Cuando se pensaba que después de purgar una suspensión de tres meses por la Procuraduría, mientras se investigaba el desplome del edificio Blas de Lezo II, Manuel Duque podría volver a la alcaldía de Cartagena, esquivando así la mala racha de la heroica sobre sus mandatarios (era el sexto que quedaba afuera en cinco años), una orden de captura en su contra por presuntamente negociar la elección de la contralora distrital sepultó esta posibilidad y dejó a la capital de Bolívar acéfala nuevamente.
No es un caso aislado. Desde hace años, los entes de control han reportado un alto número de alcaldes que han sido investigados y algunos hasta dejaron sus cargos y, en la mayoría de casos, es por acusaciones de corrupción y contratación pública.
Para el caso de Duque, que está en pleno juicio, la Fiscalía lo acusa de haber interferido en la elección de la contralora Nubia Fontalvo, quien no tuvo los puntos necesarios para quedar en la terna final pero, aún así, fue incluida y salió elegida.
Por si fuera poco, el mandatario se encontraba suspendido porque la Procuraduría concluyó que no hizo esfuerzos suficientes para controlar las irregularidades en las construcciones de la ciudad, razón que habría influido en la tragedia del edificio Blas de Lezo, que se desplomó y acabó con la vida de 21 personas, el 27 de marzo pasado.
El problema es Nacional
A pesar de la magnitud de las acusaciones, no es el único caso de alcalde capturado y con líos en tribunales. En algo más de ocho meses que lleva este año, además de Cartagena, otros doce municipios se han quedado sin mandatarios, algunos casos en ciudades capitales como los son Yopal y Montería.
Revisando cada expediente, se repite como en un guión, que los políticos malversaron recursos, dieron contratos a dedo o transaron complots para dar puestos, todos a cambio de beneficios políticos o económicos para cada uno de ellos.
La Misión de Observación Electoral, MOE, lleva una estadística juiciosa de estos casos y da cuenta que desde que inició el periodo, 30 alcaldes de los 1122 del país han sido capturados y enviados a prisión.
De estos, seis fueron capturados incluso antes de tomar posesión de sus cargos.
Yendo un paso más atrás, la entidad reportó que antes de cerrarse las urnas, ya habían 50 candidatos capturados por delitos electorales.
La preocupación viene incluso desde el mismo proceso electoral, pues según reportó la Fiscalía General de la Nación, días antes de celebrarse las elecciones regionales en 2015, tenía abiertas aproximadamente 103.000 investigaciones contra candidatos inscritos para la disputa.
Actualmente, el ente acusador mantiene bajo investigación a 230 alcaldes que están acusados por casos de corrupción en el país.
En el pasado periodo nueve fueron sancionados por delitos penales y 174 fueron encausados por faltas disciplinarias. En 71 casos fueron removidos del cargo, reportó la MOE.
Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, estas investigaciones engloban más de 450.000 millones de pesos que habrían resultado comprometidos por las actuaciones irregulares que podrían haber protagonizado.
Tal manto de dudas sobre la ética y moral de los candidatos puede ser explicado por que la burocracía y dinero que maneja un municipio, en contraste a las limitaciones de los entes de control a nivel local, hace de una alcaldía un jugoso botín político.
Así lo definía a la revista Semana, con sorprendente claridad y descaro, el condenado senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, otrora cacique de la política del pacífico, quien aseguró que “la plata que deja una alcaldía no la deja un embarque (de droga)”.
La lupa a los partidos
Aunque 30 pueda no ser un número robusto, pues corresponde solo al 2,6 % de mandatarios del país, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, pidió no minimizar el impacto que tiene que las alcaldías se vuelvan puertas giratorias.
“Estamos hablando de municipios completos, de miles de ciudadanos, a los que no se les puede hablar de sostenibilidad, desarrollo y seguimiento de políticas porque el mandatario se la pasa entre la cárcel y el despacho”, aseguró.
Tal inestabilidad, en últimas genera una cantidad nada despreciable de llamados a elecciones atípicas, que tienen costos altos para el Estado y un debilitamiento de la figura del alcalde.
Por eso Barrios recalca que la lupa no debe estar en el candidato X o Y sino que directamente se tiene que tocar al partido o colectividad que le da el aval a personas con algún manto de duda.
“La figura actual de la ley acaba premiando estos partidos”, explicó, “si el alcalde sale, dejan en manos del mismo partido político elegir un reemplazo y ese que queda, se encarga de convocar elecciones en las que esa misma colectividad puede participar. ¡Es inaudito!”.
Por ello, la MOE criticó duramente que la Reforma Política no incluya castigos más duros a las colectividades que patrocinan alcaldes con prontuario.
La propuesta que al final no quedó, incluía que el partido no elija al reemplazante, sino que lo hiciera el que quedó segundo en las elecciones y que los responsables paguen parte de la elección atípica y que queden vetados de la próxima votación.
“Hay algo comprobado y es que si las sanciones son mayoritarias y no particulares, sí hay un cambio. Dejemos de pensar en quién culpamos y miremos en el colectivo”, concluyó Barrios.
Una gestión reducida
La efectividad en la gestión de los cuatro años de periodo de un alcalde en Colombia preocupa a la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios.
Gilberto Toro, director ejecutivo del ente, aseguró que ya es suficiente que los alcaldes en realidad solo gobiernen durante dos de esos años, como para que quienes salgan elegidos deban abandonar por su situación jurídica.
