Mediante una carta dirigida al gerente del Fondo de Adaptación, Germán Arce, la Procuraduría General de la Nación entregó una serie de observaciones relacionadas a los planes de reconstrucción y reasentamiento de Gramalote (Norte de Santander).
El documento firmado por el procurador delegado, Carlos Augusto Mesa, se da luego de más de cuatro años de intento de concertación entre el Gobierno Nacional y beneficiarios, y asegura que tiene como finalidad garantizar la legalidad de los derechos de estos colombianos.
Reconstrucción
Frente a este tema, el Ministerio Público se mostró preocupado porque que a pesar de que están garantizados los recursos para la Fase 1 de la reconstrucción, en la última reunión de seguimiento se reveló que esto comprende 400 de 926 viviendas programadas, lo que significa, que faltaría la financiación de 526 más, para cubrir la total reedificación del municipio.
De acuerdo con ello, la entidad estima que el cierre financiero del proyecto es vital y urgente para culminar la reconstrucción del Municipio, que requiere la inmediata intervención del gobierno para obtener los recursos faltantes, los cuales quedarían pendientes para la Fase 2 de la iniciativa, pero sin financiación cierta.
En este orden de ideas, argumenta que emprender la ejecución contractual del proyecto sin el componente financiero garantizado en su totalidad, podría estar atentando contra la estabilidad del proceso de reconstrucción, pondría eventualmente en riesgo fiscal la inversión inicial y generaría mayor incertidumbre sobre el éxito del programa.
En cuanto a la Fase 2, el Fondo de Adaptación dice no saber cuáles serán los costos dado que ello depende del número de familias que regresaran al casco urbano, sin embargo, la Procuraduría resalta que una familia ha manifestado su deseo de no volver, por lo tanto, no existe mayor incertidumbre sobre el total del costo de reconstrucción.
Ante la pregunta, de cuáles son los costos totales de la Fase del proyecto, y si están garantizados los recursos, la respuesta del Fondo de Adaptación fue que “priorizará los recursos necesarios para culminar con éxito el reasentamiento de las familias que retornen Gramalote”.
El Fondo de Adaptación reportó no contar con los recursos para la construcción de mobiliarios urbanos, como son casa campesina, casa del adulto mayor, casa de la cultura, polideportivo, estadio, etc., indicando que se están adelantando gestiones con el Gobierno Nacional y local a fin de conseguir la financiación de los mismos.
Sin embargo, la Procuraduría sostiene que a la fecha no existen compromisos ciertos ni recursos garantizados para financiar dichos microproyectos por parte de los ministerios que podrían otorgar la fuente para su financiación, tales como Interior, Agricultura, Cultura, además de Coldeportes y el Departamento para la Prosperidad Social, entre otros.
El 19 de febrero de 2015, la Gobernación del Norte de Santander, con recursos asignados desde el Fondo de Adaptación, adjudicó el contrato de obra para el tramo uno de la carretera al nuevo casco urbano de Gramalote (Puente Cuervo Miraflores), no obstante a la fecha el Ministerio Público afirma que el Fondo no ha seleccionado la firma interventora.
Adicionalmente, manifestó su intranquilidad por el desconocimiento de las decisiones sobre los avances del Fondo de Adaptación, frente al inicio de las obras para el tramo dos de la vía Míraflores- El Salado/vía Lourdes.
Reasentamiento
La Procuraduría asegura que el plan de reasentamiento no ha sido presentado ante la comunidad de Gramalote, pese las reiteradas solicitudes de la misma autoridades tanto municipales como departamentales.
Asimismo, señala que se han presentado diversos borradores, incluso, mensajes con contenidos contradictorios, que complican aún más el proceso de retorno de las familias y sus condiciones jurídicas y sociológicas.
El plan, según informó la Procuraduría, contempla iniciar el retorno Gramalote con 400 familias, sin que se haya precisado, aún, el mecanismo de reasentamiento, ante lo cual la comunidad solicita, especial dialogo, con el fin de conservar aspectos sociológicos de usos, costumbres, que a criterio de esta entidad, deben ser tenidos en cuenta en procesos como el vivido por la comunidad.
Asimismo, aclara que existe inquietud por parte de la ciudadanía, las autoridades regionales y de la misma Procuraduría sobre el trato que recibirán las personas que eran propietarias de más de un inmueble, las que poseen un inmueble actualmente por fuera de Gramalote y/o las que teniendo propiedades en el municipio no lo habitaban al momento de la tragedia.
Los habitantes de Gramalote han solicitado en muchas oportunidades que desean continuar con los mismo vecindarios de antes de la tragedia, sin embargo, a la fecha no existe consenso al interior del Fondo de Adaptación sobre este tema, de acuerdo con el ente de Control Administrativo.
Finalmente, justifica que no hay claridad sobre la posición del Fondo de Adaptación en el manejo de los locales comerciales, lotes que no tenían construcción pero que ocupaban importantes espacios dentro del casco urbano del municipio.
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