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Por licitación en pasaportes, Procuraduría suspende a Alfredo Saade por tres meses

El jefe de despacho de la Presidencia ha estado encargado de la licitación de los pasaportes, tras la salida de Laura Sarabia de la Cancillería.

  • El jefe de despacho presidencial de Gustvo Petro, Alfredo Saade. FOTO COLPRENSA
    El jefe de despacho presidencial de Gustvo Petro, Alfredo Saade. FOTO COLPRENSA
19 de agosto de 2025
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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al jefe de despacho de Casa de Nariño, Alfredo Saade. La decisión se tomó en medio de una investigación por irregularidades en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes en la Cancillería.

Le puede interesar: Los detalles de la salida de Saade y otros secretos en De Buena Fuente.

Según el ente de control, el funcionario se habría extralimitado en sus funciones por haber dado órdenes a otros trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores para que “racionalizaran” o retrasaran la expedición de pasaportes en el país.

Lo anterior fue una orden que dio mientras se firmaba la nueva alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para expedir esos documentos.

En su decisión, el Ministerio Público señaló que “en lo que atañe a la necesidad, la medida se encuentra satisfecha, al considerar que, de persistir en el cargo, el Jefe de Despacho Presidencial, podría eventualmente, desplegar comportamientos abusando del ejercicio de sus funciones”.

Así mismo, señaló que “respecto de la proporcionalidad en sentido estricto, se colige que, la restricción al derecho no es mayor al interés que se busca proteger, por el contrario, se tiene que la afectación del señor Alfredo Saade Vergel, valorada conforme al interés protegido, no representa tal intensidad, por cuanto este interés es de superior importancia dada la afectación que se podría generar frente a valores esenciales como la garantía en la prestación del servicio de expedición de pasaportes, que resulta inescindible al derecho a la libre locomoción”.

“Así, lo que se busca con esta medida es preservar el adecuado desarrollo de la actividad contractual que le compete al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la función pública”, agregó.

Vale recordar que el pasado 9 de julio la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, así como contra Saade por la licitación de los pasaportes.

Según la Sala Disciplinaria de Instrucción del ente de control, los funcionarios habrían incurrido en presuntas irregularidades al momento de garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos.

En el caso de Saade se investiga su presunta extralimitaión en el ejercicio de sus funciones al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes.

Lo anterior se dio luego de que Sarabia denunciara que Saade intervino directamente en el proceso de transición en la contratación de pasaportes sin consultarla.

Según contó la excanciller, el jefe de despacho convocó a su equipo para darles instrucciones contrarias a las suyas: mientras ella pedía avanzar en una prórroga del contrato con Thomas Greg que vence el primero de septiembre, él les habría ordenado retrasar la asignación de citas para “hacer rendir” el inventario actual.

Vale recordar que el pasado 6 de agosto el ente de control disciplinario visitó las oficinas de la Imprenta Nacional y encontró “respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes (...) de parte de funcionarios de la Imprenta Nacional sobre la justificación de la necesidad y los estudios previos para la celebración del convenio entre Cancillería y Portugal, para fabricación y suministro de pasaportes”, según informó en un comunicado.

Así mismo, mencionó que “encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo”.

El Ministerio Público explica que, por ejemplo, en la solicitud del sustento fiscal y financiero para adquirir compromisos por más de 1.3 billones de pesos, se dieron cuenta de que se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin tener la autorización del CONFIS y de un documento CONPES, como lo señala la ley. “Lo anterior, sumado a que no se presentó ante la Junta Directiva el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato”, añadió la Procuraduría.

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