Las voces iban subiendo de tono y crecía la tensión. En el atril del recinto del Senado era Iván Cepeda quien tenía la palabra, pero las miradas estaban fijas en la parte posterior, donde el expresidente y senador Álvaro Uribe, con mirada rígida, guardaba silencio. De repente, hizo una moción de orden y tomó el micrófono.
“Me retiro para dirigirme a la Corte Suprema a radicar pruebas de la mayor importancia en relación con este evento difamatorio promovido por el grupo terrorista Farc y sus aliados de siempre; los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por medios de comunicación serviles del terrorismo y coordinado por el presidente (Santos)”, dijo Uribe antes de ponerse de pie.
Ocurrió el 17 de septiembre de 2014, durante el debate sobre el paramilitarismo en Colombia de la Comisión Segunda del Senado que, en este caso, por las dimensiones que había tomado, se dio en el recinto de la Plenaria. La cita, que se convirtió en una confrontación entre el uribismo y sus contradictores, tiene al país a la expectativa por lo que será un momento inédito en la historia: la indagatoria contra un expresidente de la República por presunta manipulación de testigos.
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42 personas, entre abogados, exparamilitares y exfiscales han desfilado como testigos por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Hoy está programada la asistencia de Uribe, y mañana del representante a la Cámara del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. Ellos rendirán indagatoria.
Como sucede cuando se trata del expresidente Uribe, hay quienes consideran que es una persecución política; otros, que debe responder por las acusaciones. Las marchas convocadas por seguidores y detractores para hoy son prueba del debate que ha generado la diligencia judicial.
¿Pero por qué Uribe, teniendo fuero presidencial, debe responder ante la Corte Suprema cuando su juez natural es la Comisión de Acusaciones?. Por eso la historia se remonta a ese 17 de septiembre de 2014, cuando el expresidente interpuso la denuncia. Tanto Uribe como el representante Prada tienen “calidad foral de parlamentarios” y su juez es la Corte Suprema, así lo señala el Alto Tribunal.
Como un búmeran
La denuncia del expresidente señalaba que, a partir de 2011, el senador Iván Cepeda se reunió con exparamilitares que habían sido llamados a declarar como testigos en los casos contra el hermano del expresidente, Santiago Uribe, y el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Cepeda, según las pruebas, con testimonios de los exparamilitares Ramiro Henao y Gabriel Muñoz, les habría ofrecido beneficios jurídicos y económicos a cambio de involucrar al expresidente (ver recuadros).
El 16 de febrero de 2018, con ponencia del entonces magistrado José Luis Barceló, la Corte dio un giro de 180 grados: se inhibió de abrir proceso contra Cepeda y ordenó investigar a Uribe. En el Acta N0. 50 del caso, el tribunal consideró que los testigos Henao y Muñoz “se vieron en dificultades para enfrentar las preguntas que se les hicieron en declaración rendida en esta investigación”, por tanto concluye que mintieron.
En esta etapa hay que recordar que Cepeda recorrió cárceles del país con el argumento de revisar la situación de derechos humanos en las prisiones, pero nunca hubo un informe. Sin embargo, sí trascendieron los encuentros con exparamilitares.
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Sobre estas visitas, dijo la Corte, Cepeda no excedió sus competencias parlamentarias al recopilar la información sobre casos que son “del mayor interés público” y que su intermediación para buscar beneficios jurídicos para los presos a cambio de su colaboración se explica por el trabajo que el senador ha realizado como defensor de derechos humanos.
El investigador
El magistrado Barceló tiene un capítulo en este caso. No solo por ser el investigador que puso a Uribe de denunciante a investigado. También por enfrentamientos públicos que ha tenido con el exmandatario. Uno de ellos luego de que el expresidente publicara en twitter: “Magistrado José Luis Barceló, Presidente de la Corte Suprema, mi investigador, TRANSCRIBO SIN COMENTARIO (SIC): Mientras Álvaro Uribe no esté en la cárcel no habrá reforma a la justicia”.
La respuesta de Barceló fue: “el senador Uribe se inventó ese torticero y mentiroso mensaje. Nunca he hecho tal afirmación. No entiendo cómo y para qué se inventa semejante afirmación”.
