<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=378526515676058&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Síguenos en:
Colombia | PUBLICADO EL 17 diciembre 2021

Emilio Tapia daría pistas del anticipo a Centros Poblados

Confirmado: el camino está abierto para el preacuerdo entre la Fiscalía y el contratista. La condición es mostrar la ruta para recuperar los $70.000 millones.

  • El contratista Emilio Tapia está recluido en la cárcel La Picota, donde ha sido trasladado de patios por seguridad. FOTO Colprensa
    El contratista Emilio Tapia está recluido en la cárcel La Picota, donde ha sido trasladado de patios por seguridad. FOTO Colprensa
  • El contratista Emilio Tapia está recluido en la cárcel La Picota, donde ha sido trasladado de patios por seguridad. FOTO Colprensa
    El contratista Emilio Tapia está recluido en la cárcel La Picota, donde ha sido trasladado de patios por seguridad. FOTO Colprensa

El contratista Emilio Tapia ya tiene el plan para lograr un preacuerdo con la Fiscalía a comienzos de 2022, y una de sus cartas para tal objetivo es incluir la ruta que llevaría a recuperar los $70.000 millones perdidos por el anticipo del contrato entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados.

Devolver la plata es la condición que le puso la Fiscalía al barranquillero para la firma del preacuerdo, estipulada para enero o a más tardar febrero, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO.

Dicha negociación se haría luego de que las 26 horas en las que Tapia reveló nombres de otros presuntos implicados en el caso, no le alcanzaran para obtener el principio de oportunidad que tanto buscó en los últimos días, el cual le habría sido negado porque lo libraría de ir a juicio.

En su momento, las varias horas de declaraciones en el búnker de la Fiscalía –en octubre y noviembre– le sirvieron para manifestarles a los investigadores su intención de colaborar con la justicia. Eso sí, en ambas oportunidades reiteró que no es el culpable, y que en todo el caso de corrupción es una víctima más.

Agotado ese recurso, la vía que le queda al señalado cerebro de este escándalo es reintegrar el monto extraviado o llevar a dar con él. Si hace lo primero, es probable que haga uso de las cuentas que tiene en el exterior, en países como Emiratos Árabes Unidos.

Ese es el único pasaporte para conseguir un beneficio a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, unidad que para el caso tiene al frente a una fiscal que también investiga a los otros dos procesados: el empresario Juan José Laverde y el abogado Luis Fernando Duque.

En cuanto a Tapia, EL COLOMBIANO le preguntó a su abogado, Alejandro Sánchez, sobre dicho preacuerdo, a lo que respondió que están avanzando sin tener algo concreto. Y en cuanto a la devolución de los $70.000 millones añadió que “todo se está evaluando”.

Proyecto en marcha

A la par de la negociación, ayer se conoció otra movida dentro del caso. En efecto, el Ministerio de las TIC anunció que la ejecución del contrato para llevar Internet a zonas rurales del país pasó a manos de Colombia Conecta, unión que en su momento quedó por detrás de la que hoy tiene entre las cuerdas a más de uno.

“Así lograremos llegar a más de 14.000 centros digitales contratados”, destacó Carmen Ligia Valderrama, ministra que reemplazó en esa cartera a Karen Abudinen. Compuesta por ETB y Skynet, la unión temporal que recibe el contrato tendrá la tarea de conectar a miles de centros digitales ubicados en 15 departamentos.

Por otra parte, sobre las investigaciones para dar con quienes estuvieron detrás de la pérdida del anticipo, la ministra Valderrama aprovechó para advertir que “el contratista incumplido tendrá que devolver integralmente los $70.000, y pagar los más de $39.000 millones de la cláusula penal”.

Algo por aclarar, no obstante, es si ETB y Skynet van a montar los mismos 7.277 puntos de conexión que ofreció Centros Poblados para quedarse con el negocio, o si por el contrario harán menos.

En la Corte se verán

Los salpicados por este escándalo no solo son Tapia, Laverde y Duque. Reconocidos políticos y altos funcionarios del Ministerio TIC ya fueron vinculados formalmente a procesos disciplinarios y judiciales. Las caras que más sobresalen, de hecho, dieron de qué hablar esta semana por cuenta de la investigación que abrió la Corte Suprema en contra de los congresistas Katherine Miranda y León Fredy Muñoz.

La cita se les hizo porque usaron “abudinear” como sinónimo de robo. Eso llevó a la exministra a denunciarlos por injuria y calumnia. Ante la vinculación, hace dos días la representante Miranda le envió un desafiante mensaje a Abudinen: “No me dejaré intimidar por usted ni por ningún corrupto. Mi deber es hacer control político y cuidar los impuestos de los colombianos. En la Corte nos vemos”.

El encuentro de la congresista con el alto tribunal se dará en 2022, ya que este viernes empieza la vacancia judicial. Pero ese no es el único proceso en firme.

Por el lado político, los congresistas Mauricio Gómez, Daira de Jesús Galvis, Antonio Luis Zabaraín y Armando Benedetti están en versión libre ante la Corte porque habrían interferido en el contrato. De hecho, Abudinen ya fue a hablar al alto tribunal sobre Benedetti, de quien dijo que sí la llamó pero que no sintió presión para mover algo del contrato de forma irregular.

Y por el lado de funcionarios del Ministerio, la Procuraduría ya inició juicio disciplinario en contra de varias personas. No obstante, este diario conoció que las cuatro nuevas imputaciones que se vienen la próxima semana se le harán a otras cuatro personas .

7.277
puntos iba a conectar Centros Poblados. MinTIC le pasó esa labor a Conecta Colombia.

Contexto de la Noticia

Paréntesis la pelea por
usar “abudinear”

Lo que comenzó como un debate de fondo por la pérdida del anticipo del contrato con Centros Poblados terminó en una pelea entre Katherine Miranda y Karen Abudinen en la que se metió incluso el ministro de Salud, Fernando Ruiz. La raíz es que congresistas como Miranda han usado el término “abudinear” en reemplazo del verbo robar. Tanto Abudinen como Ruiz rechazaron tal acto, ella demandando a la congresista ante la Corte Suprema, y Ruiz declarando públicamente que “deformar los apellidos es lo más ruin”. El alto tribunal revisó la denuncia y decidió abrirle una investigación a Miranda.

Carlos López

Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.

.