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“La JEP no puede ser objeto de interferencias del debate electoral”
El presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, dice que las decisiones de esta jurisdicción no son políticas.
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Eduardo Cifuentes Muñoz llegó a la presidencia de la JEP en noviembre de 2020. Es abogado y docente. FOTO Colprensa
16 de julio de 2021
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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, asegura que las decisiones que se toman en esta instancia, nacida del proceso de paz con las extintas Farc, no responden a ninguna coyuntura electoral, ya que “el ámbito de la justicia no es el ámbito de la política”.
Esta es su respuesta tácita a las críticas que le han lanzado a esta jurisdicción desde sectores políticos como el que lidera el expresidente Álvaro Uribe –jefe máximo del Centro Democrático–, quien dijo en una entrevista, en febrero pasado, que “la JEP fue impuesta por las Farc”.
Si bien Cifuentes no contesta con nombre propio a esas críticas, sí es enfático en que su actuar está alejado “de la controversia democrática”. Además, en entrevista con EL COLOMBIANO, se refiere a la coyuntura del país derivada del paro nacional, que arrancó el 28 de abril y le manda un mensaje explícito a Colombia: “Terrible que la paz todavía sea un sueño”.
El magistrado Cifuentes, quien tienen un PhD en derecho, también dio detalles sobre los macrocasos de ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos y del relacionado con secuestros cometidos en el marco del conflicto armado. Además, se pronunció sobre el magnicidio de Álvaro Gómez y las épocas electorales que se avecinan.
Cabe recordar que este jueves la JEP imputó a 15 miembros del Ejército por participar en ejecuciones extrajudiciales registradas en la Costa Caribe.
Hablando del auto sobre ‘falsos positivos’, ¿se pueden esperar pronunciamientos similares para Antioquia? La JEP anunció que serían por lo menos otros seis autos de ese mismo caso, ¿en qué regiones son?
“Los otros subcasos, además del de Catatumbo, son los de Antioquia, Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta. La Sala los priorizó teniendo en cuenta el número de víctimas, la naturaleza de las mismas y las diferentes dinámicas que se presentaron.
La Sala trabaja para determinar cómo se dio el fenómeno, cómo se configuró la cadena de mando y cómo circularon las diferentes órdenes, de manera que fuera posible que en diferentes batallones del país se cometieran estos crímenes siguiendo presuntamente patrones similares. Una vez tengamos todos los autos, el país podrá conocer toda la dimensión del daño causado”.
En ese mismo caso de ejecuciones extrajudiciales, ¿qué pasará si los militares imputados no aceptan cargos? y ¿se han estudiado casos posteriores a 2010?
“La Sala estudia todo el fenómeno. Inicialmente, se priorizan los periodos en los cuales se registró el mayor número de bajas, pero es preciso recordar que la competencia de la JEP es para todos los crímenes cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, por lo que los casos posteriores a 2010 serán objeto de análisis.
La JEP es un tribunal de justicia transicional que sin perjuicio de sancionar también otorga beneficios a cambio del aporte en verdad y del reconocimiento de responsabilidad. Ahora ellos tienen un plazo para expresar si reconocen o no responsabilidad.
Si deciden hacerlo, pueden acceder a las sanciones restaurativas que el sistema prevé, pero si deciden no hacerlo, irán por la vía del procedimiento adversarial y en este, si son vencidos en juicio, pueden recibir penas privativas de la libertad de hasta 20 años”.
¿Qué va a pasar con los terceros civiles que han participado en esos crímenes de guerra?
“En el caso de Catatumbo se ha imputado a uno de ellos, por lo que se somete a las mismas consecuencias y condiciones que las otras personas imputadas. Sobre este punto es preciso destacar que la Sala muestra la forma en que operaba el grupo criminal que se insertó dentro del BISAN y de la Brigada 15 y seleccionó a las personas que tenían la máxima responsabilidad en la comisión de estos crímenes”.
