Las seis claves de la moción de censura a Mintic

Hoy, ante la Cámara, Karen Abudinen se enfrentará al debate por el polémico contrato con Centros Poblados.

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Desde las 9:00 de la mañana de este viernes está previsto que Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, enfrente el debate de moción de censura al que fue citada en la Cámara por la polémica que desató el contrato que su cartera firmó con la Unión Temporal Centros Poblados, y por el cual están en riesgo de pérdida 70.000 millones de pesos.

Por protocolos de bioseguridad, el Salón Elíptico del Capitolio, en Bogotá, donde se realizará el debate, contará solo con el 50 % de su aforo, es decir, 85 representantes de los partidos y movimientos estarán en el recinto. Los demás representantes participarán de manera virtual.

La funcionaria llegó a esta instancia luego de que en diciembre de 2020 Mintic le adjudicara un contrato por más de un billón de pesos a Centros Poblados, para proveer conectividad a 7.277 centros digitales de zonas apartadas de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada y Bogotá.

Sin embargo, en junio, pasados seis meses de adjudicado el proyecto y tras haberse girado un anticipo del 6,2 % ($70.000 millones) para que en abril le entregara 750 escuelas rurales conectadas, se descubrió que el consorcio no estaba ejecutando trabajos, lo que motivó la citación a una audiencia por presunto incumplimiento.

En ese momento fue incluido el banco Itaú, que figuraba como la entidad garante del contratista, pero este informó en audiencia que no había expedido las garantías bancarias que presentó Centros Poblados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).

Eso quiere decir que además del incumplimiento, el contratista no tenía la garantía bancaria exigida por ley y habría presentado documentos falsos, por lo que Mintic declaró, el 13 de agosto, la caducidad del contrato, instauró una denuncia ante la Fiscalía y puso el caso en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría.

Además, el 20 de agosto se ordenó el embargo (por $70.000 millones) de las cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de Centros Poblados, proceso que el consorcio trató de suspender el 25 del mismo mes con una tutela instaurada en Puerto Colombia; no obstante, en cuestión de horas, el juez de esta localidad reversó la decisión.

Katherine Miranda y León Fredy Muñoz, representantes Alianza Verde y citantes al debate, cuentan con un dossier con el que dicen pueden comprobar que Abudinen sí conocía de las irregularidades en la adjudicación. Y la Ministra responde que tiene todo para demostrar su actuación y que, en este caso, el Gobierno es la víctima. EL COLOMBIANO le explica en detalle todo este escándalo