Cuando Abelardo De la Espriella se posesione como presidente el próximo 7 de agosto, encontrará sobre su escritorio uno de los legados más complejos del gobierno Petro: 22 Entidades Territoriales Indígenas (ETI) formalizadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con facultades para administrar recursos públicos, ejercer gobierno propio y controlar vastas extensiones del territorio nacional.
Para el gobierno saliente es una reparación histórica; para sus críticos, una profunda reconfiguración del Estado hecha por decreto y con múltiples interrogantes legales aún sin resolver.
El caso más visible de esta transformación se encuentra en la Alta Guajira. En jurisdicción de Uribia, la ANT delimitó Wuinpumüin, la nueva ETI indígena de la Zona Norte Extrema, creada mediante el Decreto 482 de 2025 y formalizada por resolución en 2026.
El territorio abarca 257.408 hectáreas e integra nueve corregimientos estratégicos, desde Nazareth hasta Puerto Estrella y Castilletes, en la frontera con Venezuela.
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Allí, sus autoridades podrán administrar directamente recursos para salud, educación, agua potable e inversión social, funciones que históricamente dependían del municipio de Uribia.
Como representante legal de esta nueva zona delimitada figura Custodio Wouyurí Valbuena, hermano de Armando, antiguo promotor de la Asamblea Constituyente de Petro, un dato que ha añadido un matiz político adicional a un proceso que el Ejecutivo defiende como cumplimiento de la Constitución de 1991.
Esa agremiación de Armando y compañía, vinculada a la ETI, es Wayúu–Araurayú, que ha sido representada por Custodio. Entre febrero de 2023 y febrero de 2026, como reveló EL COLOMBIANO el mes pasado, esta organización suscribió contratos por más de $20.038 millones con entidades nacionales y territoriales, entre ellas el ICBF, DANE, las alcaldías de Uribia y Riohacha, y otras.
Pero Wuinpumüin es apenas la punta del iceberg. El mapa construido por la ANT se extiende desde la Alta Guajira hasta la profundidad de la Amazonía.
Bajo el argumento de una omisión legislativa del Congreso en la reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas, el gobierno Petro se apoyó en decretos expedidos en 2014, 2018 y 2025 para avanzar en su formalización.
El resultado es una nueva geografía institucional que incluye territorios de enorme extensión en la Amazonia como Arica con más de 1,48 millones de hectáreas; Yaigojé Apaporis, con 1,23 millones; y Mirití Paraná, también superior a 1,2 millones de hectáreas.
En el suroccidente del país, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) administra formalmente más de 282.000 hectáreas, mientras que los descendientes de los pueblos Pastos y Quillasingas ejercen autoridad sobre otras 72.947 hectáreas. Sobre el papel, este rediseño territorial busca saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas y fortalecer su autonomía dentro del marco constitucional.
En la práctica, sin embargo, abre una serie de interrogantes de alto impacto para el nuevo gobierno, de acuerdo a lo conversado desde EL COLOMBIANO con distintos expertos.
Estas entidades manejarán recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y, en algunos casos, regalías, pero aún no está completamente claro cómo operarán los mecanismos de control fiscal, quién asumirá responsabilidades en caso de irregularidades ni cómo se garantizará la transparencia en la ejecución de los recursos.
A ello se suma el debate sobre la propiedad privada. Aunque la ANT ha señalado que estos procesos no tienen efectos en suelo urbano, persisten dudas sobre los predios rurales formalmente titulados que quedan dentro de los nuevos perímetros, un escenario que podría desencadenar conflictos jurídicos entre propietarios, comunidades indígenas y autoridades estatales.
Otro punto crítico es la delimitación territorial, ya que muchas de estas zonas fueron definidas mediante ejercicios de cartografía social y verificaciones técnicas de la ANT en coordinación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Este proceso combina la visión ancestral de las comunidades con herramientas técnicas del Estado: equipos interdisciplinarios recorren el territorio para identificar linderos y realidades sociales, apoyados por geógrafos y topógrafos que analizan capas cartográficas y fijan puntos con GPS.
En el terreno, líderes de las propias comunidades orientan la delimitación según su conocimiento tradicional, mientras equipos de diálogo social acompañan la resolución de conflictos previos, lo que convierte la cartografía social en un ejercicio clave de integración entre saberes indígenas y precisión técnica estatal.