¿Cómo avanza el caso 001 sobre secuestros de las Farc?, ¿en qué va el proceso y qué detalles hay sobre ese crimen?
“En este caso se dio un término para las observaciones de las víctimas, del Ministerio Público y de los propios comparecientes.
Este plazo ya se venció y la Sala está analizando y dando respuesta a esas observaciones. Esto significa que, según lo previsto, en el mes de septiembre tendremos la audiencia de reconocimiento, con lo que se podría dictar la Resolución de Conclusiones que se remitiría al Tribunal para la Paz, para que la analice y dicte la sentencia correspondiente.
En este caso, se inició con la imputación al secretariado (de las extintas Farc-Ep)”.
¿Hay avances en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado?
“Se están verificando las diferentes hipótesis que han surgido dentro del trámite de aportes tempranos a la verdad. En estas semanas se harán entrevistas, por parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a ex miembros de las Farc-Ep para explorar nuevas vías. Esperamos que la Sala pueda adoptar una decisión pronta sobre su competencia en estos seis homicidios que han sido objeto de aportes a la verdad por los comparecientes”.
En un año electoral como el que se viene, ¿cree que se puede entorpecer la labor de la JEP y del Sistema Integral para la Paz?
“La JEP, y la justicia en general, no pueden ser objeto de interferencias propias del debate electoral. Esperamos que la ciudadanía en general entienda que la labor de la justicia, y de la justicia transicional en este caso, es la de establecer la verdad sobre crímenes que nos afectan como sociedad y que la única forma de alcanzar la paz con justicia es conocer la verdad.
La JEP y sus decisiones están más allá de la política electoral y de la controversia democrática: el ámbito de la justicia no es el ámbito de la política”.
¿Cómo ha sido la disposición de los exguerrilleros, militares y exmilitares en los procesos que se adelantan?
“En general, los comparecientes aportan a la verdad y al éxito del sistema. En algunos casos llegan a la JEP con una estrategia de defensa propia del sistema penal, y se niegan a aportar verdad y a reconocer responsabilidad. Ese es su derecho. Pero debemos recordar que si quieren acceder a los beneficios y a las sanciones restaurativas deben hacer aportes significativos de verdad y reconocimiento de responsabilidad”.
La JEP denunció que, en el contexto del paro nacional, antiguos desmovilizados de las AUC fueron contactados para unirse a nuevas organizaciones criminales. ¿Se ha seguido investigando ese y otros fenómenos presentes durante las manifestaciones?
“En 27 ciudades se identificaron acciones violentas de grupos civiles armados. Se estableció que hubo circulación de videos haciendo apología del paramilitarismo y llamando al asesinato de personas involucradas en el paro. Esto es grave, no solo por lo que representa en términos de ejercicio de los derechos, sino porque limita la participación de las víctimas en el sistema de justicia transicional. La UIA sigue trabajando en la tarea de identificar esos obstáculos al cumplimiento de nuestros objetivos y las mejores formas de superarlos”.
Bajo ese contexto, ¿cree que Colombia retrocedió en su camino hacia la paz por el resurgimiento de prácticas de violencia y represión? “Es un hecho innegable que estamos en un momento de crisis, que pone en riesgo no solo el cumplimiento del Acuerdo de Paz, sino la estabilidad de la democracia en Colombia.
Estamos en un momento en el cual el gobierno debe adoptar las decisiones más prudentes y sabias, si se me permite, porque de lo que haga hoy depende el futuro de nuestra existencia como Estado. En estos últimos años hemos logrado cosas que pensábamos que eran imposibles. Es nuestro deber defender esos logros y garantizar una existencia en paz para las futuras generaciones.
Terrible que eso que es tan necesario como el aíre, la paz, sea todavía un sueño en Colombia”
15
militares fueron imputados este jueves por falsos positivos en Cesar.
6
subregiones más conocerán detalles sobre el macrocaso 03, entre ellas Antioquia.
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