Este jueves arranca otra legislatura. Pero el Gobierno tendrá que sortear varios factores que le juegan en contra, entre ellos, la llegada de la época electoral y la relación con los partidos.
Cuando terminaban las sesiones legislativas del semestre pasado, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco admitió que la agenda de reformas del gobierno había sido “demasiado ambiciosa”. Sin embargo ahora, a solo 1 día de que arranque otra legislatura, parece que se aprendió poco, pues el propósito que tienen es volver a a tramitar todo lo que ya fracasó y el panorama no parece nada distinto.
Una vez más, en la agenda que el “Gobierno del cambio” le propondrá al Congreso figura un paquete de iniciativas de gran complejidad y calado que, juntas, representará un verdadero desafío llevarlas a buen puerto. Por un lado, siguen en trámite las controvertidas reformas a la salud y pensional, que demostraron ser todo un laberinto del que aún no hay salida y que, además de fracturar la coalición, causaron dos grandes remezones ministeriales.
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Por otro lado, ahora serán radicadas nada menos que la reforma laboral –que ya se hundió en la legislatura pasada–; las reformas a la educación y los servicios públicos; la ley de humanización carcelaria y, de nuevo también, la ley de sometimiento a la justicia que, según el propio Ejecutivo, bien podría ser una reforma a la Ley de Justicia y Paz. A ellas se sumarían el Código Minero, el Código Ferroviario y hasta un proyecto para reformar la Ley de Víctimas.
“Son un sinnúmero de proyectos, todos muy ambiciosos. El Gobierno no es consciente de la realidad política del país, ni del Congreso. Es imposible tramitar esa agenda con el trato a los partidos. Hay que repensar y reconfigurar la relación con los partidos. Se necesitan consensos”, aseguró a este diario la representante Katherine Mirada, de la Alianza Verde (partido declarado de gobierno).
Desde el propio Pacto Histórico reconocieron que la agenda no deja de ser abultada. Según le dijo al senador Iván Cepeda a EL COLOMBIANO, “la experiencia indica que es necesario concentrarse en las reformas”, por lo que instó a repensar la necesidad de radicar justo ahora algunas iniciativas. “No hay que dispersarse mucho. No soy partidario de agregar más reformas a las que ya están”.
En esa línea, la senadora María José Pizarro insistió en que le apostarán a buscar diálogos y consensos, admitiendo que es un hecho que las reformas “no saldrán como entraron, pues están sujetas a la concertación”.
Sin embargo, el delegado por Petro para relacionarse con el Congreso insistió en una retórica que, analistas y los mismos congresistas, han calificado de inconveniente y autoritaria: creer que porque el Presidente ganó en las urnas, el Congreso es un mero notario de sus iniciativas. “Las reformas sociales van porque van. Es lo que el Gobierno les habló a los colombianos y es lo que el Gobierno defiende como propuesta de cambio”, sostuvo Velasco.
Si le faltaba un ingrediente al cóctel fue la duda que sembró el jefe de la cartera política, quien señaló que las iniciativas no serán radicadas este mismo jueves, sino próximamente. Otra muestra de que no hubo lecciones aprendidas, pues el Ejecutivo se vio a gatas y en sendos corre-corre para sacar adelante proyectos en el periodo pasado. La citación a sesiones extras en la legislatura pasada es una prueba de ello.
Además, organizaciones como Transparencia por Colombia insisten en tramitar proyectos que no necesariamente encajan en la agenda reformista y le apuestan a fortalecer la lucha contra la corrupción, ponerle reglas al cabildeo y la reforma política. “Hay una radicación excesiva de proyectos que genera desgaste”.
Como si la sola agenda no fuera ya motivo de preocupación, hay dos factores que podrían jugar en contra de los intereses del gobierno Petro en la nueva legislatura. Uno de ellos son las elecciones regionales de octubre que, aunque parecen lejanas, irremediablemente trastocarán la actividad legislativa.
Los efectos son previsibles: por un lado, como admitió un representante conservador que pidió no ser nombrado, “varios congresistas se abstendrían de votar por iniciativas impopulares que podrían terminar costándoles votos a quienes apoyamos en las regiones”. Por otro, en su interés y casi forzada tarea de estar haciendo campaña en los territorios, no serían pocos los que se terminarían ausentando de sus labores mientras concluye la campaña.
Sin embargo, el segundo factor que enlodaría la agenda del Gobierno es más apremiante: la ineludible faena de recomponer la coalición y lograr mayorías. Las cifras son dicientes: de 106 senadores, apenas 40 son incondicionales a Petro. Es decir, de cada 3 votos, apenas tiene asegurado 1. En contraste, los independientes –entre ellos, La U y los conservadores, que rompieron cobijas con el Ejecutivo– y la oposición son suficientes para echar al traste cualquier proyecto.
En Cámara la situación no dista mucho. Si bien la bancada de Gobierno congrega a 69 representantes, la oposición suma 38 y los independientes son mayoría con 81. En ese grupo se cuenta el Partido Liberal que, aunque está declarado de gobierno, hace rato se distanció de Petro. Lo anterior, pese a que un grupo de congresistas –azuzado por el ministro Velasco (de pasado liberal)–, busca salirse del redil de César Gaviria.
El panorama se torna más sombrío tras las declaraciones del ministro del Interior quien dijo que, a pesar de que mantienen “comunicación con partidos, las leyes las queremos debatir con congresistas”. La estrategia ya les salió mal, pues los partidos apelaron a la ley de bancadas para obligar a los suyos a votar como determinan sus mayorías internas.