Sin embargo, ese despliegue social no sería suficiente, pues si esas delimitaciones no coinciden con la cartografía oficial de municipios y departamentos, el país podría enfrentar disputas por linderos, acceso a recursos hídricos, uso del suelo y competencias administrativas dentro de las 22 nuevas ETI que deja el actual Ejecutivo. En paralelo, el frente jurídico permanece abierto.
Diversos analistas consideran que las resoluciones de la ANT y algunos decretos reglamentarios del Ministerio del Interior podrían ser objeto de demandas ante las altas cortes, lo que abriría un escenario de alta incertidumbre institucional, con efectos directos tanto para las comunidades como para las autoridades locales.
Para el gobierno saliente, este proceso representa el cumplimiento de una promesa histórica de reconocimiento a los pueblos indígenas y un avance en la construcción de un Estado pluriétnico y multicultural. Para sus críticos, en cambio, se trata de una transformación profunda del modelo territorial colombiano, implementada sin una ley orgánica de respaldo suficiente y con potencial de generar una estructura paralela de poder.
Este diario intentó obtener una respuesta de la Agencia Nacional de Tierras a este tema, pero nos indicaron que por el momento dicha entidad no dará declaraciones al respecto por “motivos de empalme”.
El dilema de la autonomía
El nuevo gobierno recibirá un mapa donde 22 territorios indígenas ya funcionan como organizaciones político-administrativas de carácter especial, con la potestad de administrar directamente recursos del SGP y regalías que las alcaldías les entreguen.
Esta autonomía busca financiar proyectos vitales como pozos de agua potable, salud y educación, pero abre una interrogante sobre la vigilancia de estos fondos.
Las fuentes consultadas plantean una preocupación latente: existe el riesgo de que el dinero se desvíe hacia “gastos de oficina” o se pierda en la corrupción en lugar de llegar a los cultivos y comunidades.
Además, persiste la duda jurídica sobre quién asumirá la responsabilidad legal ante la justicia si los recursos de los proyectos agrícolas se manejan mal o simplemente desaparecen, pues las alcaldías no tienen injerencia en estas ETI.
¿Y la propiedad privada?
Uno de los puntos de mayor fricción social es la incertidumbre sobre el derecho a la tierra de terceros. Aunque la normativa de la ANT declara inviable la delimitación en áreas de jurisdicción municipal o suelo urbano, el panorama para las zonas rurales es difuso.
No hay una respuesta clara en los procedimientos actuales sobre el destino de las personas que ya poseen títulos de propiedad privada, fincas o tierras legítimas dentro de los nuevos perímetros delimitados.
Este vacío administrativo se percibe como una mecha encendida para futuros litigios, especialmente cuando se deba coordinar con las alcaldías qué se puede construir o cómo se debe usar el suelo en estas áreas compartidas.
Cartografía social vs. lo técnico
La delimitación técnica de estos espacios no es un proceso meramente matemático; depende de una “cartografía social” realizada durante visitas al territorio para entender la realidad y los usos de las comunidades. El éxito de estos límites depende de la aprobación del IGAC, pero el riesgo de un choque con la realidad es inminente.
Si los mapas técnicos de la ANT no logran una coincidencia exacta con los planos oficiales municipales, las discrepancias no se quedarán en el papel. Las fuentes advierten que estas inconsistencias cartográficas podrían derivar en conflictos territoriales diarios por el acceso al agua o el uso de los pastos entre las comunidades y sus vecinos.
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Fragilidad sin ley del Congreso
A pesar de que la delimitación de territorios indígenas cuenta con un respaldo en la Constitución Política de 1991 (artículos 1, 7, 8, 329 y 330) y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, les fuentes identifican riesgos jurídicos significativos que surgen precisamente de la forma en que se están implementando ante el silencio del Congreso de la República.
Los principales riesgos jurídicos identificados, de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, radican principalmente en que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, está supliendo la omisión legislativa mediante decretos y actos administrativos de la Agencia Nacional de Tierras.
Las fuentes plantean explícitamente la duda de si estos decretos y resoluciones podrían ser anulados en el futuro mediante acciones legales ante las altas cortes, pues existiría un cuestionamiento sobre si es legal que el Ejecutivo cree estas entidades alegando simplemente que el Congreso no ha sacado la ley orgánica necesaria para su puesta en marcha definitiva en el país.
El inventario del millón de hectáreas, ¿funcionan como 22 “estados” autónomos?
Mientras la atención del país estaba puesta en las reformas del gobierno Petro, otro cambio de enorme calado avanzaba sin mayor debate público.
