Siete militares del Ejército Nacional tendrán que ir a juicio disciplinario luego de que la Procuraduría General de la Nación les hubiera encontrado que pudo haber una omisión en su accionar, en una situación que terminó en un atentado a la Brigada 30 de esa fuerza en Cúcuta, Norte de Santander.
De acuerdo al ente investigador, el pasado 15 de junio hubo presuntos fallos a la hora de aplicar el protocolo de seguridad al interior del cantón San Jorge.
Ese martes la explosión se escuchó en gran parte del barrio San Rafael, donde está ubicada la instalación militar. Por ese hecho, el presidente Iván Duque inmediatamente ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, viajar hasta Cúcuta a esclarecer cómo fue que hacia las 3:05 de la tarde entró un carro por una puerta de la Brigada.
Minutos después, el saldo de soldados heridos fue de 36, quienes fueron trasladados a centros médicos para su respectiva atención.
¿Quiénes fueron llamados?
La decisión del Ministerio Público de citarlos a juicio disciplinario aplica para el comandante de la Brigada para esa época, el coronel Ilvar Orlando González Villamil, para otros tres oficiales y tres suboficiales.
Se trata del Jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante de la Brigada 30, el coronel Pedro María Vega Losada; el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta, teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, y el oficial de operaciones de esa misma unidad, el mayor César Alexánder Carrero Salcedo.
Además deben ir el comandante de guardia, sargento viceprimero Luis Eduardo Espejo López; el suboficial de Administración, sargento segundo Mario Andrés López Roque, y el cabo segundo Óscar Leonel Pava Caviedes, quien prestaba su servicio en la entrada principal del cantón San Jorge el día de los hechos.
Lo que la Procuraduría encontró es que, por ejemplo, no se habría ordenado la disposición de un soldado apoyado por un perro antiexplosivos, situación que de acuerdo a los protocolos y guías de seguridad, hubiera sido un elemento fundamental para la detección de explosivos.
En el caso del comandante González, sobre él recae que debió gestionar lo requerido por el Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta para suplir la necesidad de controlar de buena forma el ingreso de carros y su correspondiente inspección con el fin de detectar en ellos la presencia de explosivos.
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