Mientras los ataques con drones contra la Fuerza Pública pasaron de 61 a 333 en un año, el contrato para crear el Escudo Nacional Antidrones sigue envuelto en cuestionamientos por retrasos, cambios técnicos y viajes a Qatar, a Turkia y a India de funcionarios del Ministerio de Defensa.
Ahora es muy posible que sea el gobierno de Abelardo de la Espriella quien deba decidir sobre el proyecto, cuya asignación es de unos $ 6,3 billones.
El Escudo Nacional Antidrones busca fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública frente al creciente uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales. La iniciativa contempla una primera inversión cercana a $ 800.000 millones, que aún no está saldada.
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Aunque en el cronograma se estimaba que para mayo ya habría una firma, la etapa inicial aún no se ha adjudicado; y es probable que sea el gobierno entrante el que deba decidir si mantiene el proceso tal como fue estructurado por la administración saliente o si introduce cambios.
El representante José Jaime Uscátegui pidió a la administración entrante que se haga una revisión integral antes de “firmar a ciegas” y comprometer esos recursos públicos.
La necesidad del sistema fue planteada por el propio presidente Gustavo Petro tras el aumento exponencial de los ataques con drones hace ya varios meses.
Y el ministro Pedro Sánchez ha dicho que el proceso avanza, pero también ha reconocido que los requerimientos se ajustaron por el cambio en las amenazas.
De acuerdo con Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y experto en la materia, las primeras tecnologías evaluadas por el Gobierno estaban diseñadas para enfrentar drones convencionales controlados por radiofrecuencia, mientras que organizaciones como el ELN y algunas disidencias ya emplean drones guiados mediante fibra óptica. Dice que el Estado no sabía muy bien ante qué se estaba enfrentando y, por ello, no sabía qué pedir como requisitos técnicos a las empresas.
El proceso supuestamente comenzó el 16 de enero de 2026, cuando el Ministerio reunió a empresas interesadas en participar. En ese encuentro se anunció una convocatoria abierta y se informó que los proveedores deberían realizar pruebas en Colombia con diferentes equipos de detección y bloqueo de drones.
Según el ministerio, unas 117 empresas estuvieron interesadas, pero solo una cumplía los requisitos. Y esto habría sido uno de los puntos por los que se retrasado la firma del contrato.
Sin embargo, varios asistentes señalaron posteriormente que las especificaciones técnicas eran poco claras e, incluso, que el Estado todavía no tenía definido con precisión qué tipo de sistema necesitaba adquirir. “En lugar de definir primero las especificaciones y luego buscar quién podía cumplirlas, les pidieron a los proveedores que ofrecieran sus soluciones y después evaluarían cuál servía”, explicó una fuente enterada.
Pocos días después ocurrió uno de los episodios más cuestionados del proceso.
El 20 de enero, el ministro Pedro Sánchez viajó a Catar -en un evento pagado casi en su totalidad por el gobierno de ese país- para asistir a la feria internacional de defensa Dimdex. Allí sostuvo reuniones con empresas del sector, entre ellas la estatal catarí Barzan Holdings.
La semana siguiente, la entonces viceministra Angélica Verbel también viajó a Turquía para reunirse con la empresa MKE y otros fabricantes del sector.
EL COLOMBIANO, sin embargo, encontró que desde junio de 2025 existía ese memorando de entendimiento entre Colombia y Turquía como la antesala al interés de la empresa MKE Corporation por vender el sistema antidrones. Y que presuntamente habrían intereses de otros ministros en el tema, aunque luego el ministro de Defensa salió a decir que no había injerencia de nadie sobre el proceso.
De acuerdo con Uscátegui, estos cambios dieron la impresión de que el proceso dejó de responder a una licitación abierta para favorecer acuerdos con determinados gobiernos. Por ello, pidió a la administración entrante revisar si la contratación ”cumple con los más altos estándares de transparencia, competencia y conveniencia para el país”.
Ahora, trascendió que el Gobierno negocia la adquisición por $800.000 millones en sistemas antidrones con proveedores de India y compañías estadounidenses. Y una de las alternativas que se estaría analizando es una compra combinada entre ambos países, bajo el supuesto de que sus sistemas son compatibles y pueden operar de manera conjunta.
Sin embargo, persisten dudas sobre la experiencia de los proveedores indios en este tipo de tecnologías y escenarios de combate.
Más allá de las discusiones sobre transparencia, especialistas también han advertido riesgos relacionados con la tecnología que finalmente termine adquiriéndose.
Acero explicó a este medio que los grupos armados ilegales han modificado rápidamente sus capacidades. Y expertos advierten que el problema no se resuelve únicamente adquiriendo sistemas antidrones.
Plantean la necesidad de una estrategia integral de defensa que combine regulación, protocolos de actuación, tecnologías de detección (como radares y sensores), mecanismos de neutralización (interferencia electrónica, drones interceptores, etc.) y capacidades ofensivas para ubicar y atacar a quienes operan estos dispositivos.
Según cifras del Ministerio de Defensa, durante 2025 se registraron 333 ataques efectivos contra la Fuerza Pública, frente a 61 ocurridos el año anterior. En total hubo 8.395 intentos de ataque, con un saldo de 20 militares asesinados y 297 heridos.
Falta ver el desenlace de este millonario contrato y qué decisiones tomará el nuevo gobierno.
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