viernes
7 y 9
7 y 9
¿Corrupción en Unidad de Tierras?: investigan a exfuncionario que habría pedido coimas a cambio de contratos
Exfuncionario que actualmente hacía parte de la Escuela Superior de Administración Pública es señalado de cobrarle cuotas de $250.000 a sus subalternos. Fiscalía y Procuraduría investigan.
-
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, fue el encargado de denunciar ante la Fiscalía los presuntos hechos de corrupción de Luis Miguel Ávila, exfuncionario de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. FOTO: CORTESÍA
04 de febrero de 2023
bookmark
La denuncia por un presunto caso de corrupción en el interior de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras (UNRT) salió directamente desde la Casa de Nariño y provocó la renuncia del principal implicado, un exfuncionario de esa entidad que actualmente ocupaba un alto cargo y que fue señalado de cobrarle una parte de los salarios a sus subalternos para mantenerles los contratos.
Se trata de Luis Miguel Ávila Colorado, un exfuncionario del gobierno de Iván Duque que hasta este viernes fue el director financiero de la Escuela Superior de Administración Pública.
El documento llegó a la oficina del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y fue enviado por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, quien aseguró que Ávila Colorado pedía coimas a cambio de contratos en la Unidad de Restitución de Tierras.
Según el escrito, que ahora está en poder del ente acusador, de la Unidad y de la Procuraduría General de la Nación, el entonces funcionario pedía hasta el 10 % de los sueldos a través de enviados especiales que presionaban a los trabajadores con los cobros.
Como pruebas, Idárraga dijo tener comprobantes de por lo menos “16 transacciones por $3.923.000” que aportaron dos denunciantes que eran contratistas de la Unidad cuando Luis Miguel Ávila trabajaba como asesor financiero y de planeación entre 2018 y 2022.
Otra prueba: cuotas de 250.000
Según uno de los testimonios que soporta la denuncia, el entonces contratista entró al grupo de trabajo al que pertenecía Ávila con la condición de darle una cuota del 10 % del valor del contrato.
Pero los presuntos hechos de corrupción no solo serían de cobros ilegales, sino que también implicarían supuestas contrataciones sin la experiencia requerida a cambio de seguir recibiendo coimas.
Tal como lo describió otro de los trabajadores de ese entonces, en octubre de 2021 le ofrecieron un trabajo como archivador pese a que no tenía los conocimientos técnicos ni la experiencia requerida para ese cargo.
“Llegando a firmar el día del contrato me aborda él mismo (la persona que le ofreció el empleo) y me dice que para trabajar teníamos que dar una suma de dinero a unas personas, entre esas personas estaba el señor Luis Miguel Ávila Colorado. Yo, con mi necesidad, dije que sí”.
Con ese mismo modus operandi, Ávila habría cobrado cuotas de hasta dos millones de pesos anuales que los trabajadores tenían que pagar en mensualidades de 250.000 pesos.
Por ahora, será los entes de control los encargados de investigar el caso y aplicar las sanciones correspondientes a las que haya lugar. Si es hallado culpable, Luis Miguel Ávila podría ser condenado a varios años de prisión y a una inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos.
Mientras ese proceso penal y disciplinario avanza, la Escuela Superior de Administración Pública informó este viernes que aceptó la renuncia del implicado y que “manifiesta su apoyo a las investigaciones de las instancias competentes y la necesidad de garantizar el debido proceso”
La denuncia por un presunto caso de corrupción en el interior de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras (UNRT) salió directamente desde la Casa de Nariño y provocó la renuncia del principal implicado, un exfuncionario de esa entidad que actualmente ocupaba un alto cargo y que fue señalado de cobrarle una parte de los salarios a sus subalternos para mantenerles los contratos.
Se trata de Luis Miguel Ávila Colorado, un exfuncionario del gobierno de Iván Duque que hasta este viernes fue el director financiero de la Escuela Superior de Administración Pública.
El documento llegó a la oficina del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y fue enviado por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, quien aseguró que Ávila Colorado pedía coimas a cambio de contratos en la Unidad de Restitución de Tierras.
Lea más: Lucha contra la corrupción en Colombia se estancó, alerta Transparencia Internacional
Según el escrito, que ahora está en poder del ente acusador, de la Unidad y de la Procuraduría General de la Nación, el entonces funcionario pedía hasta el 10 % de los sueldos a través de enviados especiales que presionaban a los trabajadores con los cobros.
Como pruebas, Idárraga dijo tener comprobantes de por lo menos “16 transacciones por $3.923.000” que aportaron dos denunciantes que eran contratistas de la Unidad cuando Luis Miguel Ávila trabajaba como asesor financiero y de planeación entre 2018 y 2022.
Otra prueba: cuotas de 250.000
Según uno de los testimonios que soporta la denuncia, el entonces contratista entró al grupo de trabajo al que pertenecía Ávila con la condición de darle una cuota del 10 % del valor del contrato.
Pero los presuntos hechos de corrupción no solo serían de cobros ilegales, sino que también implicarían supuestas contrataciones sin la experiencia requerida a cambio de seguir recibiendo coimas.
Tal como lo describió otro de los trabajadores de ese entonces, en octubre de 2021 le ofrecieron un trabajo como archivador pese a que no tenía los conocimientos técnicos ni la experiencia requerida para ese cargo.
“Llegando a firmar el día del contrato me aborda él mismo (la persona que le ofreció el empleo) y me dice que para trabajar teníamos que dar una suma de dinero a unas personas, entre esas personas estaba el señor Luis Miguel Ávila Colorado. Yo, con mi necesidad, dije que sí”.
Con ese mismo modus operandi, Ávila habría cobrado cuotas de hasta dos millones de pesos anuales que los trabajadores tenían que pagar en mensualidades de 250.000 pesos.
Por ahora, será los entes de control los encargados de investigar el caso y aplicar las sanciones correspondientes a las que haya lugar. Si es hallado culpable, Luis Miguel Ávila podría ser condenado a varios años de prisión y a una inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos.
Mientras ese proceso penal y disciplinario avanza, la Escuela Superior de Administración Pública informó este viernes que aceptó la renuncia del implicado y que “manifiesta su apoyo a las investigaciones de las instancias competentes y la necesidad de garantizar el debido proceso”.
El empleo que busca está a un clic
