Anuncian nuevas medidas de protección a lideresas sociales

La Vicepresidencia aseguró que se ampliarán las medidas de protección a las mujeres. FOTO ARCHIVO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez envió una carta a la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, luego de que, a mediados de diciembre, esta instancia manifestara su preocupación por las amenazas que han recibido varias de sus integrantes.

Ramírez, a través de una carta enviada a Bibiana Peñaranda –secretaria Técnica de la Instancia–, aseguró la importancia que tienen las mujeres en la implementación del acuerdo de paz y, por tanto, la prioridad para protegerlas. En ese sentido, en la misiva anunció varias medidas.

“La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz es de gran relevancia para el país, y así lo ha reconocido el Gobierno Nacional”, indicó la vicepresidenta Ramírez.

En ese sentido, detalló que, desde que se conoció la preocupación de la Instancia, dialogó con Gheidy Gallo, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, para que “desarrollara con urgencia las acciones necesarias para diseñar con ustedes y las entidades de gobierno competentes un plan de trabajo que nos permita fortalecer las medidas de seguridad y garantías de participación”.

Por eso, los días 22 y 24 de diciembre se realizaron reuniones en las que participaron representantes de la Vicepresidencia, la Consejería para la Equidad de la Mujer, los ministerios del Interior y de Defensa, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía.

A partir de esto, se avanzó en la documentación de las situaciones y hechos sobrevinientes relacionados con las lideresas con mayores niveles de riesgo. También se solicitó la aplicación del Protocolo de Análisis del Nivel de Riesgo para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos para reevaluar el riesgo de las que ya tienen medidas de protección.

Otro punto fue el diálogo con las integrantes de la Instancia Especial para “conocer sus situaciones en particular, sus percepciones sobre los riesgos a los que están expuestas, así como para determinar requerimientos adicionales”. Algo similar también se acordó con la Fiscalía, que deberá recopilar información sobre agresiones y amenazas de las que han sido víctimas e iniciar procesos contra los responsables.

También “se estableció comunicación con el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa para la implementación de acciones preventivas por parte de la Fuerza Pública con las lideresas que hacen parte de la Instancia”. Así, se acordó la georreferanciación de las 5 lideresas con mayor nivel de riesgo.

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se puso a la tarea de contactar a las secretarías de Mujer en los departamentos en los que viven las integrantes de la Instancia para que puedan contar con el apoyo de la institucionalidad local.

“En los primeros días de 2021 seguiremos avanzando con el cumplimiento de estos y otros compromisos que hacen parte de la hoja de ruta acordada con ustedes, tal y como quedó recogido en la Ayuda de Memoria de la reunión del 24 de diciembre”, prometió la vicepresidenta Ramírez en su carta.

Las denuncias de la Instancia Especial

El 17 de diciembre pasado, la Instancia Especial hizo pública una carta de Bibiana Peñaranda en la que relata que “el incremento sistemático de amenazas, intimidaciones, asesinatos y desplazamientos por parte de grupos armados ilegales en varios territorios del país, sumado a la falta de garantías institucionales, constituyen un atentado al liderazgo social y político de las mujeres”.

La Instancia está conformada por 16 mujeres. De ellas, según la carta de Peñaranda, 5 han tenido que “suspender todas sus actividades, silenciar su palabra y desplazarse a otros lugares para proteger su vida y las de sus familias”. Y otras cinco han debido limitar su participación en proceso organizativos por las mismas razones.

“El 62,5 % de la Instancia Especial –10 compañeras– carecen de las condiciones básica de seguridad y protección para ejercer su liderazgo y cumplir a cabalidad el compromiso que significa el trabajo social y político de la Instancia Especial”, escribió Peñaranda.

Y continuó: “es inaudito y lamentable que las garantías para el ejercicio de la ciudadanía plena y el liderazgo de las mujeres se haya convertido en un canto a la bandera”. Por eso, solicitó que se cumplan sus garantías de seguridad.

“Es imposible que la construcción de paz en los territorios signifique amenazas, desplazamientos, confinamientos y/o asesinatos para las mujeres líderes, las organizaciones sociales y las comunidades indígenas, afros y campesinas. Reclamamos garantías para la vida, la paz y la participación social y política de las mujeres”, finalizó el comunicado.