Esta medida sigue la línea de otros programas aplicados en el país, como el pago por erradicación en el Catatumbo.
Tensiones y secuestro de uniformados
El consejo de seguridad se llevó a cabo tras la retención de 28 policías y un mayor del ejército en El Plateado, ocurrida el 6 de marzo. Durante el incidente, civiles atacaron a la Fuerza Pública y quemaron dos tanquetas. Aunque la Defensoría del Pueblo intervino en las negociaciones, la liberación de los uniformados se vio obstaculizada por el homicidio de una persona en la noche del viernes 7 de marzo.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, advirtió que la situación pasó de “un secuestro simple a un secuestro extorsivo” y acusó a las disidencias de las FARC, específicamente al grupo Carlos Patiño, de estar detrás de los hechos. Según Sánchez, los disidentes han presionado a la población para retener a los uniformados con el fin de expulsar a las tropas y reactivar el tráfico de drogas.
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Sustitución voluntaria en lugar de erradicación forzada
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reafirmó que “no va a haber erradicación forzada en el Cañón del Micay” y que el Gobierno optará por la compra de cultivos de coca, incluyendo la eliminación de la planta con raíz, pero de manera voluntaria. Asimismo, acusó a los grupos armados de difundir información falsa sobre una supuesta erradicación forzosa.
Por su parte, el ministro de Defensa enfatizó que las Fuerzas Armadas seguirán protegiendo a los campesinos y garantizando su seguridad, mientras que se tomarán medidas contundentes contra los cristalizaderos y estructuras criminales que contaminan los ríos y afectan la estabilidad de la región.
Posible uso de la fuerza para liberar a los secuestrados
