Tras el asesinato de Alexánder Parra, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Mesetas (Meta), una delegación del Gobierno Nacional visitó el lugar, por instrucción del presidente Iván Duque, y tomó decisiones para mejorar las condiciones de seguridad de los excombatientes.
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La primera es más personas al servicio de la seguridad del ETCR: “La Policía Nacional ha designado un oficial en el grado de capitán para fortalecer la protección del antiguo ETCR; la Fiscalía General de la Nación designó dos fiscales como apoyo del cuerpo técnico; el cuerpo élite de la Policía dispuso de un grupo de seis investigadores para apoyar el esclarecimiento de este hecho; el Ejército Nacional y la Policía implementaron ya una burbuja coordinada de inteligencia para detectar y afectar las disidencias de Calarca, Romaña y el Sarco, así como, para resolver este caso en particular. La UNP ya tenía en Mesetas dos esquemas colectivos con vehículos blindados y convencionales, 5 hombres y una femenina. Ahora para la señora Luz Marina, esposa de quien falleció se dispuso esquema de protección”, explicó Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Además, Archila afirmó que se adelanta una minuciosa revisión de seguridad de todos los antiguos ETCR donde viven los excombatientes, especialmente el de Mesetas. Fue enfático en afirmar que el gobierno del presidente Iván Duque no escatimará acciones para la protección de excombatientes y candidatos. Y que en todo este trabajo, la protección y seguridad de los niños es prioritaria.
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Durante un consejo de seguridad, liderado por el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, se ofrecieron además $50 millones como recompensa a quien ofrezca información que permita dar con la captura del homicida.
“Se pusieron a disposición de los entes de investigación y de las autoridades locales todos los medios con los que cuenta la fuerza pública en la región para adelantar la investigación y se mantendrá la presencia de un cuerpo élite especial de policía judicial hasta que se esclarezca el crimen. Se ha cumplido a cabalidad con el esquema de protección de los ETCR. Esto ha evitado que se concreten amenazas de ataques grupales. Luego de lo ocurrido, se estudian medidas para evitar nuevos actos de sicariato, cometidos por personas individuales”, dijo Botero.