El Gobierno Nacional suspendió las operaciones militares y policiales contra la organización criminal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), con miras a facilitar el tránsito de sus integrantes hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo.
La decisión fue comunicada mediante un decreto fechado el 13 de junio de 2026, el cual lleva la firma del presidente de la República, Gustavo Petro.
Hay que recordar que la CNEB es una disidencia de la Segunda Marquetalia, la organización heredera de las antiguas Farc que comanda Luciano Marín (“Iván Márquez”) desde Venezuela. La fractura se produjo en noviembre de 2024, y desde entonces el Gobierno continuó las conversaciones de paz con este grupo por separado.
La estructura se compone de dos agrupaciones criminales: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que delinque en Nariño, Cauca y Valle; y los Comandos de Frontera, que operan en Putumayo, Caquetá y Amazonas. Su jefe negociador es José Vicente Lesmes (“Wálter Mendoza”).
Según el decreto 0603 de 2026, quienes se desplazarán hacia la ZUT inicialmente son los combatientes de los Comandos de Frontera, en un movimiento que comenzó durante el fin de semana, al amanecer del 14 de junio, y se prolongará hasta la medianoche del 19 del mismo mes.
El Gobierno indicó que “con el fin de proteger la vida e integridad de quienes participan en la implementación de la ZUT, la información relativa a las rutas de desplazamiento y a los lugares de ubicación de los integrantes de los Comandos de Frontera tendrá carácter reservado”.
Tal cual había dicho semanas atrás Armando Novoa, el jefe negociador de la Casa de Nariño con la CNEB, la ZUT se localiza en el área rural del municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo, y allá se desplazará inicialmente un contingente de 100 integrantes, de los cerca de 1.800 con los que cuenta la estructura ilegal.
Para hacer un seguimiento de este proceso, se constituirá un puesto de mando unificado, bajo la dirección de la Gobernación de Putumayo, según el decreto.
Entre las normas conocidas hasta ahora, están que en las ZUT no habrá despeje militar (como en la antigua zona de despeje de El Caguán), que los combatientes no portarán armas ni uniforme camuflado y que no habrá extraditables, lo que excluye al líder de los Comandos de Frontera, Geovany Andrés Rojas (“Araña”).
La vigencia de la ZUT será de 10 meses prorrogables, según la decisión del próximo gobierno, que evaluará a su turno los resultados de la implementación
La suspensión de las operaciones militares ha provocado el rechazo de varios sectores, que no solo cuestionaron sus alcances, sino el hecho de que una medida así se implemente en plenas elecciones presidenciales.
La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) expresó su preocupación por el decreto mediante un mensaje en la red social X.
“Las ciudades capitales enfrentan de manera directa las consecuencias de la violencia, el narcotráfico, la extorsión, el desplazamiento y el reclutamiento. Por ello, consideramos indispensable que las decisiones que afectan su seguridad territorial cuenten con criterios claros, mecanismos de verificación efectivos y articulación con los gobiernos locales”, señaló la entidad.
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Y concluyó que “la construcción de paz requiere legitimidad, confianza institucional y garantías para los ciudadanos”.
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