridas, a quienes no inventariaron ni les dejaron presupuesto para la conversión laboral”.
Aunque el congresista defendió que se propuso una comisión de concertación para buscar un punto medio entre el bienestar animal, la cultura y la protección de los empleos, reclamó que no fue aceptada. “Queda en manos de la Corte la legalidad de la prohibición”.
Incluso alertó que el mismo DANE no cuenta con información de los empleos formales e informales que se derivan de esta práctica. “El Ministerio de Hacienda expresa que no tiene presupuesto ni recursos asignados para la reconversión laboral, ni concepto favorable sobre su impacto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y por último el Ministerio de Educación dio concepto negativo”, agregó.
Tras su aprobación en último debate, el proyecto deberá ser conciliado y aprobado por las plenarias de Cámara y Senado. Posteriormente, pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
Corte pedía decisiones desde 2010
En 2010, la Corte Constitucional expidió la sentencia C-666, en la que ratificó que no era competente para decidir sobre prohibir o avalar las corridas de toros, por lo que instó al Congreso a legislar sobre la materia. Desde entonces, tras más de 15 intentos fallidos, sectores animalistas buscaron erradicar esta práctica. Con base en los propios apartados de la sentencia, insistían en que la cultura no es un derecho absoluto y sin límites. En contraste, los sectores taurinos siempre insistieron en la defensa de este tipo de prácticas, asegurando que no solo favorecía la economía de diferentes familias, sino que era una manera de preservar la identidad cultural y la historia de una sociedad.
