Eran las 9 de la noche del sábado anterior cuando a EL COLOMBIANO empezaron a llegar las primeras imágenes de la toma más grave de una cárcel que ha ocurrido en Haití. Los 17 colombianos, que llevan dos años esperando un juicio en su contra tras el asesinato al presidente Jovenel Moise, creyeron que su historia en un país sin posibilidades de justicia iba a terminar de la peor forma: masacrados en una celda por la policía haitiana o por los integrantes de una de las bandas más temidas de la isla a cargo del pandillero Jimmy Cherizier, alias Barbecue.
Las opciones eran limitadas, pero, luego de pensar el mejor camino, decidieron quedarse dentro de la prisión porque intuyeron que si salían iban a perder más fácil la vida. Las autoridades calculan que alrededor de 3.000 presos se fugaron luego de que la seguridad de la cárcel fue completamente vulnerada. Los 17 colombianos permanecieron inmóviles, incluso aún en la mañana del domingo cuando ya se había calmado el fuego pero la puerta del portón de la cárcel estaba abierta de par en par. Hasta allí llegaron los periodistas haitianos que no podían creer que los colombianos acusados de asesinar a un presidente en su habitación, estuvieran todavía dentro de la celda en la que sobreviven sin agua potable ni alimentos en buen estado.
“Soy Manuel Antonio Grosso, me encuentro en la prisión de Puerto Príncipe. Hubo un amotinamiento y se escuchan muchos disparos, solicitamos ayuda al Gobierno, alguna entidad, porque nosotros no nos hemos salido de aquí. Seguimos en el bloque en donde nos han concentrado pero la situación es muy preocupante. Pedimos ayuda al gobierno colombiano o alguna organización porque todo es muy crítico”, dijo el soldado Grosso en una serie de audios que conoció en exclusiva este diario. Se trata del mismo Antonio Grosso que fue comando del Ejército durante 20 años en las fuerzas especiales. Era experto en combate contraguerrilla, fue entrenado también en Estados Unidos y participó en operaciones importantes contra el narcotráfico y grupos terroristas, según dijeron fuentes militares.
Conforme pasaban las horas, los disparos se hacían más continuos y más cercanos. El soldado Grosso empezó a perder la calma en su voz en los audios de Whatsapp. “En estos momentos están disparando, hay disparos por todos lados. Solicitamos ayuda para que la Cruz Roja o cualquier organización de Derechos Humanos pueda acercarse aquí. No dejan de disparar, no sabemos cuántos muertos haya”, decía en el audio.
La última información en poder de este diario da cuenta de que en la tarde de este lunes hubo otro intento de una toma crítica por parte de los pandilleros para bloquear el aeropuerto, justo en donde se encuentran los colombianos tras ser trasladados a un Centro de Detención de la Policía por los sucesos de la cárcel de Puerto Príncipe. “Ahora sí están totalmente incomunicados y no sabemos nada. La vía está cerrada y nadie ha podido ir a verlos”, dijo una familiar que teme que no vuelva a saber nunca de ellos por la difícil situación de orden público en la isla.
Conforme avanzaba la noche del sábado los videos y la comunicación con sus familiares fue más intensa. Con los tres celulares que lograron hacerse en la cárcel en los últimos meses, los colombianos enviaron todo tipo de alertas para pedir auxilio y despedirse de sus madres e hijos. “Queremos hacer saber que los 17 estamos aquí y estamos vivos. Nos sabemos qué pueda pasar porque están diciendo que la Policía está entrando a las celdas y disparan indiscriminadamente”, señaló otro de ellos. Otro le dijo a su pareja que no tenían razones para irse por que “somos inocentes y aquí nos vamos a quedar, pero necesitamos ayuda urgente. Tenemos miedo”, explicaba.
Los 17 insistieron en que son inocentes. La abogada del grupo de exsoldados, Sondra Macollins, dijo que ninguno de ellos es responsable del asesinato a Moise, manteniendo la versión de la defensa de que fue una trampa con la que han buscado inculparlos. “El jefe de seguridad del presidente, Dimitri Herard, fue asesinado en esta toma y aquí todavía hay muchas preguntas sobre el papel de la primera dama a quien acusaron recientemente. Ellos fueron víctimas de una trampa, porque su trabajo era proteger a uno de los políticos más importantes de la isla, no asesinar a nadie”, explicó en conversación con La FM.
En los últimos días, el exmilitar Mario Palacios -que había logrado escapar a Haití, capturado en Jamaica y entregado a Estados Unidos- fue condenado a cadena perpetua en los cargos de conspiración por el asesinato al presidente, pero no por el hecho mismo. Esa misma suerte corrió el excapitán de la Policía, Germán Rivera, uno de los hombres detrás de la organización del viaje. Rivera se declaró culpable en septiembre pasado. Y junto a los dos colombianos también fue condenado el exsenador haitiano John Joel Joseph por el mismo cargo de conspiración.
Las versiones son contradictorias. Aunque en un principio se presumía que a los colombianos los habían contratado para proteger un proyecto de infraestructura energética, luego se supo que también estaban dándole servicios de seguridad al médico y político de la isla, Emanuel Sanon, que era el principal opositor al presidente. También se encontró un documento que este diario tiene en su poder en el que varios líderes de Haití planeaban un golpe a Moise y acordaban un “periodo de transición” para llamar a elecciones. En ese lapsus el médico sería presidente.
Finalmente, la noche del 21 de julio, a varios de ellos los llamaron de la casa en la que se encontraban protegiendo a Sanon para una misión especial. Se trataba, según dijeron en su momento, de capturar al presidente Moise porque tenían una orden de arresto oficial. Fueron transportados por la propia Policía de Haití hasta la residencia de Moise; también les dieron armas y en una confusión de disparos y de enfrentamientos con fuego, el presidente finalmente fue asesinado. Aunque hubo cámaras de seguridad que grabaron a un grupo de personas uniformadas llegando a la casa del presidente, aún no hay evidencia concluyente de lo que pasó dentro de su vivienda.
La Cancillería publicó varios comunicados alertando por las condiciones de los colombianos pero no es clara si situación real tras los últimos hechos en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Llevan más de dos años en una situación precaria sin haber sido condenados, y sus familias y su equipo de defensa aseguran que son inocentes.
