En un largo trino publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter), el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a la investigación de Noticias Caracol que reveló la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el funcionario, dispuso la información que requiera la Fiscalía General de la Nación para la investigación que “adelanta”, aunque esa entidad lleve, presuntamente, un año quieta con los archivos que advertían de esa situación.
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El ministro Sánchez aseguró que ordenó “adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública, en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia” y que no dudará “en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones”.
Además de señalar que “ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública”, fue enfático en señalar que la cartera a su cargo “no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector”.
“La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará, y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia”, dijo en referencia al vínculo del jefe de comando de personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, en el presunto entramado que mantenía una comunicación entre las entidades de inteligencia del Estado y las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.
Por otro lado, llamó “criminales” a los jefes de las disidencias de la guerrilla, ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’, y afirmó que tendrán que ser “perseguidos hasta llevarlos a la justicia” por tratarse de “individuos de alta peligrosidad que han sembrado violencia, reclutado menores y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en diversas regiones”.
Sin embargo, el informe de Noticias Caracol mostró que el grupo ilegal de ‘Calarcá’ y representantes del Gobierno —como el alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, y el general Huertas— hicieron un pacto de no agresión en el Catatumbo mientras montaban una organización de seguridad falsa con licencias de armamento y la documentación que necesitarían para contratar personal y comprar vehículos. Para lograr esto habrían revelado uno de los datos más secretos y preciados de la fuerza pública.
Sobre esto, Pedro Sánchez aseguró que si bien “alias ‘Calarcá’ tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir” y que “si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura”.
Aún así, los hechos mencionados por Noticias Caracol reseñaron que en julio de 2024 cuando una caravana con siete jefes de las disidencias de las Farc —custodiada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que luego fue detenida en un retén del Ejército en Anorí, Antioquia— fue detenida mientras transportaba armas, dinero y un menor de edad.
A pesar de esto, la fiscal Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de la mayoría de los capturados, entre los que se encontraban ‘Calarcá’, su compañera Érika y los jefes de frente alias ‘Ramiro’ y ‘Urías Perdón’. Para ello, se argumentó que eran gestores de paz y que “aún en situaciones de flagrancia no podían ser capturados”.
“Nuestros esfuerzos operacionales y de inteligencia no cesarán en la misión de proteger la vida y la integridad de la ciudadanía”, expuso el ministro.
Al final de su respuesta a la investigación de Noticias Caracol, Sánchez recordó que en “la línea gratuita nacional 157 contra la corrupción (...) la ciudadanía pueda denunciar, con absoluta reserva, este caso o cualquier otro hecho contrario a la ley” y reportar “actividades ilegales cometidas por funcionarios públicos o particulares”.
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