“El Gobierno ya se dio cuenta que al menudeo no pudo. Las sanciones contra los descarriados que apoyaron sus proyectos fueron fuertes. Quiéranlo o no, el poder lo tienen los partidos, por eso hay que recomponer la relación y frenar acuerdos clientelistas”, precisó Miranda.
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A su turno, el representante Víctor Salcedo, de La U y de la cuerda de su directora, Dilian Francisca Toro, reclamó que el Gobierno “insiste en dialogar con los violentos, pero no con la sociedad civil, en un ánimo reformista y con una agenda demasiado ambiciosa”.
Pese a esto, la senadora Pizarro defendió que el objetivo no es “pasarse por la faja a los partidos ni a sus estructuras”, pero aseguró que es natural que “la primera conversación sea con quienes representan los intereses del país”. Inclusive, fue más allá y se declaró confiada de que las mayorías de los verdes, los liberales y hasta La U los acompañarán en sus reformas: “El llamado es a todos los demócratas para que pongan por encima los intereses del pueblo”.
Mientras sindicatos y gremios afines a Petro una vez más convocan a marchas este 20 de julio –en defensa de las reformas del Gobierno y como muestra de que el Presidente aún goza del músculo de las calles–, lo cierto es que el trámite de la agenda legislativa decanta nuevos pulsos que podría zanjarse a través de dos caminos: consensos que ayuden a recomponer la coalición o nuevas fracturas y fricciones que implicarían un divorcio, ahora sí definitivo, entre Petro y el Congreso. ¿A qué apostará el Gobierno?
Estas son las reformas de la legislatura
Reforma a la salud sigue sin convencer
La reforma a la salud, que ha defendido a capa y espada el propio Petro, llegará a su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Con las mayorías repartidas entre oposición e independientes, el proyecto tendrá que terminar de convencer a quienes se oponen a puntos como acabar las EPS o estatizar el sistema. Al ambiente se suma la polémica por la eventual llegada de brigadas de médicos venezolanos. Por si fuera poco, el ministro de Salud deberá capotear con una contrarreforma presentada por el Partido Liberal que zanjaría la discusión al darles oxígeno a las EPS, privilegiar la integración vertical y mantener a los privados.
Reforma pensional avanza en medio de alertas
Aunque raspando, la reforma pensional que lidera la ministra Gloria Inés Ramírez logró ser aprobada en primer debate y ahora se enfrenta a la plenaria del Senado. Si bien alrededor de la iniciativa no persisten tantas sombras, sí hay cuestionamientos. Recientemente, desde Asofondos alertaron que la iniciativa aumentaría los costos laborales, lo que redundaría en desempleo, un factor que afectaría las opciones de acceder a la pensión.
A su turno, Anif señaló que, de seguir como está planteada, la reforma provocaría un pasivo pensional a 2100 que ascendería a 170,3% del PIB. Las dudas crecen frente al costo fiscal del proyecto.
Reforma a la educación, ¿convencerá?
Una de las grandes apuestas con las que se estrenará el Gobierno en la legislatura es la reforma a la educación, ideada para modificar la Ley 30, que organiza el servicio público de la educación superior. Si bien aún no se conoce el borrador del proyecto y ya se anunció que no será radicada el mismo 20 de julio, hay expectativa por su contenido y alcance.
Lo anterior, tras el fallido intento de reformar el sector en 2011 que derivó en multitudinarias manifestaciones. La ministra Vergara destacó que la iniciativa llega con el visto bueno de los rectores y que la meta será llevar educación superior a territorios excluidos y dotarlos de infraestructura.
El desafío de revivir la reforma laboral
Tras su estrepitoso fracaso en la pasada legislatura, el Gobierno insistirá en la reforma laboral. Se ha dicho que el proyecto arrancará desde ceros gracias al trabajo realizado el semestre pasado y los consensos que busca la ministra de Trabajo.
En su momento, se cuestionó que el proyecto reduciría puestos de trabajo y empleabilidad en las empresas, lo que daría pie además a la informalidad. Por ello, hay expectativa frente a lo que viene. Justamente, los Observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana insistieron en que haya cesantías mensuales y recargos; salarios mínimos diferenciados y licencia de paternidad de 12 semanas.
Código Minero llegaría sin doliente
Mientras crecen los rumores por la cantada salida de la ministra de Minas y Energía –salpicada en un presunto tráfico de influencias–, se da por hecho que en esta legislatura será presentada una ley para modificar el Código Minero. Se trata de una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno e incluiría puntos como soberanía en minería, reindustrialización y apoyo a pequeños mineros para que puedan formalizarse. Aunque el proyecto sigue en construcción y no se conoce borrador alguno, Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), afirmó en abril pasado que el proyecto sería presentado este semestre.
El chicharrón del sometimiento a la justicia
El ministro de Justicia tiene a cuestas el desafío de tratar de revivir la ley de sometimiento a la justicia para estructuras criminales a cambio de obtener penas alternativas. El proyecto ya se hundió y ahora se plantea una simbiosis con la Ley de Justicia y Paz. El titular de la cartera no descarta insistir con el proyecto del año pasado y lograr más consensos, o que se fusionen componentes para la modernización de Justicia y Paz.
Adicionalmente, Osuna insistirá con el proyecto de ley de humanización carcelaria, que terminó naufragando en medio de polémicas por la excarcelación masiva de presos en búsqueda de combatir el hacinamiento carcelario.
