A pocos días de la primera vuelta del 31 de mayo, las denuncias por garantías electorales, la seguridad de las campañas y el impacto de la desinformación en el proceso democrático han tomado fuerza. La discusión volvió a escalar este miércoles durante la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Manizales.
Allí, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó los señalamientos sobre presunta participación del Gobierno en política, pues aseguró que el Ejecutivo “no está haciendo campaña”.
Además, el funcionario negó que desde el Gobierno se estén destinando recursos oficiales o promoviendo presiones sobre funcionarios públicos para favorecer aspiraciones presidenciales.
Las declaraciones coincidieron con una nueva controversia alrededor de la participación de servidores públicos en política. La Procuraduría suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, después de que expresara públicamente su respaldo al candidato Iván Cepeda durante una entrevista.
El episodio alimentó las críticas que desde hace varias semanas vienen formulando campañas y sectores políticos sobre las condiciones de transparencia y equilibrio de la contienda electoral.
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Por medio de sus redes sociales, la candidata Claudia López aseguró que conocía las presiones que estarían ejerciendo varios grupos armados por, presuntamente, votar por cierto candidato presidencial. No señaló a ninguno en específico, aunque en el debate que organizó este diario sí señaló directamente al candidato del Pacto Histórico.
“Plomo por un lado, clientelismo por otro, falta de debate y además ni siquiera hay reglas para acceder a financiación pública”, sostuvo en X. Mientras que durante el debate presidencial de EL COLOMBIANO, aseguró: “están presionando en los territorios para votar por Cepeda”.
En esa misma línea, Valencia denunció, en medio de un debate presidencial, que le llegaron denuncias ciudadanas del Valle del Cauca en las que varios aseguraron que les dijeron: “El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, pues vamos a ver qué pasa”.
Sumado a eso, hace una semana, el diputado del Centro Democrático del Valle del Cauca, Rafael Rodríguez, aseguró que grupos armados les están prohibiendo hacer campaña por la candidata del partido: Paloma Valencia.
A las tensiones políticas se sumaron nuevas advertencias sobre seguridad y riesgo institucional.
La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó un aumento de municipios catalogados en riesgo extremo de cara a la jornada presidencial y advirtió que el escenario actual está marcado por violencia, presión de grupos armados, circulación de desinformación y ataques digitales.
La organización también expresó preocupación por el crecimiento de discursos que buscan sembrar dudas anticipadas sobre la legitimidad de los resultados electorales, una situación que —según alertó— podría afectar la confianza pública en el proceso democrático.
Aunque el organismo no señaló a nadie directamente, el presidente Gustavo Petro ha sido una de las figuras públicas que más ha insistido en desestimar la legitimidad de las elecciones.
En abril, a través de su cuenta en X, el jefe de Estado cuestionó una intervención del registrador nacional, Hernán Penagos, quien afirmó que “la entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática” y que “en Latinoamérica a nadie se le ocurre entregar o solicitar el código fuente”.
También advirtió que los riesgos de vulnerabilidad y posibles ataques a ese código son “altísimos”.
En uno de sus habituales mensajes extensos, Petro calificó esas declaraciones como falsas y sostuvo que, en el mundo, la mayoría de países no utilizan software con código fuente privado, sino que este es propiedad de los Estados.
En ese momento, el mandatario volvió a insistir —pese a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca— en que la Registraduría estaría incumpliendo la entrega de dicho software.
En cuanto a las amenazas más presentes en los territorios, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, aseguró en entrevista con Semana que:
”En municipios y departamentos está la utilización de recursos ilegales, el tema de la compra de votos, del ofrecimiento de bienes y servicios del Estado para que se vote por determinadas candidaturas y la participación en política de funcionarios públicos”.
¿Qué dice el Gobierno Nacional?
En respuesta a las alertas, el Ministerio del Interior aseguró que desde marzo se reforzaron las medidas de protección para campañas y aspirantes presidenciales.
Según el balance oficial, fueron asignados más de 460 policías, más de 260 integrantes de la Unidad Nacional de Protección y 94 vehículos blindados para reforzar la seguridad electoral.
La cartera política también informó que se han realizado cerca de 450 actividades de acompañamiento en distintas regiones del país, con participación de más de 11.400 miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad.
Durante la comisión electoral también se revisó el balance de denuncias recibidas por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), que reporta 60 casos relacionados con presuntos hechos de corrupción electoral, constreñimiento al votante e intervención en política.
Ante el aumento de las alertas, el Gobierno anunció que reforzará la presencia institucional en los territorios considerados de mayor riesgo y confirmó una nueva reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), donde se evaluarán nuevas acciones de seguridad.
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