El día que decidieron grabarse todos juntos y dar la cara, para demostrarle su poderío y unidad interna a la opinión pública, los comandantes del cartel narcotraficante Clan del Golfo asumieron un riesgo a conciencia: convertirse en los objetivos de alto valor estratégico para la Fuerza Pública.
La situación cobró una particular relevancia el 11 de febrero de 2024, cuando el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, anunció el relanzamiento de la Operación Agamenón, la campaña militar y policial que entre 2015 y 2021 le mató a 147 integrantes y le capturó a otros 3.224.
La resurrección de Agamenón tuvo como aperitivo la incautación de 5,6 toneladas de cocaína en una caleta subterránea que la organización ilegal tenía en una finca de Necoclí, que podrían sumarse a las 403 toneladas decomisadas en su primer sexenio.
La grabación y publicación del video en redes sociales fue en dos etapas, el 20 y el 26 de marzo de 2023. La diferencia fue que en el primero no apareció el máximo jefe Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”) y, ante los rumores de que había divisiones internas o que estaba muerto, apareció en la nueva versión insertado por una burda edición, como si fuera un holograma de las películas viejas.
Más allá de los discursos que criticaban el congelamiento de los acercamientos de paz de parte del Gobierno Nacional, lo que llamó la atención fue la presencia de dos personajes que hasta ese momento nadie sabía que hacían parte del estado mayor, es decir, de la cúpula del Clan.
En la imagen posaron con traje militar y armas de fuego, los viejos conocidos que la justicia no ha podido capturar: el citado “Chiquito Malo”, José Gonzalo Sánchez Sánchez (“Gonzalito”), Orozman Orlando Ostén Blanco (“Rodrigo Flechas”) y José Miguel Demoya Hernández (“Chirimoya”).
Con ellos mojaron cámara Elkin Casarrubia Posada (“el Cura” o “Joaquín”) y Luis Armando Pérez Castañeda (“Bruno” o “Jerónimo”). ¿Quiénes son estos delincuentes y qué papel juegan en esa estructura armada?
Los nuevos blancos
Casarrubia es desmovilizado de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL, 1996) y del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, 2004). Con esas organizaciones delinquió dos décadas en Urabá, Valle, Cauca y Quindío.
Como jefe militar del bloque Calima, participó en las masacres de Caño Jabón, en Mapiripán (Meta), donde murieron 18 personas (1998); en la de Puerto Alvira (Meta), que dejó 20 muertos (1998); en la de Barragán, en Tuluá (Valle), donde perecieron doce más (2000); y la de El Naya, en Cauca, en la que murieron 50 lugareños (2001), entre otras atrocidades documentadas por la Fiscalía.
Se postuló a la ley de Justicia y Paz, confesó sus crímenes y recibió la pena alternativa de ocho años de cárcel. Al terminar la sentencia se acogió a los programas de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Por solicitud de esa misma entidad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema de seguridad con vehículo blindado y escoltas el 23 de marzo de 2021, pues supuestamente estaba amenazado de muerte.
Nadie sabía en ese momento que “el Cura” era un importante alfil dentro del Clan del Golfo. Ni siquiera sospechaban sus guardaespaldas, a pesar de que se les perdía de dos a tres días en el monte, advirtiéndoles que no podían acompañarlo porque había sitios muy peligrosos para ellos.
La farsa se destapó cuando apareció en el famoso video. Según un informe de inteligencia conocido por EL COLOMBIANO, Casarrubia es el comandante del bloque Jairo de Jesús Durango, al frente de 570 hombres que delinquen en la Costa Pacífica, y al mismo tiempo el N°4 en la línea de jefatura del Clan.
En cuanto a Luis Armando Pérez Castañeda (“Bruno” o “Jerónimo”), su función es ser el cabecilla político del cartel, encargado del adoctrinamiento de los mandos medios y las tropas. Fuentes policiales señalan que, supuestamente, también coordina los contactos con miembros de la clase política y empresarial del país.
Funge como vocero de “Chiquito Malo” cuando este no participa de las reuniones clandestinas y el último encargo que tuvo fue el de liderar los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.
El primer obstáculo para concretar ese proceso fue que la Fiscalía se negó a suspender las órdenes de captura en su contra y de los demás integrantes del estado mayor, a pesar de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) los presentó como gestores de paz.
Luego los acercamientos se congelaron con el paro armado de marzo de 2023 en el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, cuando el Clan presionó a los mineros y a la población civil para bloquear las vías y el comercio.
