El ministro Daniel Rojas Medellín advirtió que, si no se aprueba la Ley de Financiamiento en el Congreso, habrá “preocupaciones presupuestales tanto para universidades públicas como para créditos del Icetex”.
Persiste la controversia en el país por el futuro del giro para los créditos educativos y el presupuesto del próximo año del Ministerio de Educación. En medio de la crisis, este lunes se pronunció el ministro del ramo, Daniel Rojas Medellín, quien confirmó que, con miras a 2025, se requieren $6,5 billones para garantizar el normal desarrollo de la educación superior.
Sin embargo, el funcionario aseguró que la pelota ahora está en la cancha del Ministerio de Hacienda, que “determina cuánto se aprueba”. Hasta ahora, según Rojas, “ya se han aprobado $4,6 billones”. Por ello, insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe la Ley de Financiamiento –que sigue generando resistencia en el Parlamento–, ideada para recaudar recursos por $12 billones para diferentes proyectos estratégicos.
“Si la ley de financiamiento no se aprueba, vamos a tener preocupaciones presupuestales tanto para las universidades públicas como para los créditos educativos del Icetex”, reconoció Rojas en una rueda de prensa este lunes.
No obstante, explicó que buscará reunirse nuevamente con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “para decirle que priorice la educación del país. El racionamiento de caja no debe afectar la educación”. Con todo, el ministro destacó que el Icetex tiene fuentes propias y que solo el 25 % son del Presupuesto General de la Nación.
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La génesis de la controversia fue el retraso en el giro de $432.000 millones para el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), correspondientes a la vigencia de 2024. Aunque inicialmente se habló de un recorte, días atrás el Ministerio aclaró que se trata de un retraso debido a la situación fiscal del país.
Lo cierto es que la demora en los giros ha afectado a miles de estudiantes que dependen de esos recursos para el pago de sus matrículas. Por ello, Rojas se comprometió a solicitar ante el Ministerio de Hacienda “el giro pronto” de estos recursos, pero también le pidió a las universidades privadas a ajustar sus calendarios académicos ante las demoras.
“Queremos decirle a las universidades privadas que nos ayuden y que juntas y juntos les demos una respuesta sólida a los estudiantes, adaptando sus calendarios a esa reprogramación. El Gobierno ha honrado sus compromisos y lo seguirá haciendo”, precisó.
Además, dijo que “es mentira” que el Ministerio no ha solicitado los giros para el Icetex. “Se han hecho a tiempo y daré copia de los documentos con la solicitud”, agregó el ministro, quien previamente anunció que buscarán que la entidad se convierta en una banca de primer piso para que su fuente de recursos no sea el Presupuesto Nacional, sino el ahorro del público.
Por ello, desde ya se prepara un proyecto de ley para ser sometido a discusión en el Congreso. “Los grandes empresarios pueden demostrar su compromiso con la educación, ahorrando sus ganancias en el banco del saber. En el primer semestre del 2025 llevaremos el proyecto al Congreso”, manifestó.
En este contexto, Patricia Abadía, presidenta (e) del Icetex indicó que están tranquilos desde el punto de vista financiero en la medida en que tienen garantizado los recursos para el 2025 en relación con la renovación de las líneas no subsidiarias. “Venimos trabajando en un ejercicio de transformación de la entidad, entendiendo que lo que se busca desde este Gobierno es cambiar la lógica bancaria del Icetex y llevar el crédito educativo a un crédito mucho más social”.
La funcionaria agregó que el Icetex tiene garantizados recursos para renovaciones de más o menos 140.000 jóvenes. “También, más de 34.000 jóvenes se han beneficiado de la política de condonación”: Patricia Abadía, presidenta (e) de la entidad.
En medio de la controversia, este lunes también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el Icetex, como entidad crediticia, “debe ser banca de primer piso, con tasa de interés barata y con objetivos que tienen que ver con los estudios en el exterior, la investigación, los costos estudiantiles no cubiertos por el Estado que incluyen el primer crédito para el cooperativismo estudiantil productivo, antes y después de terminar grados”.
Según el primer mandatario, su Gobierno no piensa la universidad “como un negocio para capturadores de renta financiados con el erario”, sino una educación superior como un derecho universal del pueblo.
“La pertinencia de la educación es fundamental, e implica un fuerte arraigo con las necesidades locales de la sociedad, de ahí la territorialidad de la universidad, pero también el desarrollo de la ciencia básica para la aplicación en las nuevas tecnologías de frontera”, añadió.