“El periodo de los mandatarios es de 4 años que, como lo hemos dicho mil veces, se reduce prácticamente a la mitad por la estructura del mandato. Los alcaldes en el primer año de Gobierno no ejecutan su programa porque tiene que tratar recursos establecidos y priorizados por el Gobierno anterior, porque tiene que hacer su plan de desarrollo y después la gobernabilidad se ve afectada por la ley de garantías, entonces terminan gobernando 2 años”, explicó.
Agregó que “eso significa que los colombianos, cuando elegimos los alcaldes, estamos esperando que durante el tiempo que es posible, gobiernen de manera eficiente; al ser suspendidos, esa posibilidad de realizar y ejecutar un plan de desarrollo serio, que tenga impacto en el bienestar de las comunidades se ve afectado. El tema es que, en Colombia, ser alcalde significa ser objeto de todo tipo de bloqueos, por parte de los contradictores para impedir las labores del mandatario de turno; porque la idea es que, si lo hace mal o no lo puede hacer bien, el contradictor tiene oportunidad en las siguientes elecciones de remplazarlo”.
Toro manifestó que las dificultades superan la misma telaraña de la corrupción. Sostuvo que al año se expiden unas 3.000 normas municipales que generan una “maraña” de reglas que hacen muy difícil gobernar.
“A eso también tenemos que sumarle que lamentablemente los organismos de control son utilizados por los enemigos para tratar de impedir que un alcalde gobierne o para tratar de suspenderlo del ejercicio del cargo, porque eso le da rendimientos políticos a los contradictores”, señaló.
Asimismo, salió en defensa de los alcaldes, al argumentar que “no es que sean suspendidos porque violen las normas de manera consciente, algunos incluso están convencidos que no violaron la normatividad. Muchos terminan en estos procesos porque se equivocaron en la interpretación de una norma, o porque faltaron una serie de formalidades”.
Radiografía
De los 30 alcaldes que han sido capturados desde el momento de su elección en 2015, el 56 % fue por causas de corrupción y el 33 % para responder por delitos electorales, como la compra de votos. Es decir que la gran mayoría han tenido que responder por prácticas que se engloban dentro de la llamada “politiquería”.
El porcentaje restante son casos judiciales de mayor envergadura: uno terminó tras las rejas para responder por un secuestro, otro por una presunta violación y otro por lavar activos. (Ver recuadro)
El partido al que pertenecían más mandatarios capturados es Cambio Radical, con 12 (4 de ellos tenían su aval como parte de una coalición), seguido por el Partido Conservador (8), Opción Ciudadana (6), el Partido Liberal (5), el Partido de la U (4) y dos más pertenecían a un grupo significativo de ciudadanos.
No deja de ser alarmante que siete alcaldes ni siquiera llegaron a juramentarse tras su triunfo en las urnas, pues ya se encontraban capturados.
Para la MOE, preocupa especialmente el incremento en el número de mandatarios capturados este año. Mientras en todo 2016, pasaron 11 alcaldes por la “guillotina” de la justicia, en lo que va del actual, ya la suma llega a 13 y amenaza con aumentar.
Es justo anotar también que cuatro de estos personajes fueron liberados meses después de su captura, aunque uno de estos casos, el de Arauca, salió por vencimiento de términos.
14 alcaldes que han sido llamados a rendir cuentas ante la justicia provienen de la región Caribe, otros 10 de la región Andina, 4 son de los Llanos y dos restantes, del Chocó.
Si bien una captura es un hecho preocupante para la imagen y solidez de las alcaldías, no es un dato menor la enorme cantidad de estos mandatarios que han sido castigados por la Procuraduría, así la sanción no haya llegado al punto de la destitución.
Acorde al último informe de gestión del ministerio público, en 2016 fueron sancionados 135 alcaldes por distintas faltas disciplinarias, una cifra que bajó en comparación al año anterior, el último del pasado periodo de mandato, en el que fueron 196.
La Procuraduría informó que en total, sancionó a 764 alcaldes durante el pasado periodo de gobierno local, entre 2012 y 2015.
Estas cifras muestran además que los alcaldes son los funcionarios más castigados por este ente de control en lo que va de esta década.
Las reformas
Como la mejor cura para un mal es la prevención, expertos consultados por EL COLOMBIANO aseguraron que en la Misión Electoral Especial y la Reforma Política están puestas las esperanzas para que esa puerta giratoria entre la alcaldía y la prisión cese.
En la Misión Electoral Especial se propone, que además de la Procuraduría para los temas disciplinarios, de la Contraloría para lo relacionado con recursos económicos y de la Fiscalía para los delitos penales, la creación de tres entes distintos que tendrían poderes de vigilancia y judiciales para resolver las irregularidades que se presenten en la convocatoria a elecciones, el control de los partidos políticos, la administración de recursos y atender las demandas contra los resultados de una elección.
El músculo de estos entes tocaría a las colectividades y cambiaría los cálculos para elegir y avalar candidatos.
Aunque la Reforma Política fue acusada de no darle muchos dientes al tema, abre la posibilidad de sacar la recolección de firmas para inscribir candidatos, que ha sido el as bajo la manga de los aspirantes en los últimos años.
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sanciones disciplinarias cayeron sobre servidores públicos en 2016, según cifras de la Procuraduría.
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