Luego de sostener una reunión con las principales autoridades regionales y locales de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, pidió al Gobierno Nacional realizar una intervención urgente en ambas regiones, específicamente las poblaciones de Bajo San Juan y Bajo Calima, el Medio San Juan, Baudó, la costa Pacífica, el Bajo y Alto Atrato y el Darién en Chocó y el municipio de Buenaventura.
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A parte de los problemas en salud, suministro de agua potable, educación, generación de ingresos y comunicaciones, a la Defensoría del Pueblo le preocupa especialmente la seguridad en esas dos regiones del país.
Según Negret, “a pesar de los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad en las zonas rurales, se observa la expansión y disputa de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) por el control territorial y poblacional, el manejo de las economías ilícitas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”.
Para el ministerio público, esta situación “ha causado un impacto humanitario que se evidencia en las afectaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad, a causa de amenazas, homicidios, masacres y secuestros, desplazamientos masivos y confinamiento de comunidades; al igual que las graves afectaciones socio-ambientales causadas por la minería ilegal y los cultivos ilícitos”, y por esa razón se hizo el llamado al Gobierno para una intervención “prioritaria y urgente”, para que se logre atender de manera integral y efectiva a la población.
