El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, denunció este martes la falta de colaboración de la Fiscalía General, que, al parecer, solamente habría entregado doce audios del proceso que se surte contra el excombatiente de las Farc Jesús Santrich por el presunto envío de droga a territorio extranjero.
“La Fiscalía falló en sus deberes de colaboración con la JEP y con la Sección de Revisión”, dijo Cifuentes. Según el magistrado, durante el proceso de trámite de la solicitud de no extradición de Santrich la Sección de Revisión hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin de obtener suficientes pruebas para tomar una decisión.
Sin embargo, según indicó, estos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria. En primera medida, el fiscal general de la época entregó de manera informal una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía audios investigativos en contra de Marlon Marín Marín, sobrino del también exjefe guerrillero, ‘Iván Márquez’, pero no de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como ‘Jesús Santrich’.
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No obstante, aunque no existió mayor información de Santrich, en septiembre de 2018 el tribunal de paz le pidió a la Fiscalía que remitiera el expediente completo del trámite de extradición de Hernández Solarte, incluyendo la documentación y las pruebas que estuvieran en su poder.
La puja en este proceso se registró nuevamente por un artículo del diario El Espectador, en el que relata que existen más de 20.000 audios en la etapa de investigación en contra del hoy excombatiente prófugo de la justicia.
Cifuentes, por su parte, recordó que se han difundido varios videos, sin audio, que fueron suministrados por la misma Fiscalía. Sin embargo, estos no fueron remitidos a la Sección de Revisión, argumentando que “los expedientes de extradición no contienen pruebas, sino que estas las tiene el país requirente”.
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Asimismo, la Sección de Revisión requirió a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía la copia de la solicitud de asistencia judicial elevada por Estados Unidos dentro de la investigación desarrollada contra el antiguo jefe de las FARC. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, se entregaron documentos correspondientes a una investigación distinta.
Por último, la Sección de Revisión de la JEP optó por solicitar asistencia judicial al gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de obtener el registro videográfico de las reuniones, pero esto fue negado.
Por lo tanto, para el magistrado es claro cómo desde un principio la JEP le pidió pruebas a la Fiscalía, que tenía la obligación de brindar esa cooperación. Destacó que “en el ámbito de las relaciones entre la JEP y las autoridades del estado, en particular la Fiscalía debe reinar la colaboración, la lealtad y la transparencia, esa colaboración, lealtad y transparencia es para con las víctimas del proceso, son las víctimas de estos delitos que investiga y juzga la gente que requieren y demandan verdad y reparación”.
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