Más allá de ese episodio, desde su despacho se han dado filtraciones del caso. Uribe asegura que fue el mismo magistrado y agrega que este habló con un grupo de periodistas sobre la inminencia de la condena en su contra. Además, mientras presidía la Sala de Instrucción #2, fue considerada legal, por la Corte Suprema de Justicia, una interceptación telefónica a Uribe, que en principio era para el representante Nilton Córdoba (ver radiografía). Fueron más de 200 horas en las que también se encuentran conversaciones del congresista Álvaro Hernán Prada. Pese a que es claro que la escucha no era para el exmandatario, como no había sucedido nunca, fue avalada como prueba.
El argumento no tiene precedentes: “Obedeció a un hallazgo imprevisto e inevitable”, como señala el oficio 36791 de la Sala de Casación Penal, firmado por Martha Liliana Triana, oficial mayor.
El proceso
Empleando información obtenida mediante interceptaciones a Wilser Molina, abogado y actual alcalde de Amagá, y Juan Guillermo Villegas, señalado como uno de los fundadores del Bloque Metro, la Corte estableció la presunta cercanía de Uribe con ambos y con las acciones que adelantaban para obtener testimonios de exparamilitares que favorecieran al expresidente.
Durante todo el 2018, el columnista Daniel Coronell publicó filtraciones de material audiovisual que darían cuenta de que además del abogado del expresidente, Diego Cadena, el representante Álvaro Hernán Prada también había visitado presos para influenciar sus testimonios. Para referirse a esas pruebas, Cadena y Prada deberán rendir indagatoria.
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En septiembre de 2018, la Corte llamó a declarar por primera vez a Uribe. Ante lo que consideró como una infamia anunció que renunciaría a su curul para enfrentar la investigación. No obstante, a los pocos días, aduciendo su compromiso con quienes lo eligieron, dijo que seguía como senador, pero no fue a la indagatoria.
Otro rumbo
El caso tomó otra dirección en octubre de 2018, cuando entró en vigencia la reforma que garantiza que los aforados tengan derecho a ser investigados y luego, si es el caso, juzgados penalmente por dos instancias distintas. Para ello, la Corte Suprema modificó su composición y creó la Sala de Instrucción Penal, que desde entonces es encargada de fallar en primera instancia.
Fue ahí cuando se posesionó como magistrada la militar Cristina Lombana. Ese día, por sorteo, fue asignada como investigadora para el caso, pero, cinco meses después, en otro de sus textos, Coronell reveló que la magistrada, además de un conflicto de intereses por haber estado subordinada a Uribe como presidente, también había tenido una relación laboral con Jaime Granados (otro abogado de Uribe), y no incluyó la información en su hoja de vida.
Sus colegas de la Corte recusaron a Lombana para que se apartara del caso. Ella intentó demostrar que no tenía impedimento para conocer la investigación, renunciando al Ejército e interponiendo una tutela, pero finalmente tuvo que dar un paso al costado.
La investigación pasó a manos del magistrado César Reyes, quien remplazó a Barceló. Él decidió la indagatoria sobre la que hoy el país tiene puesta la mirada.
Nuevas pruebas
De los testimonios que ha recibido la Corte desde el pasado 3 de septiembre, salió a la luz una declaración del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, en la que asegura que el abogado Cadena hizo pagos después de visitarlo en la cárcel de Valledupar, para que testificara a favor de Uribe. Como prueba, habría una consignación de 2 millones de pesos.
En el expediente estaría la aclaración de Cadena al respecto, en la que aseguró que el aporte fue un acto humanitario hacia el exparamilitar, quien le habría contado que un pariente estaba enfermo.
Con las nuevas pruebas que ordenó practicar, la Corte busca establecer si tanto Cadena como Prada participaron en constreñimiento a testigos. El mismo cargo por el que es procesado Uribe.
Al respecto, el senador Cepeda afirmó que “para evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte”, no asistirá a la indagatoria de Uribe. Por su parte, el expresidente aseguró que él sí lo hará porque “yo soy de combate y doy la cara. Desde la libertad o desde la cárcel uno de los designios de mi vida es desmontar estas infamias”
