En su reporte anual, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por los brotes de violencia contra distintos sectores de la población civil que debían estar protegidos tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.
Resaltan la debilidad institucional para la protección de líderes sociales de comunidades afectadas por el conflicto armado interno, como son los afrodescendientes y la población campesina, además que recalca como principales causantes de esta situación a la reaparición de grupos paramilitares en zonas “rojas”.
Recalca la organización que continúa la preocupación ante la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
“En los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Norte de Santander, entre otros, persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, que incluían homicidios selectivos de miembros de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas”, sostiene el documento.
Es enfática además en que las estructuras paramilitares siguen activas en varias partes del país, pese a su “supuesta desmovilización” según los términos de la Ley 975 de 2005.
“Hubo denuncias de incursiones paramilitares en el departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia, que afectaron especialmente a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas”, agrega.
Para AI, la situación de vulnerabilidad de los líderes sociales es un asunto crítico para Colombia y citan las cifras de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reportó que al menos 105 defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados en 2017.
Además, según la ONG Somos Defensores, los homicidios de esta población aumentó un 31% en la primera mitad del año, en comparación con 2016.
