Por invertir 8.000 millones de pesos de regalías en la salud de la población no afiliada en Antioquia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) impuso una multa, en primera instancia, de 20 salarios mínimos legales vigentes ($14.754.340) al exgobernador y actual precandidato presidencial Sergio Fajardo.
Si bien el DNP, en la resolución 4025 de noviembre de 2017, aclaró que la destinación de recursos se hizo para un fin loable, en tanto a los departamentos les compete el pago de la atención en salud de la población más pobre, eso dineros eran para el desarrollo económico de las regiones y para incrementar su productividad a través de las mejoras en competitividad.
A la luz de la Sentencia C-340 de 2017 de la Corte Constitucional, la entidad consideró que habría una lesión al patrimonio público, representado en el perjuicio y detrimento de bienes o recursos públicos.
Según Fajardo, el proyecto fue aprobado en OCAD departamental el 4 de Octubre de 2012. En ese OCAD participó el Gobierno Nacional y los alcaldes como representantes del departamento y obtuvo tres votos de tres posibles.
“Interpondré un recurso de reposición. Respeto los criterios del DNP, pero no los comparto. La sanción no tiene mérito alguno dado que cubrir los servicios de salud de los más pobres es un proyecto de inversión”.
¿Podría haber inhabilidad?
John Fernando Restrepo, constitucionalista y decano de Ciencias Sociales de la U. de Medellín, explicó que esta sanción no representa inhabilidad porque es susceptible de apelación, en tanto es un acto administrativo sobre el que profiere la solicitud de nulidad y el recurso de reposición.
Al respecto Felipe de Vivero, docente de Derecho Administrativo de la U. de los Andes, dijo que aunque la sanción no está en firme, ordena reportar a organismos de control, “y estos sancionan si se podría tornar en inhabilidad”.
¿Móviles políticos?
Fajardo manifestó que, aunque el país está en un proceso electoral, confía en que las instituciones actuarán en el marco de la legalidad.
Analistas consultados recordaron que el DNP está en manos de la ‘Casa Gaviria’, que tiene candidato a la Presidencia, Humberto de la Calle.
Miguel Silva, docente de Ciencia Política de la U. P. Bolivariana, afirmó que ojalá está sanción contra Fajardo no tenga que ver con intereses políticos para favorecer a De La Calle. “Eso sería muy delicado institucionalmente. Lo que si es cierto es que al ser candidatos la ‘lupa’ aumenta”.
Para Julián Mazo, del Centro de Análisis Político de la U. Eafit, De la Calle no ve en Fajardo un competidor, sino un posible aliado. “Es un actuar de las instituciones autónomo e independiente a la época electoral que ya se vive”.
