En una carta enviada al presidente de la Comisión de Investigación de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Nicolás Guerrero, cuatro estudiantes solicitan que inicie una investigación contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que llevaban el caso del fallecido excongresista Óscar Arboleda Palacio (Partido Conservador), por presuntos nexos con paramilitares.
Según Felipe Duque, estudiante de Derecho de la Universidad Americana, Adriana Diosa Taborda (Educación Física - Sena), Orlando Otero (Gobierno Local - Sena) y Edwin Marín (Derecho - Universidad Cooperativa), se requiere iniciar una pesquisa “en contra de los magistrados de la Sala Penal, para que se aclare por qué no se había tomado la decisión de fondo en este caso, y por qué, a sabiendas de sus calidades personales, de su edad y enfermedad, aún pesaba sobre él una injusta e ilegal medida de aseguramiento”.
Recuerde: Murió el político antioqueño Óscar Arboleda Palacio
Los estudiantes solicitan en la misiva que se evalúe si para dicho proceso se vulneraron el derecho penal, el debido proceso y los derechos humanos. “Creemos que en este caso y en otros se vienen violando principios como la presunción de inocencia, el respeto por la libertad individual y la dignidad humana”, agregan.
Trayectoria y prisión
El deceso del excongresista conservador se produjo el pasado 21 de agosto, tras haber enfrentado un cáncer. Fue concejal, diputado de Antioquia, secretario de Tránsito y Hacienda de Medellín; secretario de Educación y Obras Públicas de Antioquia. Además fue gobernador encargado en seis oportunidades.
Fue elegido a la Cámara de Representantes por el sector político del exgobernador y exsenador Luís Alfredo Ramos Botero. Igualmente fue parlamentario Andino.
En ese cargo, la Corte Suprema de Justicia lo señaló de tener nexos con paramilitares asentados en Antioquia, quienes buscaban apoyo para sacar adelante la Ley de Justicia y Paz para su desmovilización.
Tras un largo proceso, en septiembre de 2013 la Corte lo sentenció a detención intramural. Un año después y por un dictamen de Medicina Legal que certificaba que el político padecía un carcinoma en el estómago, recibió la medida de casa por cárcel.
Dos años después, en diciembre de 2016, la Corte le decretó libertad provisional. Desde ese momento se encontraba a la espera de la decisión definitiva del alto tribunal, pese a que se habían vencido los términos legales.