El pulso político entre el gobierno saliente y el entrante escaló un nuevo nivel este martes. Horas después de que Abelardo de la Espriella suspendiera las mesas de empalme con la administración de Gustavo Petro, los diez ministros designados y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, publicaron un comunicado conjunto en el que hicieron un llamado a ejercer una “resistencia constitucional” frente a lo que consideran un intento de desconocer el resultado de las elecciones.
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El documento, firmado por quienes integrarán el gabinete desde el próximo 7 de agosto, sostiene que las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro representan un desconocimiento de la voluntad expresada en las urnas y constituyen un riesgo para el orden democrático.
“Respaldamos plenamente la alocución del presidente electo, en la cual ratificó su compromiso con el pueblo colombiano y con la defensa de la Constitución de 1991, la democracia y el Estado de derecho”, señalaron.
En los últimos días, Petro ha insistido en cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales; de hecho busca la nulidad del proceso. Y ha sostenido que el verdadero ganador fue Iván Cepeda.
Sin embargo, para el gabinete designado, la decisión de los colombianos en las urnas constituye una voluntad “inapelable” y es el fundamento de la legitimidad democrática. “Estamos aquí para defender y exigir el respeto de la decisión soberana del pueblo colombiano”, afirmaron.
En uno de los apartes más duros del documento, los futuros ministros sostienen que Petro “cruza una línea infranqueable en una democracia” al desconocer el resultado electoral y aseguran que esa postura evidencia el choque entre dos proyectos políticos: uno que, según ellos, defiende la Constitución y otro que pretende imponerse por encima de la decisión de los ciudadanos.
El comunicado también hace un llamado a distintos sectores del país para que no permanezcan indiferentes frente a la crisis institucional que, según consideran, atraviesa el país. “Ningún ciudadano, ninguna institución, ningún sector político puede ser indiferente frente a un hecho de esta gravedad”, expresaron.
¿Qué significa la “resistencia constitucional”?
El concepto de resistencia constitucional tiene un significado jurídico y político. Hace referencia a la defensa del orden constitucional, del Estado de derecho y de la democracia cuando se considera que una autoridad pública está actuando por fuera de los límites establecidos por la Constitución.
“La principal implicación de la resistencia constitucional es que recuerda que el poder público no es absoluto y que todas las autoridades están sometidas a la Constitución. Sin embargo, en Colombia no puede entenderse como una autorización para desobedecer las leyes (...). En otras palabras, fortalece el control ciudadano y la defensa del Estado de Derecho, pero siempre dentro de los cauces institucionales y democráticos”, dijo a este medio Santiago Enrique Salazar, director Jurídico de SH Abogados
Los ministros afirmaron que esa figura debe servir para enfrentar cualquier intento de desconocer los resultados electorales y cuestionaron a quienes, según dijeron, buscan “incendiar las calles” o promover escenarios de desorden.
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Preguntas y respuestas
- ¿Qué está pasando con la transición de gobierno entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella en Colombia?
- La transición enfrenta una crisis institucional debido a la suspensión de las mesas de empalme por parte del gobierno electo. La tensión surge tras las declaraciones del presidente Petro cuestionando los resultados electorales, lo que ha llevado al gabinete entrante a convocar una “resistencia constitucional”.
- ¿Qué significa el concepto de “resistencia constitucional” mencionado por el gobierno entrante?
- Es una figura jurídica y política que busca proteger el Estado de derecho y el orden democrático cuando se considera que una autoridad actúa fuera de la Constitución.
- ¿Cómo afecta la suspensión de las mesas de empalme a la entrega del poder en Colombia?
- La suspensión dificulta el intercambio de información técnica entre las administraciones saliente y entrante. Este proceso es vital para garantizar una entrega ordenada de las entidades públicas y sus presupuestos.
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