“Bruno” sigue con el plan de no dejar morir los contactos con la Oacp, sobre todo ahora que el Estado revivió la Operación Agamenón. Tener el plan B de la “paz total” podría blindarlos en algún momento, como ocurre con el Estado Mayor Central de las Farc y el ELN.
Los sobrevivientes
“Chiquito Malo” es el principal sobreviviente de la primera fase de Agamenón. Los comandos policiales lo ubicaron el 21 de octubre de 2015 en una finca de la vereda Manuel Cuello, en el municipio de Turbo. Allí estaba reunido con Luis Padierna Peña (“Inglaterra”), otro cabecilla del grupo (hoy muerto).
El asalto a la finca fue violento. Los escoltas se sacrificaron para que los patrones escaparan, y en el cruce de disparos tres murieron y otros cuatro fueron capturados. Entre los fallecidos estuvo un lugarteniente que apreciaba bastante, “el Mello”.
Nació en San Pedro de Urabá hace 46 años y se desmovilizó del bloque Bananeros de las AUC en 2004. A diferencia de “el Cura”, no se postuló a los beneficios de la ley de Justicia y Paz, sino que siguió delinquiendo como narcotraficante en la subregión de Urabá.
La muerte y captura de las personas que estaban por encima de él en la cadena de sucesión (“Otoniel”, “Gavilán”, “Marihuano”, “Indio Aristides” y “Nicolás”) facilitó su coronación en la jerarquía en 2023.
El gobierno de EE.UU. pidió su extradición en 2018, por cargos de narcotráfico transnacional, y sobre su cabeza cuelga una recompensa de hasta $5.000 millones de pesos por información que lleve a su captura.
Es el mismo dinero que ofrecen las autoridades por “Gonzalito”, el segundo al mando del cartel. Tiene 49 años y en 2004 se desmovilizó del bloque Catatumbo de las AUC, en Norte de Santander.
En la actualidad es el comandante del bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan, que delinque en Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre, con unos 1.050 combatientes.
Llegó al cartel por recomendación del antiguo jefe, Dairo Úsuga David (“Otoniel”), con quien se crió durante la infancia en Urabá, al punto de que se trataban como “primos”. Ahora que su amigo está pagando una pena de 45 años en Estados Unidos, es tal vez el único de su entera confianza que queda en la cúpula.
La lista de los objetivos estratégicos de Agamenón sigue con el tercero en la jerarquía, “Rodrigo Flechas”. Es reinsertado del bloque Centauros de las AUC (2005), que operó en los Llanos Orientales.
Su papel en el grupo, según la Policía, se relaciona con la administración de rutas de narcotráfico que salen desde la Costa Caribe, en especial por playas y puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.
Y con “Chirimoya”, el cabecilla señalado por el Gobierno de coordinar el paro minero del Nordeste y el Bajo Cauca que tumbó los acercamientos de paz el año pasado. Estuvo preso en 2011 y 2015, y en ambas ocasiones fue dejado en libertad por jueces que luego terminaron investigados por corrupción.
La Fiscalía le tiene expedientes por varios asesinatos, entre ellos el de Luis Gutiérrez Montes, gerente del hospital de Caucasia, acribillado el 13 de abril de 2021.
También estuvo al frente de la guerra contra “los Caparros”, una facción disidente del Clan en el Bajo Cauca. La disputa dejó cerca de 50 muertos entre 2017 y 2019.
Las órdenes de captura contra estos seis hombres ya circulan entre los agentes de Agamenón. ¿Seguirán desafiando al Estado o se aferrarán a la tabla de salvación de la “paz total”?
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ANEXO: TRES CABECILLAS CAÍDOS EN AJUSTES DE CUENTAS
Tres antiguos blancos estratégicos de la Operación Agamenón fueron asesinados recientemente, en aparentes ajustes internos y reacomodos de jerarquías en el Clan del Golfo. El primero en caer fue el segundo al mando, Wilmer Giraldo Quiroz (“Siopas”). Su cadáver torturado y abaleado fue encontrado el 19 de febrero de 2023, en una carretera que comunica a Uramita con Dabeiba, en Antioquia. Un destino similar padeció Ómar Noguera Camacho (“Boyaco”), otrora narcotraficante y financiador de la organización. Su cuerpo tiroteado fue abandonado en la vereda Los Leones, del municipio de Galeras (Sucre), el 24 de febrero de 2023. El último asesinado fue Arley Úsuga Torres (“Cero Siete”), el pasado 19 de octubre en la vereda Cascajo, en el municipio de Astrea (Cesar). Fue uno de los principales narcos del grupo.
