Colombia ha sido construida sobre relaciones basadas en el trato colonial y en un racismo estructural. Este es el principal hallazgo al que llegó la Comisión de la Verdad en el capítulo “Resistir no es aguantar- Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia” de su Informe Final, que salió a la luz este 2 de agosto y que cuenta con una extensión de 663 páginas.
Este capítulo se construyó sobre 3.849 entrevistas con pueblos étnicos: 1.693 con población indígena; 2.105 con el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, y 51 con población Rrom.
La Comisión también halló que los diferentes modelos que existieron durante la construcción de la República de Colombia “prolongaron el trato colonial y el racismo institucional, y reprodujeron múltiples formas de violencia y exclusión que hoy perviven”.
En este mismo sentido la Comisión de la Verdad explica que la forma como el Estado establece relaciones con los territorios y los pueblos étnicos ha propiciado ambientes para la consolidación y degradación del conflicto armado. Lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en el incumplimiento de leyes que reconocen derechos, en la expedición de legislación que va en contra de su integridad cultural y territorial, en los incumplimientos de la política de reparación a víctimas de pueblos étnicos y de restitución de sus derechos territoriales y en la impunidad, entre otros factores.
Además, y bajo esta misma línea, la Comisión también dice que “todos los grupos armados cometieron violaciones de derechos individuales y colectivos de los pueblos étnicos, y produjeron con su accionar afectaciones sobre los territorios y la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y la libre circulación por el territorio nacional”.
Dentro de este capítulo, la Comisión también explica que las guerrillas incorporaron patrones racistas a sus formas de hacer presencia en los territorios de los pueblos étnicos, al no entender ni respetar sus cosmovisiones o usar sus territorios como escenarios de disputa militar y control de las economías de la guerra.
En cuanto a los grupos paramilitares la Comisión dice que estos asumieron el enfoque de ‘guerra de contrainsurgencia’ que en ocasiones fue promovido por el propio Estado colombiano “y, en consecuencia, consideraron que los territorios de las comunidades étnicas debían ser sometidos a dos dinámicas complementarias y simultáneas: debilitar y sacar a la guerrilla de los territorios, involucrando a los pueblos étnicos por considerarlos su base social, y establecer el control total de las economías ilegales como el narcotráfico, los aprovechamientos forestales y el contrabando de petróleo, y de las economías legales como la agroindustria y el extractivismo”.
Por último, la Comisión dice que hay responsabilidad de algunos agentes del Estado al actuar en connivencia o complicidad con grupos paramilitares y actores económicos involucrados en la promoción del despojo de tierras y del desplazamiento de pueblos étnicos de sus territorios y por la omisión de sus deberes como garante de la seguridad y protección de estos pueblos.
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