El proyecto busca designar jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a resolver los pleitos agrarios y rurales en el país.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó este lunes mensaje de urgencia para el trámite del proyecto que determina las competencias de la jurisdicción agraria y rural, que fija los procedimientos para que jueces y magistrados puedan resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país.
De acuerdo con Cristo, la radicación implica que las comisiones Primeras de Senado y Cámara estudien conjuntamente el proyecto, que determina los principios y reglas procedimentales que rigen las actuaciones de la jurisdicción agraria.
“Esta iniciativa es fundamental en el avance de la implementación del Acuerdo de Paz. Es un compromiso del Gobierno Nacional ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, explicó el ministro de la política, que destacó el buen ambiente y diálogo con distintos sectores para avanzar en la discusión.
El funcionario aseguró que el objetivo es que en 2025 varios municipios del país –particularmente los de las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)–, “tengan jueces agrarios que resuelvan los conflictos que hay por la tenencia y por la posición de la tierra”.
En agosto pasado, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó que este proyecto hace realidad una deuda histórica y que es necesario acercar la justicia al territorio. Por ello, señaló que la iniciativa va a unir el derecho a una justicia agraria con el derecho a la dignidad y a la vida digna de los campesinos, las etnias y los grupos vulnerables.
“Estamos dando herramientas judiciales. Aquí no va a haber una herramienta diferente. Implica tener acceso a la justicia e ir ante un juez que va a resolver el conflicto. Vamos a evitar los conflictos resueltos de manera violenta. El campesino va a generar un derecho directo en sus poblaciones a estos jueces para lograr obtener lo que por tantos años fue objeto de despojo de manera violenta”, explicó.
Buitrago advirtió que “de nada sirve” la ley estatutaria y la reforma agraria que ya aprobó el Congreso “si no hay una ley procesal que materialice esos derechos y haga fácil el camino para la materialización”.
