La JEP nació tras el acuerdo de paz con las FARC; es el tribunal encargado de juzgar e investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, pero es además el único espacio donde las víctimas pueden contar sus tragedias, hablar de sus hijos asesinados y donde los responsables, sean integrantes de la Fuerza Pública o de la antigua guerrilla, reconocen sus delitos y entregan verdad.
Hoy, al interior de ese tribunal hay intranquilidad. Cuando aún era candidato, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, prometió eliminarlo al considerar que era un espacio donde solo había impunidad para la guerrilla.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, respondió sobre los riesgos que enfrenta la jurisdicción, los blindajes constitucionales e internacionales que la protegen y el impacto que tendría una eventual eliminación sobre las víctimas y la estabilidad del acuerdo de paz.
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¿Hoy sienten que hay riesgo real sobre el futuro de la JEP?
“Nosotros lo que esperamos es sostener un diálogo técnico, con argumentos, con cifras y con resultados, con el equipo que el señor presidente electo designe. Estamos prestos a establecer ese puente en un contexto de colaboración armónica entre las ramas del poder público”.
Para quienes no entienden el alcance jurídico, ¿realmente está en riesgo la JEP?
“La JEP tiene varios blindajes. Tiene un blindaje constitucional y un blindaje internacional. El blindaje constitucional son dos reformas a la Constitución, dos actos legislativos: uno creó el sistema integral y otro dispuso su estabilidad por tres periodos presidenciales. Ambas reformas fueron examinadas a fondo por la Corte Constitucional y tienen sentencias de constitucionalidad. Lo segundo es un blindaje internacional con la Corte Penal Internacional. Hay un acuerdo de 2021 suscrito entre la Fiscalía y el gobierno colombiano, donde el Estado se comprometió a no derogar, modificar o desfinanciar la JEP. En tercer lugar, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue realizando un monitoreo trimestral sobre el Acuerdo de Paz. Todo eso hace parte del blindaje de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Es decir, ¿el presidente electo no puede llegar el 7 de agosto y eliminarla?
¿Tendría entonces que pasar por una reforma constitucional?
“Sí, tendría que recorrer ese camino. Es un proceso de ocho debates en el Congreso y, además, seguramente vendrían demandas ante la Corte Constitucional por los mismos temas. Es un camino bastante dispendioso”.
¿Cómo reciben ustedes que durante campaña se hablara de la JEP como un “esperpento” o un espacio de impunidad?
“Son afirmaciones de un candidato en campaña. Confiamos en que, ya institucionalmente, en un diálogo sereno, tranquilo y basado en el respeto, podamos hablar no solamente de la JEP, sino del Acuerdo de Paz, de la verdad de las víctimas, de la seguridad jurídica de los comparecientes y del derecho a la verdad”.
¿Han buscado acercamientos con el presidente electo?
“Yo ya le formulé una invitación públicamente, en medios de comunicación”.
¿Cree que el presidente electo está mal informado sobre los resultados de la JEP?
“No sé qué tanta información tenga, pero estamos dispuestos a brindarle toda la información que requiera”.
¿A quién le conviene que la JEP desaparezca?
Entonces, ¿quién gana y quién pierde con la eliminación de la JEP?
“Gana el negacionismo. Pierden las víctimas.
¿Qué pierden las víctimas?
“Es un atentado muy grave contra sus derechos fundamentales. Se vulnera su derecho a la verdad, su derecho a la justicia y al restablecimiento de sus derechos. Las grandes perdedoras serían las víctimas”.
¿Cuántas víctimas tienen acreditadas hoy?
“Cerca de 15.000 víctimas individuales y 420 grupos étnicos o víctimas colectivas, que suman más de 300.000 personas. Estamos hablando de pueblos indígenas, mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados por las FARC, víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Todas esas verdades se han visibilizado y serían gravemente afectadas”.
¿Qué está en juego hoy?
“Está en riesgo la estabilidad de un Acuerdo de Paz, la desmovilización de las FARC y la seguridad jurídica. Más de 5.000 integrantes de la Fuerza Pública han sido beneficiados por la JEP. Esto no es un tema burocrático o de presupuesto; es la estabilidad de un acuerdo de paz”.
¿De cuánto es el presupuesto anual de la JEP?
“Cerca de 700.000 millones de pesos anuales. Ahí están los gastos de funcionamiento, pero gran parte está destinada a investigaciones, actividad judicial, defensa de comparecientes, equipos forenses y enlaces territoriales. Más allá de la nómina, son inversiones para garantizar que víctimas y comparecientes puedan acceder realmente a la justicia”.
¿Qué mensaje le enviaría al mundo una eventual eliminación de la JEP?
“Sería un mensaje de alerta. Significaría que el Estado colombiano incumplió un Acuerdo de Paz que ha sido modelo en el mundo. El modelo de justicia transicional y restaurativa de Colombia es estudiado internacionalmente. Sería una señal grave, porque gana el negacionismo, gana la impunidad y pierden las víctimas”.
¿Ya han recibido preocupación de víctimas o comparecientes?
“Sí, algunas víctimas y comparecientes ya han manifestado preocupación, con obvia razón”.
¿Y qué les dicen ustedes?
“Que confiamos en la sensatez. Confiamos en que Colombia no se equivoque”.
¿Han hablado con Juan Manuel Santos o Humberto de la Calle sobre la situación?
“No todavía. Pero me gustaría tomarme un café con ellos y conversar, como con muchos actores sociales. Me gustaría hablar con empresarios, iglesias y universidades. Este no es un tema de la JEP, es un tema del país”.
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