Se ha desatado, en medio de la implosión causada por el muy comentado Consejo de Ministros, una serie de noticias que muestran el supuesto nivel de corrupción que habría al interior de la presidencia de Gustavo Petro. Y tras las filtraciones y revelaciones ha quedado el tufo de que las anomalías vienen de tiempo atrás y, supuestamente, a espaldas del actual jefe de gobierno.
Hay quienes le han restado peso a un asunto muy importante en la red política que tendría el ahora conocido contrabandista Diego Marín, alias “Papá pitufo”. No hay que echar en saco roto que en marzo de 2015 —cuando siendo alcalde de Bogotá ya enfilaba su campaña presidencial—, Petro nombró como director del Instituto Para la Economía Social-IPES a Camilo Gómez Castro, quien ha sido identificado por la Fiscalía como “la mano derecha” de Marín.
El IPES jugó un papel muy importante en el proceso de reubicación de los vendedores de San Victorino, y tiene una incidencia directa sobre los mercados informales que existen en el centro de la ciudad, donde es un secreto a gritos que se mueve una buena parte del contrabando que llega a Bogotá.
Dentro de todas las cosas que impulsaron la campaña presidencial, el apoyo de los vendedores informales fue muy importante. Además de la reubicación y de lograr un discurso de defensa de los derechos humanos que básicamente no permite casi a las autoridades revisar lo que venden los informales, Petro prometió entregar a título gratuito locales en un edificio que a hoy no se ha construido en la carrera novena entre calles octava y novena, justo en el sector de San Victorino.
A pesar de no haber sido construido, las familias de los vendedores de hace diez años reclaman la propiedad que el entonces alcalde prometió a cambio de los apoyos electorales. Por el mismo tiempo en que González Castro estuvo al frente del IPES, Nicolás Corso Salamanca era gerente de Metrovivienda (hoy imputado por la celebración indebida de un contrato, donde entregó también a título gratuito un predio en Bosa a unas personas que afirman que se lo prometieron a cambio de votos) y Helga María Rivas (hoy ministra de Vivienda) era secretaria de Hábitat.
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Entre ellos, se diseñó y ejecutó el proyecto de vivienda de interés prioritario “Victoria parque comercial y residencia”, que son los edificios de colores que pueden verse sobre la Avenida Caracas entre calles 9 y 10, siendo este el único de todos los proyectos de vivienda de interés prioritario que se pensó, contrató y ejecutó en un tiempo récord de tres años.
La entrega de Victoria es inusual porque parte de los fracasos de Petro en la Alcaldía fue su fallida política de vivienda, donde según la Contraloría de Bogotá a 2020 (4 años después de finalizar su período de alcalde) sólo se había entregado dos proyectos completos de vivienda porque no se lograban identificar los adjudicatarios.
A hoy, según un informe de 2024 de la misma entidad, sigue sin encontrar a quien adjudicar las viviendas que fueron construidas supuestamente para los más pobres. El proyecto Victoria finalmente se construyó y se adjudicó en totalidad.
¿Quiénes viven en las viviendas del proyecto Victoria parque comercial y residencia?
Se entregaron cerca de trescientas unidades de vivienda que jamás han servido para que vivan los más pobres, sino que desde el principio han sido empleadas como bodega para los comerciantes de San Andresito y San Victorino sin que nadie pueda hacer nada, porque la justificación de la hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá-ERU (que recibió por absorción a Metrovivienda) dice que son propiedad privada y nadie puede ni siquiera saber qué tipo de mercancía guardan, pues todas están registradas como viviendas.
Adicionalmente, la renovación hace años de San Victorino llevó a la idea de la construcción del Centro Comercial Cielos Abiertos, lo que ha estado detenido desde hace más de 15 años. Uno de los obstáculos a recordar fue que, durante el gobierno de Samuel Moreno, el predio se adjudicó a Urbe Capital, de propiedad de Emilio Tapia, parte del carrusel de la contratación en Bogotá, teniendo como interventora a la empresa Ponce de León, de la cual hacía parte el grupo Nule.
Con la llegada de Petro y su gran alianza con los informales de este sector, se prometieron locales en propiedad, se limitaron los operativos de policía, pasaba la mercancía que nadie vigilaba y además se bloqueó la construcción de Cielos Abiertos que, a pesar de estar ubicada en el sector comercial más caro de Bogotá (entre 3.5 y 7 millones de pesos por metro cuadrado), y donde se concentra el mayor comercio de la ciudad, al parecer no le resulta rentable a nadie y todas los procesos de adjudicación de derechos fiduciarios han sido declarados desiertos.
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En este predio, rodeado desde siempre por las alas de la corrupción, hoy funciona una estructura móvil que paga cerca de 600 millones de pesos mensuales a la ERU por el arriendo, representada por unas personas a las cuales les resulta muy conveniente mantenerse en ese predio, pero que además hoy son los únicos oferentes en el proceso de adjudicación de derechos fiduciarios que cursa.
Todo esto pasa en un mismo sector entre las calles 6 y 13 y carreras 10 y la Avenida Caracas, justo en el sector más conveniente para la movilidad del comercio de contrabando y otros mercados irregulares y hasta ilegales que suceden en esta zona.
Una zona sin ley prácticamente que ha dejado a sus anchas al contrabando, y que tuvo —al parecer— un gran empuje por parte de la alcaldía de Gustavo Petro, que hoy dice haber conocido a Papá Pitufo apenas en 2021 en su precampaña, pero al que misteriosa y casualmente le habría nombrado a su supuesta mano derecha como director del IPES, donde evidentemente podía fortalecerlo. Esta suspicacia puede no ir más allá de varias coincidencias que pueden resultar extrañas.
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Pero qué interesante que las autoridades y entes investigativos ahondaran en las relaciones que se dieron durante la Alcaldía de Petro y que pusieron al parecer más de 300 bodegas para el comercio (no se sabe si legal) con la fachada de viviendas de interés prioritario, lo que fortalecería el contrabando.
¿Será cierto que hasta ahora Petro conoció a Pitufo y que el nombramiento de Gómez Castro no tuvo nada que ver con fortalecer el contrabando en Bogotá? O ¿el señor Gómez Castro aprovechó su cercanía con estos comercios para volverse indispensable para Diego Marín? ¿Todo habrá sucedido a las espaldas de Petro desde que era alcalde?