A punta de decretos administrativos, el mapa de Colombia comenzó a redibujarse: hoy existen 22 Entidades Territoriales Indígenas que concentran millones de hectáreas (ha), gobernanza propia y abren un nuevo capítulo en la organización política y administrativa del país.
La lista está encabezada por un verdadero coloso amazónico. El territorio Arica se extiende sobre 1.483.785 ha, convirtiéndose en la mayor de las 22 nuevas entidades territoriales. Apenas unos kilómetros detrás aparece “PANI (Piine Aiiyveju Niimue Iachimua)”, con 1.481.774 ha. Ambos conforman un bloque territorial de dimensiones comparables a varios departamentos colombianos.
En esa misma categoría figuran Mirití Paraná, con 1.234.100, y Yaigoje Apaporis, que alcanza 1.232.107. En La Guajira ya hay tres nuevas ETI, una de ellas completa el grupo de gigantes territoriales con 1.067.505 ha, mientras el Bajo Río Caquetá cierra el exclusivo club de los siete territorios que superan el millón al registrar 1.034.939.
La expansión continúa con extensiones que siguen siendo enormes en cualquier comparación nacional. Los Ríos Cotuhé abarcan 872.761 ha; el territorio de los ríos Atabapo e Inírida “(CIMTARA)”, en Guainía, suma 525.558; Pira Paraná alcanza 502.971; el Alto Río Guainía “(PAYAWIAYA JIWIDAM)” registra 484.739, y el bloque de los ríos Isana y Surubí “(TIURIS)” controla otras 413.467.
En el Cauca, uno de los epicentros de la organización indígena, el CRIC formalizó un territorio de 282.239 ha. En La Guajira, la zona “WUINPUMÜIN” de Uribia, a cargo de los hermanos Wouyurí Valbuena, concentra otras 257.408, mientras que el resguardo Ticuna, Kokama y Yagua-Ticoy, en Amazonas, suma 171.381.
La lista continúa con Río Tiquié (135.982 ha), Uitiboc (94.809), los Pueblos Pastos y Quillasingas en Nariño (72.947), la Asociación Ukawe’sx Nasa en Cauca (54.731), el Resguardo Kankuamo en Cesar (25.008), la Asociación Nasa Çxhãçxha (23.968), el histórico Resguardo de Guambia (19.157) y, finalmente, Mayabangloma, en La Guajira, con 1.400 ha. En conjunto, las 22 entidades conforman un nuevo rompecabezas territorial que transforma el mapa administrativo del país.
Para el gobierno entrante, el desafío no será únicamente coordinar estas nuevas estructuras de gobernanza, que tienen cada una independencia de las alcaldías de sus jurisdicciones, sino responder a un debate que apenas comienza: hasta dónde llega la autonomía de estos territorios, cómo se armoniza con la soberanía del Estado y qué efectos tendrá sobre la seguridad jurídica, la inversión y los derechos de propiedad en las regiones involucradas.
Expertos consultados por este diario consideran que el manejo de la chequera pública es otro frente de alta tensión en estos nuevos territorios delimitados por la ANT, ya que estos ahora administran directamente recursos del SGP y regalías.
La sombra de la corrupción planea sobre el proceso, planteando la duda de quién responderá legalmente ante la justicia si el dinero destinado a pozos de agua y cultivos termina evaporándose en “gastos de oficina” o en las grietas de la mala administración de cada asociación con representación legal.
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La convivencia administrativa entre las alcaldías y los nuevos consejos autónomos promete ser un campo de batalla institucional. La falta de coordinación para decidir el uso del suelo —qué se puede construir y qué no— amenaza con paralizar el ordenamiento territorial en departamentos clave.
En este esquema, “los alcaldes pierden mando mientras que los nuevos territorios asumen competencias que no se asimilan a la estructura tradicional de municipios o departamentos”, dice bajo reserva un abogado experto en tierras consultado por este diario.
La precisión técnica también es un polvorín, pues existe un riesgo inminente de que los mapas trazados por la ANT no coincidan con el uso tradicional del suelo o con los planos oficiales que manejan los municipios.
Esta “guerra de mapas” podría desencadenar disputas diarias por el acceso al agua o el control de los pastos, dejando a la justicia en un laberinto de linderos donde la cartografía del IGAC choca frontalmente con la realidad vivida en el territorio.
El pequeño productor local, relata otra fuente, queda en una suerte de orfandad institucional, enfrentando dificultades para pedir créditos o asistencia técnica al romperse el vínculo directo con la Alcaldía y pasar a un trato directo con el Gobierno.
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