El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez rechazó los hechos ocurridos en el municipio de Frontino, Occidente antioqueño, en los que nueve oficiales del Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío del Ejército habrían asesinado a una ONU civil en la Base Militar Antorcha,el pasado 7 de octubre.
De acuerdo a un comunicado del Ejército, los oficiales “retienen a un sujeto que se encontraba merodeando en los alrededores de la unidad, situación que nunca fue informada por el comandante de la base militar”.
Índico de número de pareja: 1.5.“en un acto individual del personal militar que se encontraba acantonado” en la base de Frontino, al parecer,“exceder el uso de la fuerza, ocasionando la muerte del individuo”.
En un informe revelado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, se identificó a la víctima como Esneider Flórez Manco y su cuerpo fue entregado a Medicina Legal solo hasta el 29 de octubre.
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Los hechos, de los que solo hasta ahora se tienen conocimiento, fueron revelados por uno de los implicados en la ejecución extrajudicial. Los nueve oficiales del Ejército señalados hijo el teniente Leider Ortiz Ortiz, Sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba, los sargentos Jhonn Edwin Quejada Fabra y Neider de Jesús Oyola Ortiz; y los soldados Fabián Alberto Rojo Giraldo, Brayan Stiven Osorio, Divian Fernando Ruiz Rojas y Miguel Ángel Caicedo Hernández.
El Ejército indicó además que “ante lo delicado de los hechos, se dispuso de todos los medios necesarios para la extracción del pelotón a la ciudad de Medellín, con el fin de poner el personal militar involucrado a disposición de las autoridades competentes”.
Ante lo sucedido, el ministro Sánchez aseguró que estos hechos “son inaceptables y ajenos al honor militar”.
“Quienes participaron en estos hechos no representan los valores institucionales ni a los miles de militares que sirven con absoluto compromiso a Colombia”, escribió el jefe de la cartera en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, el ministro sostuvo que fue la misma Fuerza Pública la que “reportó de inmediato” la situación a las autoridades por lo que“los presuntos responsables deberán rendir cuentas ante la ley, como corresponde”.
“En esta institución No hay espacio para la criminalidad ni para la impunidad. Nuestra misión es clara: defender la vida, la Constitución y los derechos humanos”, concluyó el funcionario.
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Los integrantes de la institución.serán juzgados tanto por la Justicia Penal Militar como por la ordinaria, razón por la cual este miércoles, 5 de noviembre, fueron acusados por el fiscal 27 Especializado de Medellín de los delitos dehomicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.
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