Más de un millón de ciudadanos del departamento del Magdalena están habilitados para acudir este domingo a las urnas en una jornada atípica destinada a elegir al nuevo gobernador que completará el periodo constitucional hasta el año 2027 bajo un estricto dispositivo de seguridad coordinado por el Ejército Nacional y las autoridades civiles tras la decisión judicial que dejó vacante el cargo administrativo más importante de la región.
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El Ejército Nacional fortaleció la seguridad en todo el territorio magdalenense para blindar estas elecciones atípicas. El coronel Edwin Gustavo Díaz Delgado, comandante de la Segunda Brigada, confirmó que las tropas se encuentran preparadas y equipadas con todas sus capacidades para asegurar el normal desarrollo de los comicios de este 23 de noviembre de 2025.
La institución castrense dispuso de más de 1.650 soldados que se desplegaron en las diferentes áreas rurales del departamento con el objetivo principal de reforzar el control territorial y acompañar a la ciudadanía durante toda la jornada democrática.
Los uniformados mantendrán una vigilancia constante en los puestos de votación para contribuir a un ambiente de tranquilidad, confianza y transparencia. La Segunda Brigada articuló este dispositivo interinstitucional con las autoridades civiles, electorales y de Policía para atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera afectar el escrutinio.
Las autoridades invitaron a los habitantes del Magdalena a ejercer su derecho al voto sin temor y habilitaron las líneas gratuitas 147 y 107 para que la población denuncie cualquier hecho que altere el orden público desde teléfonos fijos o celulares.
¿Por qué tienen que volver a elegir gobernador?
Esta jornada electoral se realiza porque el Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Martínez, quien fungía como gobernador para el periodo 2024-2027. El alto tribunal determinó en mayo de 2025, y ratificó en julio del mismo año, que el exmandatario incurrió en la falta conocida como doble militancia.
Aunque Martínez pertenecía al movimiento Fuerza Ciudadana, apoyó públicamente a una candidata al Concejo de Santa Marta que militaba en el Partido de la U, lo cual está prohibido por la ley colombiana si no existe un acuerdo de coalición formal.
La normativa establece que cuando la falta absoluta de un gobernador ocurre cuando faltan más de 18 meses para terminar su periodo, es obligatorio convocar a nuevas elecciones. Por esta razón, la Registraduría Nacional del Estado Civil organizó este proceso atípico para definir quién ocupará el palacio departamental hasta el 31 de diciembre de 2027. El censo electoral confirmó que un total de 1.094.000 ciudadanos están habilitados para sufragar este domingo.
Tras el cierre de las inscripciones y el periodo de modificaciones, cuatro candidatos oficializaron su intención de dirigir el departamento. Por la coalición de Fuerza Ciudadana se presentó María Margarita Guerra Zúñiga, abogada con maestría en Derecho Público, quien trabajó en temas relacionados con la juventud y la educación; ella representa la continuidad del movimiento político que ha tenido fuerza en la región en los últimos años.
Por otro lado, aspira Rafael Emilio Noya García, exdiputado avalado por la coalición “En el Magdalena Cabemos Todos” y con el respaldo del Pacto Histórico. Noya García destacó en su gestión anterior como ponente de proyectos para la construcción de sedes universitarias y centros de vida para el adulto mayor, aunque enfrenta una investigación ante el Consejo Nacional Electoral también por presunta doble militancia y denunció supuestos usos indebidos de recursos públicos en la campaña rival.
El tercer candidato es Miguel Ignacio Martínez Olano, de la coalición ALMA, que agrupa a sectores como la Alianza Democrática Amplia y Colombia Justa Libres. Martínez Olano es abogado y ganó reconocimiento público por liderar el proceso jurídico que inhabilitó anteriormente a Patricia Caicedo en su aspiración a la Alcaldía de Santa Marta.
Finalmente, Luis Augusto “Lucho” Santana Galeth se inscribió por el partido Dignidad & Compromiso; este empresario del sector portuario centró su propuesta en la transparencia administrativa y la eficiencia fiscal, apoyado en su experiencia en el sector privado y la generación de empleo.
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